VALÈNCIA. Ha pasado ya más de un año desde que la jueza Nuria Ruiz Tobarra asumiera la que sería una de las investigaciones de mayor envergadura de las últimas décadas. El juzgado de Instrucción 3 de Catarroja asumió la causa al ser el primero que recibió un caso vínculado con la catástrofe y ahí fueron a parar todas las diligencias y querellas sobre la tragedia, que dejó tras de sí 230 víctimas mortales y gran cantidad de heridos en la provincia de Valencia. Eso, los fallecimientos y las lesiones, fue el punto de partida de unas pesquisas que se antojaban complejas -de hecho, hay cerca de 40 partes personadas- y cuyo eje nuclear es la falta de avisos a la población.

Desde que la magistrada solicitara los primeros informes tanto al departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana como a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la abundante documentación de todo tipo y las declaraciones testificales tanto de los dos investigados -la exconsellera Salomé Pradas como el ex 'número dos' de Emergencias Emilio Argüeso- tanto de numerosos testigos, desde técnicos hasta políticos, han permitido reconstruir con cierto rigor lo ocurrido aquella jornada. Sin embargo, la instructora sigue tirando de algunos cabos que, con mayor o menor importancia en el seno de la investigación, todavía siguen sueltos.

Los agentes de la CHJ

La magistrada ha dejado claro que la Generalitat Valenciana era la responsable de tutelar la vigilancia de barrancos a través de diferentes medios -bomberos forestales, agentes medioambientales, Guardia Civil- si bien el plan de Inundaciones atribuye a la CHJ la función de informar de "los incrementos relevantes de caudales" en ríos y barrancos. Lo hizo a través de un correo electrónico sobre el barranco del Poyo a las 18.43h de aquella tarde, pero cuando el caudal superaba en diez veces el umbral mínimo que le obliga a la Confederación a avisar. Así, uno de los focos está puesto en la Policía de Aguas del organismo de cuenca, desplegada por el territorio, y si pudo alertar antes de la súbita crecida, que provocó la mayoría de las muertes.

Cabe recordar que aquel día, los agentes de la CHJ cumplieron estrictamente con su horario hasta las 15.30h o hasta las 17h como tarde, por lo que no pudieron detectar la riada, según un informe de la CHJ remitido a Les Corts Valencianes, donde especificó que en este ámbito cuenta con una plantilla de 55 empleados repartidos por toda la cuenca, de los cuales una decena correspondía a la zona afectada por la Dana. Tras preguntar la jueza por el despliegue, el organismo que preside Miguel Polo aseguró que "realizaron su función de vigilancia de forma itinerante, desplazándose en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitieron, a los puntos que pudieran ser más conflictivos" pero recalcó que "no hubo en ningún caso una solicitud de colaboración" por parte de la Generalitat Valenciana.

Con todo, la jueza se negó de primeras a tirar del hilo y rechazó las diligencias solicitadas por una de las acusaciones para conocer quiénes eran los agentes y dónde se movilizaron aquel día. Pero el recurso de la acusación, al que se adhirió la Fiscalía, hizo que la Audiencia Provincial le diera la razón al considerar que la información que puedan tener estos agentes es "relevante" para la investigación. Así que, tras insistir el Ministerio Fiscal, la magistrada dijo la pasada semana que citaría como testigos a los agentes una vez la CHJ los identifique.

La presa de Buseo

Otro de los caminos abiertos es el de la presa de Buseo, la única presa de la Generalitat Valenciana y cuya gestión está externalizada. Puede tener interés para la investigación porque, aguas abajo, en el municipio de Sot de Chera, fallecieron un padre y su hijo como consecuencia de las inundaciones que provocaron el colapso de su edificio. Los informes de la Generalitat revelan que la presa empezó a desbordarse sobre las 22.10h de aquella noche pero lo cierto es que la empresa gestora de la infraestructura avisó hora y media antes del peligro de desbordamiento.

De hecho, la jueza de la Dana ha constatado sobre todo "la preocupación de los responsables de la presa de Buseo por la situación de la misma", sobre todo por los correos remitidos a partir de las 23h de la noche. Todas estas comunicaciones no sirvieron para que Emergencias advirtiera a la población aguas abajo de la presa, que además, como publicó Valencia Plaza, incumplía la normativa de seguridad durante la Dana. 

Un informe de la CHJ aportado hace meses a la causa señala a la administración autonómica como eje fundamental en la comunicación de la emergencia sobre esta presa. Pero el conseller de Agricultura y ahora portavoz del Consell, Miguel Barrachina, apunta a la Confederación como responsable de los datos de los sensores que sirvieron a la compañía gestora para avisar, por lo que podría haber hecho lo propio. La magistrada ya citó al conseller como testigo pero, como tantos otros testigos, está pendiente de una fecha para pasar por el juzgado.

