ALICANTE. La Asociación de Vecinos Sagrada Familia de Rabasa, en Alicante, reacciona tras la polémica suscitada en torno a la promoción de vivienda de protección pública (VPP) de iniciativa privada construida sobre un solar municipal de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022, para expresar su preocupación por la concesión de los pisos de VPP que se prevé construir en distintas parcelas del barrio. En esta línea, el colectivo de residentes ha registrado un escrito ante la Conselleria de Vivienda con el propósito de exigir garantías de "transparencia en la futura promoción del PERI Rabasa APD/4".

"Ante el clima de desconfianza generado por el escándalo de las viviendas adjudicadas a cargos públicos, el escrito presentado exige el cumplimiento estricto de tres puntos fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos", explican los residentes, a través de un comunicado. Primero, "publicidad de los solicitantes: se solicita que la Conselleria de Vivienda haga pública la lista de personas solicitantes de las viviendas del PERI Rabasa APD/4, garantizando siempre la normativa de protección de datos personales".

Segundo, "claridad en los criterios: exigimos la publicación detallada de los criterios de acceso, tanto para las viviendas en régimen de alquiler como de venta, para evitar cualquier 'zona gris' que permita adjudicaciones arbitrarias", añaden. Y tercero, "adjudicación mediante sorteo ante notario: en caso de que la demanda supere la oferta, solicitamos que la adjudicación se realice bajo los criterios aprobados por el pleno del Ayuntamiento o, en su defecto, mediante un sorteo público y ante notario, eliminando cualquier sospecha de gestión interna opaca", detallan.

Así, consideran que "no podemos permitir que el derecho constitucional a una vivienda digna se vea empañado por prácticas que favorezcan a unos pocos frente a los miles de alicantinos en lista de espera". "Esta acción se produce en un momento crítico, coincidiendo con la investigación de la Fiscalía sobre otras promociones locales y la reciente dimisión de altos cargos municipales", apunta el colectivo vecinal, en alusión a las diligencias preliminares iniciadas por la Fiscalía a partir de las denuncias registradas por el PSOE, por la Conselleria de Vivienda y por el equipo de gobierno, del PP, que han quedado bajo análisis de los dos fiscales adscritos a Anticorrupción, Pablo Romero y Francisco José Marco, como avanzó este diario.