ALICANTE. La justicia volverá a pronunciarse sobre el proyecto promovido por XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustibles en el Puerto de Alicante. Y esta vez no por cuestiones relacionadas con la viabilidad de su licencia de obra y actividad, ni sobre los supuestos defectos en la tramitación de sus autorizaciones -como sostienen la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) y Ecologistas en Acción en sus respectivos recursos-, sino a cuenta del acuerdo privado suscrito entre Terminales Marítimas del Sureste (TMS) y la propia XC Business que daría encaje a su construcción.

La compañía que asume la concesión de la terminal de mercancías mantiene una primera demanda contra la promotora de los depósitos por la que le reclama el pago del precio del arrendamiento establecido por la ocupación del suelo del muelle 19 en el que debían instalarse esos silos, como informó este diario el pasado mes de mayo. Pero, además, también mantiene un segundo proceso paralelo por el que reclama la resolución del propio contrato por el que se regula ese alquiler, al considerar que XC habría incurrido en el incumplimiento de sus acuerdos económicos. Es decir, el propio pago de esa renta.

Los dos procesos siguen en curso en la actualidad a la espera de que, este mes de enero, se celebre la vista previa relacionada con la primera de las demandas, que se dirime en el Juzgado de Instrucción número 15 de Alicante. En concreto, a través de esa reclamación, TMS exige que XC salde la deuda acumulada respecto al abono de ese arrendamiento que superaría ya la cifra de los tres millones desde que se produjo la firma del contrato sobre la disponibilidad del suelo.

Ese acuerdo se firmó en 2018, un año antes de que la Autoridad Portuaria aprobase la modificación de la concesión de la que dispone TMS que ampara la instalación de la planta de carburantes de XC Business sobre una parcela de 14.500 metros cuadrados del muelle 19. Así, TMS considera que la promotora de los depósitos acumularía cerca de cinco años de impagos por la cuota pactada sobre la disponibilidad de ese suelo. No obstante, XC Business niega la mayor en su línea de defensa y argumenta que, en realidad, no existe ninguna deuda pendiente de pago puesto que no habría podido disponer de forma efectiva de esos terrenos al no contar todavía con las autorizaciones necesarias para desarrollar su proyecto.

En cualquier caso, TMS decidió interponer una segunda demanda -también a principios de 2025- con el fin de acelerar la consecución del segundo de sus objetivos (al margen del cobro de cantidades pendientes): la ruptura del contrato con XC Business en vía judicial para recuperar la plena disponibilidad de esos terrenos. De hecho, TMS ya contaría con proyectos alternativos a instancias de otras empresas interesadas en instalarse en ese mismo ámbito del muelle 19, como la terminal de almacenaje y distribución de cereales que promueven inversores de origen ucraniano, a través de la compañía Adromat 17, aún pendiente de la concesión de permisos. 

Ese interés procedente del sector privado, se complementa también con los planes trazados por la Autoridad Portuaria para rescatar suelo concesionado a TMS en parte de ese mismo muelle y en terrenos del muelle 21 con el propósito de poder desarrollar la terminal ferroportuaria pública concebida como infraestructura clave para la conexión del Puerto con el Corredor Mediterráneo. De hecho, justo ahora se estarían perfilando las negociaciones sobre la compensación económica necesaria para que se materialice esa recuperación, al margen de la inversión de más de 17 millones que se estima que conllevará la ampliación y modernización de la terminal actual, gestionada por la propia TMS. 

Otro obstáculo para los silos

La demanda de rescisión contractual promovida por TMS añade, así, otro obstáculo más que XC Business tendrá que superar en el supuesto de persistir en el desarrollo del proyecto de los depósitos. Se trata, además, de un obstáculo especialmente trascendente, toda vez que una resolución favorable a TMS dejaría a XC Business sin suelo en el que poder instalar sus silos de almacenaje de carburantes, lo que cortaría de raíz toda posibilidad para que pudiesen construirse. 

Hasta el momento, el proyecto sigue bloqueado después de que el Ayuntamiento de Alicante desestimase la concesión de la licencia de obra solicitada por XC Business tras esgrimir el hallazgo de discrepancias de superficies entre la documentación aportada por la compañía, y la registrada en la modificación de la concesión aprobada por el Puerto que impedirían evaluar con rigor el proyecto presentado. Con todo, representantes de la compañía anticiparon su intención de acudir a la vía contencioso-administrativa para presentar un nuevo recurso frente a la desestimación de ese permiso, como ya sucedió respecto a la denegación de la licencia ambiental.

Lo cierto es que ese primer recurso concluyó con una sentencia favorable a los intereses de XC Business en la medida en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) acabó reconociendo el derecho de la empresa a la concesión de esa autorización por silencio administrativo positivo (la falta de respuesta en plazo a la solicitud de permiso). No obstante, el Ayuntamiento de Alicante recurrió esa resolución ante el Tribunal Constitucional (TC) después de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitese su recurso de casación frenta a la decisión del TSJ. Por el momento, el TC no se ha pronunciado al respecto de ese último intento municipal por revertir la concesión de la licencia ambiental ya otorgada por mandato judicial.