La contratación pública representa una oportunidad estratégica fundamental para las pymes de la provincia de Alicante. En un momento en que nuestra economía muestra un crecimiento consolidado, el tejido empresarial de nuestros municipios proyecta un dinamismo ejemplar basado en el talento, la innovación, la diversificación, la competitividad y un vigor exportador envidiable; y en un contexto en el que sectores como el agroalimentario, los servicios, la construcción, el tecnológico y la industria son los motores de nuestras ventas al exterior, ignorar el potencial de las licitaciones públicas equivale a renunciar a una valiosa oportunidad para fortalecer nuestra capacidad productiva,  generar  más empleo de calidad y  una facturación adicional estable.

Los datos ponen de manifiesto con claridad que la contratación pública es un mercado inmenso e imposible de ignorar. A nivel nacional, en 2024 se adjudicaron 113.091 millones de euros a través de más de 206.000 contratos, lo que supuso un incremento del 5,78 % respecto a 2023, según el Informe Anual de Supervisión de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). Estas cifras consolidan la contratación pública como uno de los principales motores de la economía española, con un peso que ronda el 11 % del PIB, representando el 24,05% del gasto público total.

En la Comunitat Valenciana, la actividad es igualmente significativa. Según la Memoria de Actividades de la Junta Superior de Contratación Administrativa correspondiente al ejercicio 2024, solo la Generalitat y su sector público instrumental formalizaron 44.604 contratos, por un importe total adjudicado de 2.104.668.965,17 euros (excluido IVA). De ellos 15.128 fueron contratos menores (el 33,91 % del total), pero representaron apenas el 3,34 % del importe adjudicado; y el resto (contratos no menores) supusieron el 66,09 %   y concentraron el 96,66 % del importe total. A estas cifras habría que sumar la también muy relevante actividad del resto del sector público valenciano: diputaciones provinciales, ayuntamientos, organismos autónomos y demás entidades locales y supramunicipales. Cuando se agregan todos estos ámbitos, el volumen total de contratación pública en la Comunitat Valenciana supera ampliamente los 11.000 millones de euros anuales y se traduce en decenas de miles de procedimientos, muchos de ellos perfectamente accesibles a pymes.

No obstante, frente a este fértil horizonte de posibilidades, una buena parte de las pymes de la provincia de Alicante no contempla la contratación pública como un canal de negocio estratégico, probablemente debido a la complejidad burocrática percibida y a la falta de recursos especializados para interactuar con la Plataforma de Contratación del Sector Público. Además, persiste la percepción de que la contratación pública constituye un entorno de acceso restringido, lo que provoca que la cuota de adjudicación a pymes esté por debajo del 30% de importe total adjudicado y que los contratos con un único licitador asciendan al 40,69 % de las adjudicaciones. 

Por todos estos motivos, considero imperativo diluir el estigma de la inviabilidad administrativa y el mito de la 'adjudicación cautiva'. Ya que hoy, la digitalización y la simplificación de los procesos, así como la apuesta decidida de las administraciones por la transparencia, han minimizado las barreras de entrada y garantizan la plena concurrencia competitiva, democratizando el acceso en condiciones de igualdad a las licitaciones.

Los profundos cambios legales derivados de la Ley de Contratos del Sector Público y la creciente transformación digital actúan como un garante de la neutralidad administrativa, asegurando que la solvencia técnica y la excelencia operativa sean los ejes vertebradores sobre los que se cimentan las nuevas relaciones entre el sector público y el tejido empresarial.

Bajo esta premisa, cabe reseñar también que la licitación trasciende la mera expansión comercial para consolidarse como un catalizador de la excelencia corporativa. La pyme que se acredita para concurrir a contratos públicos experimenta una maduración orgánica de sus estructuras: optimiza sus flujos internos, robustece su solvencia técnica y eleva su rigor administrativo. Esta metamorfosis no solo la faculta para operar en el sector público, sino que proyecta una ventaja competitiva diferencial en el mercado global. Es decir, el proceso de preparación de la empresa para la contratación pública actúa como una auditoría de mejora continua de modo que la empresa que licita adquiere un estándar de calidad superior que incrementa su capacidad de penetración en los mercados más exigentes.

Del mismo modo, considero que el tejido empresarial de la provincia de Alicante posee el capital humano, la solvencia técnica y la excelencia operativa necesarias para competir con garantías en la ejecución de obra pública y la prestación de servicios esenciales a la Administración. Es el momento de que nuestras pymes asuman un liderazgo proactivo en la contratación pública, considerando la plataforma de contratos del sector público y el perfil del contratante no como un obstáculo burocrático, sino como un ecosistema estratégico de alto valor y una valiosa palanca de crecimiento para nuestra economía.

En este proceso, el asesoramiento jurídico especializado se erige como la verdadera piedra de toque para el éxito de la pequeña y mediana empresa. El asesoramiento legal debe ser un aliado estratégico en la elaboración técnica de las ofertas, asegurando que la propuesta no solo sea excelente en lo comercial, sino impecable en su arquitectura jurídica. Esta participación permite a la pyme garantizar que su capacidad técnica no quede excluida por un déficit de solvencia jurídica y administrativa.

 En síntesis, la Administración requiere de la agilidad, la calidad, la innovación y el compromiso de nuestro tejido empresarial para alcanzar la excelencia en la prestación de servicios públicos.  A su vez, nuestras empresas pueden encontrar en la contratación pública un vector de estabilidad económica fundamental para su planificación a largo plazo. Avanzar en esa dirección y aumentar la cuota de participación en el valor total adjudicado supondría forjar una alianza estratégica de valor compartido que actuaría como   motor de resiliencia de nuestra economía.

En definitiva, el crecimiento sostenido de nuestra economía y la necesaria mejora de la calidad de los servicios que presta la Administración en la provincia de Alicante, requiere de una simbiosis entre la Administración y el sector privado que impregne al sector público de la calidad, el talento creativo y el espíritu disruptivo de nuestras empresas y que, al mismo tiempo, éstas encuentren en la licitación la estabilidad, excelencia y oportunidades de futuro que trasciendan la coyuntura del mercado. Consolidar este modelo de valor compartido no es solo una oportunidad de negocio, es un compromiso firme con el progreso económico y social de nuestro territorio y el motor definitivo para situar al tejido empresarial de la provincia a la vanguardia de la competitividad de la Comunidad Valenciana y de España.