ELCHE. El Ayuntamiento ha activado un contrato específico para poder intervenir en viviendas y locales privados que se encuentren en situación de insalubridad cuando sus propietarios no atiendan las órdenes municipales del Departamento de Sanidad. Se trata de un servicio de ejecución subsidiaria, es decir, el Consistorio actuará directamente tras la tramitación de un expediente administrativo y repercutirá posteriormente el coste de los trabajos a la propiedad. Para ello ha consignado 20.000 euros y un plazo de dos años para financiar a la compañía que se encargue de esta limpieza a cargo del erario público.

La medida, impulsada desde la concejalía de Sanidad, pretende dar respuesta a situaciones recurrentes de acumulación de basura, enseres o suciedad extrema que pueden generar riesgos para la salud pública o molestias al vecindario. Para poder actuar, el contrato se ampara en la normativa urbanística autonómica y en el Plan General de Elche, que obligan a los propietarios a mantener sus inmuebles en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad. Eso sí, la entrada en las propiedades privadas para ejecutar las labores de limpieza deberán contar con la autorización, bien del propietario, bien de la autoridad judicial, concediéndose dichas autorizaciones por una plazo limitado de tiempo, de ahí que el Ayuntamiento debe contar con los servicios de una empresa que responda con agilidad dentro de este procedimiento.

Actuación tras expediente y plazos tasados

Asimismo, la intervención municipal solo se producirá después de que el Ayuntamiento haya tramitado el mencionado expediente y haya dictado una orden de ejecución que no haya sido cumplida por el propietario. Una vez activada la orden de trabajo, la empresa adjudicataria deberá presentar en un plazo máximo de cinco días —24 horas en casos urgentes— una valoración económica y un plan de limpieza detallado con las actuaciones previstas y el personal asignado.

En este caso el plazo de actuación de la compañía encargada será de siete días para actuaciones ordinarias, dos días en casos urgentes, o 24 horas en el caso de que la situación sea muy urgente. La futura empresa se encargará desde la limpieza y desinfección integral de la vivienda o local, así como la retirada de basura acumulada, muebles, enseres y cualquier material que afecte a las condiciones de salubridad, hasta la posible sustitución de cerraduras.

Además, cada intervención deberá documentarse con fotografías del estado previo y posterior, una exigencia clave para justificar la actuación y evitar posibles reclamaciones de los propietarios del bien.

Obligaciones de los propietarios

Con todo, el contrato parte de que la responsabilidad de mantener el inmueble en condiciones adecuadas corresponde al propietario. Solo cuando incumpla la orden municipal será cuando se active la ejecución subsidiaria. Con este servicio, el Ejecutivo quiere dotarse de un mecanismo ágil para intervenir en situaciones que afectan a la salubridad pública y a la convivencia vecinal, garantizando cobertura legal y rapidez de respuesta.

Once viviendas entre 2024 y 2025

En retrospectiva, desde la concejalía se apunta a que en los últimos años se han detectado diversos inmuebles de titularidad privada que presentan condiciones de insalubridad extrema, acumulación de residuos, restos orgánicos y objetos, generando focos de infección, proliferación de insectos o roedores, y molestias a la vecindad. Y que pese a los requerimientos municipales cursados a los propietarios para que procedan a la limpieza y desinfección, en muchos casos no se ha producido actuación voluntaria, persistiendo la situación de riesgo sanitario.

A lo largo de 2024 y 2025 se han llevado a cabo ejecuciones subsidiarias en 8 viviendas de 90 metros cuadrados, y 3 en superiores a 90 metros. No obstante, hay otros expedientes de sendos años en los que aunque se acordó la limpieza subsidiaria, se logró que se encargara de ella el propietario o se ha desistido de continuar el expediente por no obtenerse autorización judicial o por otras circunstancias. Las circunstancias de cada caso son variables.

El contrato tiene un presupuesto anual máximo de 20.000 euros. Aunque el Ayuntamiento en principio no tiene por qué agotar la totalidad del crédito consignado, se utilizará tan solo hasta ese tope en todo caso. El precio valorado es de un coste máximo de 18 euros por metro cuadrado para la limpieza y desinfección, y 90 euros en caso de sustitución de cerradura.