Las Federaciones Territoriales rechazan un retraso y varios clubes reclaman para ya la 'Segunda B-Pro'

ALICANTE. A la Segunda B se le han puesto las orejas tiesas. Todos los protagonistas, empezando por futbolistas y entrenadores pero siguiendo por los clubes y las Federaciones Territoriales, se han puesto en guardia ante la posibilidad de que este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) les ponga sobre la mesa un retraso del inicio del curso liguero 2020/21 (algunas fuentes vienen apuntando desde el viernes a que no se jugaría hasta enero, aunque eso no está tan claro).

Ante los rebrotes de Covid-19 que se están produciendo y las previsiones negativas sobre la evolución de la pandemia de cara al otoño, Luis Rubiales ha convocado a sus homólogos de las Territoriales a una reunión en la que reflexionar conjuntamente sobre "cómo y cuándo" podrán iniciarse las competiciones oficiales no profesionales, entre otras la Segunda B.

Desde las 13 horas, en Las Rozas, los 19 presidentes de las Federaciones Territoriales (una por cada una de las 17 Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla) compartirán mesa con Rubiales. La mayoría llegará a la reunión con la idea de que hay que arrancar el curso "cuanto antes" en lugar de retrasar su inicio, pero se temen que eso será lo que les propondrá Rubiales, siguiendo instrucciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) y su presidenta, Irene Lozano.

Si el Sindicato de Entrenadores Profesionales de España y la Asociación de Futbolistas Españoles han reclamado participar en la reunión, Futbolistas On, el tercer sindicato en discordia, se ha dirigido directamente al CSD (también lo han hecho en ese sentido Pro Liga, la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino). Todos ellos no solo rechazan un retraso del inicio de la competición, es que anuncian movilizaciones si lo anterior se produce, llegando a catalogarlo como un atentado contra el derecho al trabajo, especialmente después de cancelar el curso 2019/20: la mayoría de los 100 de los 98 equipos que se han ganado ya el derecho a competir en la 2020/21 en Segunda B lleva sin jugar desde marzo. Muchos futbolistas tienen desde entonces sus contratos suspendidos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, mientras que otros están en paro desde mayo. En contraposición con lo anterior tenemos, obviamente, la necesidad de preservar la salud de todos, pero también que la situación económica en que se encuentran muchos clubes es límite, sin que haya visos de mejorar a corto plazo: su principal fuente de ingresos es la venta de abonos y, en segundo lugar, la comercialización de publicidad, pero ahora mismo ni se puede jugar con público ni la mayoría de empresas está para patrocinios.

La necesidad de impulsar una suerte de fondo de rescate que ayude económicamente a esos clubes es una de las demandas que más se repiten. También, obviamente, la de profesionalizar la Segunda B, en la que compiten equipos con plantillas con pleno de licencias 'P' (profesionales) que contribuyen a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, con otros en cuyos vestuarios solo se encuentra el número mínimo de licencias 'P' que exige la reglamentación, es decir, una mayoría de futbolistas con licencias 'A' (aficionados) y que perciben una compensación de gastos que no tiene nada de salario.  Y, relacionado directamente con los motivos que llevarían a un aplazamiento de la competición, la implantación de un protocolo sanitario al estilo del que implementa la Liga de Fútbol Profesional (que, sin ser infalible, sí ha demostrado ser más fiable que el del CSD) y que la RFEF o directamente el Estado ayude económicamente a los clubes para poder ponerlo en marcha.

Un grupo de clubes quiere la Segunda B-Pro en la 2020/21

"A río revuelto, ganancia de pescadores", dice el refrán que un grupo de clubes de Segunda B, concretamente aquellos que se quedaron sin ascenso en el 'play-off' o que no lo jugaron por poco, quiere llevar a la práctica.

Badajoz, Ibiza, varios 'Primeras' (por sus filiales)... abogan por aprovechar la situación que se puede crear este lunes para convencer a la RFEF de que ponga en marcha la Segunda B-Pro ya este curso. Su apuesta es que 24 equipos (los cuatro descendidos de Segunda A) más los seis mejores clasificados en cada grupo el curso pasado (sin contar a los cuatro ascendidos: lo que beneficiaría a clubes como Córdoba, Lleida y a los filiales de la Real Sociedad y el Villarreal) formen esa Segunda B-Pro que, por tanto, sería más exclusiva que la que parece dispuesta a poner en marcha en la 2021/22 la RFEF. 

En función de lo que ocurra este lunes, los representantes de estos clubes tienen la intención de reunirse el martes para impulsar su idea que, de llevarse a cabo como la plantean, dejaría automáticamente en el cuarto escalón del fútbol español a clubes como el Recreativo, Real Murcia, Hércules, Nàstic de Tarragona, Burgos o filiales como los del Madrid y el Valencia.

No obstante, al igual que hicieron estos partidarios de la Segunda B-Pro meses atrás para tratar de sumar adeptos a su causa, no se puede descartar no solo que amplíen a 40 (así se planteaba en su momento) el número de equipos participantes, también que la identidad de estos se decida en atención a otros criterios, siempre que sean deportivos.

Si finalmente se aplaza el inicio de la competición a enero, el problema de fechas será mayúsculo, salvo que se opte por jugar el próximo verano al estilo de lo que ha ocurrido en el presente con el fútbol profesional. En caso contrario, o se modifica la modalidad de competición recortando su duración todavía más, o se sobrecarga el calendario con dos encuentros por semana (domingos y miércoles).

Tanto si se opta por modificar el formato de competición y el calendario (ya se tramitaba una propuesta que tenía su inicio en el fin de semana del 26 y 27 de septiembre), como si se decide mantener el primero pero modificar el segundo, será la Asamblea General de la RFEF la que tendrá que aprobarlo.