El sistema de ayuda a la decisión de la Generalitat

En este último año se ha atacado duramente a la CHJ por no contar con un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que podría haber previsto parte de la catástrofe. Pero a raíz de un informe de la Aemet, se reveló que la agencia estatal estaba aportado sus datos a una plataforma de la Generalitat Valenciana para la ayuda a la decisión. Este sistema, muy diferente a un SAT, sirve para la planificación de catástrofes pero cuando llegó la Dana, hacía pocos días que la administración había formalizado el contrato, pese a que se adjudicó 10 meses antes. De manera que, aquel 29 de octubre, todavía no estaba en funcionamiento. Una de las preguntas en el aire es por qué se tardó tanto tiempo en dicha formalización.

Los 'whatsapps' perdidos

Por otra parte, en los últimos meses y desde que a finales de octubre la Audiencia Provincial permitió a a la jueza abandonar su extrema prudencia ante cualquier pesquisa que pudiera afectar al entonces president, Carlos Mazón, -solo le puede investigar el TSJ al estar aforado-, la instructora ha abierto un camino en la investigación y ha tirado de todos los hilos posibles con la excusa de las conversaciones de todo su entorno, incluída la periodista con la que comió aquella jornada, Maribel Vilaplana, por si pudieran haber escuchado algo de lo que habló el president con Pradas.

Así pues, la instructora no solo ha citado a declarar a su núcleo duro, a los escoltas y chófer, o a la propia Vilaplana, sino también incluso al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pasó este viernes a declarar como testigo para negar que hasta el día de la Dana a las 20h de la tarde Mazón le informara "en tiempo real" como había dicho en declaraciones públicas. Otra de las figuras donde ha centrado la atención es la del exjefe de Gabinete del expresident, José Manuel Cuenca, cuyas conversaciones con Pradas -reveladas por la propia exconsellera- muestran cómo estuvo ejercía de intermediaro entre ella y Mazón.

La magistrada ha intentado que Cuenca aportara sus contactos por mensajería instantánea con el exjefe del Consell pero ya en sus dos declaraciones, en diciembre, dijo que había perdido todas las conversaciones tras su cambio de terminal, del que no hizo copia de seguridad. En ese sentido, dijo que no puede "recuperarlos" porque "no tenía copia de seguridad" pero accedió a intentar recuperar los datos. La jueza pidió a la Generalitat si había forma de hacerlo pero, en un informe remitido la pasada semana, la dirección general de las TIC de la Generalitat aseguró que, aunque el teléfono está "a disposición" de la jueza, fue "reseteado" antes de que Cuenca lo devolviera a la administración, por lo que parece imposible conocer qué  hablaron.

El papel de los ayuntamientos

Queda también por resolver cuál fue el papel de los ayuntamientos en la catástrofe, si bien tanto desde la Generalitat como desde la CHJ ya han señalado que fue insuficiente. El organismo de cuenca, en uno de sus informes, destacó que "el seguimiento pluviohidrológico en ramblas y barrancos, debido a la rapidez con que se generan las crecidas, es imposible sin la total colaboración de los ayuntamientos, siempre apoyados desde los CCEs (centro de emergencias)", apunta el documento, según el cual "es básico, por lo tanto, que exista una buena sistemática de transmisión de la información entre los ayuntamientos de una misma cuenca fluvial, y que estos pongan en marcha su propio Plan de actuación municipal frente a inundaciones".

En ese sentido, uno de los informes remitidos por la Generalitat Valenciana a la jueza de la Dana también señala de una forma poco velada que la mayoría de los municipios no constituyeron sus centros de coordinación de emergencia (Cecopal) pese a que tenían la obligación de hacerlo. Aquel día sólo se reunieron los de tres localidades: València, Algemesí y Aldaia. Por el momento, hay decenas de alcaldes citados a declarar como testigos pero siguen sin fecha para su comparecencia.

El audio manipulado de la Generalitat

Asimismo, en paralelo a la instrucción de la Dana, hay otra investigación paralela en el juzgado de Instrucción 6 de Llíria por presunto delito de revelación de secretos relativa a la difusión de una llamada manipulada entre una operadora de Aemet y otra de la Generalitat Valenciana durante la Dana. Una versión que se hizo pública recortada en varios medios de comunicación y que buscaba desacreditar la actuación de la agencia estatal el fatídico 29 de octubre. Las pesquisas derivaron de una denuncia de la Fiscalía Provincial, a su vez basada en un escrito de la Aemet, porque aquella conversación tenía "carácter reservado". Por el momento, ya han declarado como testigos las dos trabajadoras y se está a la espera de que la Guardia Civil identifique quién pudo acceder a ese audio.