BENIDORM. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha comparecido ante los medios de comunicación este lunes después de conocer la última sentencia sobre los terrenos de Serra Gelada que da la razón a los propietarios en su derecho a obtener una indemnización por el suelo sin posibilidad de desarrollar. Un fallo que da alas de nuevo a la sombra de la condena que pesa sobre el Ayuntamiento y que asciende a más de 283 millones de euros, más intereses.

El primer edil ha querido apelar a la prudencia para tomar este nuevo pronunciamiento que ha sido notificado de manera oficial este lunes en el Consistorio, por lo que se abre un plazo de 30 días naturales desde este martes para presentar recurso si así lo terminan de decidir. El popular insistió durante su intervención en la necesidad de trasladar "a la opinión pública" que son los servicios técnicos municipales, jurídicos y económicos -externos e internos- los que "van trazando el camino que debemos seguir". Así, pidió "mucha prudencia y mucha cautela" para dar tiempo a que analicen la sentencia, su contenido, su alcance, si se presenta recurso y "sus consecuencias, cuando las haya".

Como adelantó Plaza, la Sección Primera de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo nº 1 de Alicante que avalaba la nulidad del convenio urbanístico firmado en 2003 entre el Ayuntamiento de Benidorm y los propietarios del suelo tras un recurso de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL. 

Aunque ha sido notificada este lunes, lo cierto es que el Ayuntamiento fue conocedor del fallo el pasado viernes, momento en el que se optó por celebrar una junta de portavoces presidida por el alcalde en funciones, José Ramón González de Zárate, y ha sido trasladado en comisiones informativas de Régimen de Interior este lunes. 

"La convocatoria es para aplicar la transparencia máxima", ha dicho el alcalde en referencia a la rueda de prensa. Así, aseguró que este conflicto es una "circunstancia que siempre hemos dicho que es preocupante". Ante lo cual, dijo que estaban trabajando con "mucho sentido, funamentalmente, siguiente el criterio de los técnicos".

Con respecto al origen de este asunto, Pérez quiso desligarse del mismo señalando que se inició con el Plan General de 1963 y posteriormente de 1990 a lo que se añadió los convenios suscirtos en 2003, 2004, 2010 y 2013. De este modo, señaló que el procedimiento actual comienza con una reclamación dineraria de las partes cuando llegaron al gobierno. "No era una reclamación pidiendo que se ejecutaran los convenios, sino una reclamación dineraria", apostilló.

Sobre la posibilidad de negociar con los propietarios, sabiendo que estos han tendido la mano al Ayuntamiento, explicó que en el momento actual no está permitido. Además, se refirió a los informes municiaples sobre el pago de la sentencia: "De sustanciarse de forma firme, finalizados todos los procedimientos de esa sentencia, la situación económica sufriría un grave revés, evidentemente, en términos económicos".

"El tiempo ha demostrado que estas cosas a veces se hacen muy largas y muy duras", continuó el primer edil, quien manifestó que tienen el "ánimo" de "seguir defendiendo el interés general de la ciudadanía de Benidorm, que es donde pone el acento todas las sentencias que el Ayuntamiento de Benidorm ha ganado en la primera instancia", y en seguir las indicaciones de los servicios técnicos.

Con todo, durante su comparecencia el alcalde quiso poner el foco en la "transparencia" e "inmediatez" con la que están tratando este asunto. 

Y finalmente, afirmó que seguirán acatando lo que diga la Justicia y negó tener ningún interés más allá de defender que "la propiedad privada tiene que ser respetada y tiene que pagarse. Eso es fundamental". Aunque "discrepemos en las fórmulas o en los cantidades, es otra cuestión. Pero esto no es una expropiación".

Conflicto de décadas

Para conocer el historial de este conflicto urbanístico hay que remontarse a hace más de 20 años. Los dueños de este suelo firmaron un acuerdo con Vicente Pérez Devesa de alcalde en 2003, y fue prorrogado ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005. En él, se establecía las compensaciones por no poder edificar en sus parcelas, sin embargo, estas indemnizaciones nunca llegaron a ejecutarse sin antes una sentencia judicial.

El convenio se comprometía a compensar con edificabilidad en otras parcelas a los propietarios por esos terrenos, que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. El PP comenzó la revisión de oficio de este convenio en 2021 y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) avaló la nulidad del acuerdo. En noviembre de 2022 se aprobó por el pleno con el voto a favor de los populares y la abstención de PSOE y Ciudadanos.

No obstante, los informes aportados en aquel entonces consideraban que la indemnización económica no tiene cabida por parte del Consistorio por reconocer a dichos propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico, que no se ha patrimonializado, y por tanto, que no se había adquirido "dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Esta tesis recogía que aunque los terrenos estuvieron clasificados en el PGOU de 1963 como suelo urbano, "no parecían contar" con los requisitos exigidos como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, etc.

Constitucional

El Ayuntamiento de Benidorm está a la espera de conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ante el que presentaron un recurso de amparo contra la sentencia firme que condenaba al Consistorio al pago de los 283 millones de euros, y que según informes municipales, podría llegar ya a los 350 millones de euros por los intereses.

Además, el alcalde ha admitido que la petición de suspensión cautelar para la ejecución de la sentencia todavía no ha sido contestada y todavía queda pendiente otro recurso de apelación pendiente en el Tribunal Superior de Justicia contra un fallo que daba la razón al Ayuntamiento en este proceso en primera instancia.