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la fiscalía llevó el caso por los contratos de la diputación, benidorm o torrevieja

'Caso Fitur' en Alicante: la Audiencia podría reabrirlo tras la condena de Orihuela

4/04/2019 - 

ALICANTE. El denominado Caso Fitur de Orihuela ya tiene sentencia: sus actores han sido condenados, tanto la concejala que fraccionó los contratos, la ex popular Pepa Ferrando, como los empresarios que se adjudicaban los stands para las ferias, el holding de sociedades Los Molinos. Al final, los propios acusados ha admitido los hechos: se fraccionaron los contratos para beneficiar a un mismo grupo de empresas, que se adjudicaron los expositores de Fitur entre 2008 y 2011, en el Ayuntamiento de Orihuela. El caso Fitur se denunció en Alicante, Benidorm, Dénia y Torrevieja, pero en todos casos fue archivado, pero en breve, la Audiencia Provincial debe decidir si reabre, al menos, la pieza de Alicante. Y lo hará con la sentencia condenatoria de Orihuela sobre la mesa.

En todos los casos, las empresas -y sus administradores- eran las mismas: Mare Stand, Rótulos y Componentes, Equipamiento integral para stand Molinos, Exporigging, Mojaia, Benabarra, Octopus Events, Intermedio Montajes y Ecothink; es decir, Ainhoa Molinos Zufiria y Javier Molinos Zufiria, todos ellos, como administradores de las cinco primeras empresas; Juan Bautista Rodríguez Miquélez, de Benabarra y Octopus Events; y Juan Ignacio Goñi e Ignacio Alonso Gorostiza, de Intermedio e Ecothink.

Y estas mismas empresas son las que hicieron los expositores para la la Diputación de Alicante,  y ayuntamientos como Benidorm y Torrevieja, entre otros ayuntamientos entre los años 2005 y 2011. El asunto fue llevado ante Fiscalía Anticorrupción por el grupo Compromís de la Diputación de Alicante, a raíz de la documentación desvelada en la comisión de investigación sobre la gestión del PP en la institución provincial entre 2004 y 2012. Y el caso acabó en el juzgado después de detectar facturas en favor de estas empresas por valor de 3,2 millones de euros en adjudicaciones de stands y campañas promocionales. En el caso de la Diputación de Alicante, las empresas involucradas eran Exporigging y Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL, del mismo holding que las otras.

La denuncia del fiscal se desgajó en tres piezas: una en Torrevieja, que fue archivada; otra en Alicante, y una tercera en los juzgados de Dénia y Benidorm. En Torrevieja, el consistorio contrató con estas mismas empresas, Exporigging y Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL, por valor de 1,4 millones entre los años 2011 y 2015. En Benidorm, fueron 1,6 millones de euros lo que facturaron esas entre empresas entre 2005 y 2010.

Ahora, tanto las causas de Torrevieja como las de Alicante están archivadas. En el caso que afecta a la Diputación de Alicante, durante el mandato de José Joaquín Ripoll, lo decidió el juzgado número 7 de Alicante, que era quien había asumido el caso.  

El juez que instruyó la causa negó la categoría de causa compleja y la continuidad delictiva de las suspuestas irregularidades, que era lo que solicitaba Compromís para seguir con la investigación. Es más, el juez denegó tanto la solicitud del fiscal como de la acusación particular. Tanto el Ministerio Público como Compromís solicitaban poder ampliar la instrucción de seis meses, algo que, según caso de la coalición valencianista, "se vio visto mermada por las solicitudes de aplazamiento concedidas a los imputados en la causa así como el retraso en la entrega de la documentación por parte de la Diputación de Alicante".

Sólo fueron citadas cuatro personas a declarar: los dos empresarios Javier Molinos Zufiria y Mercedes Lasa, del grupo Los Molinos, y los ex gerentes del Patronato Costa Blanca Ana Kringe y Miguel Juan Baldó. En su momento, el juzgado circunscribió la investigación a las contrataciones realizadas en los años 2007 y 2008 al considerar que las anteriores estaba prescritas. Pero posteriormente, archivó de manera definitiva el caso al considerar, además, que no había delito continuado. Ahora, la reapertura del caso depende de un recurso ante la Audiencia Provincial de Alicante, que debería decidir antes del mes de mayo.

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