ALICANTE. Uno de 140. Es es el balance de rechazos en la criba oficial ejecutada por el técnico de la Conselleria de Vivienda que revisó la totalidad de los contratos de compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas sobre el solar municipal de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. Dicho funcionario, con una larga trayectoria en el departamento autonómico, determinó que solo uno de los socios cooperativistas que pretendía comprar un piso del Residencial Les Naus incumplía las condiciones requeridas para poder acceder a un inmueble con esa clasificación. Es decir, acreditar unos ingresos para el conjunto de la unidad familiar que no superasen en 6,5 veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) en 14 pagas (el equivalente a 54.600 euros anuales para el caso de 2025), además de no disponer ya de una vivienda en propiedad.
La situación de los 139 socios restantes que la cooperativa elevó al departamento autonómico para el visado de sus correspondientes contratos sí pasó ese filtro sin que se plantease ningún inconveniente. Además, ese único comprador desestimado, se sustituyó por otro socio que sí se consideró ajustado a los requisitos, después de que se comunicase su denegación tanto al interesado como a la cooperativa. A partir de ahí, la cooperativa aplicó el procedimiento establecido e hizo correr la lista de inscritos para ofrecer la compra de la vivienda a otro socio, que sí obtuvo un visado favorable.
Se trata del mismo sistema al que se recurrió para cubrir otras vacantes por desestimiento de los socios, al haber cambiado su situación personal años después de su inscripción en la cooperativa, o porque algunos de ellos constatasen personalmente que no cumplían los requisitos para poder comprar una VPP. Esa casuística propició que se produjesen en torno a 20 sustituciones, según precisaron responsables de Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa, a consulta de Alicante Plaza. De este modo, el conjunto de las 140 viviendas quedaron entregadas a cierre de 2025, como ya ha informado este diario.
Con todo, esa validación podría quedar alterada ahora, a partir de la segunda comprobación promovida por Vivienda después de que trascendiese que entre los compradores de las VPP de esa promoción figuraba la ya exconcejal de Urbanismo, dos hijos y un sobrino de la funcionaria seleccionada como directora general de Organización Interna (que renunció a ese puesto para regresar a su plaza como jefa del área de Contratación tras el estallido de la polémica), y un arquitecto municipal. Ese nuevo chequeo permitió determinar que el técnico responsable del visado de esos contratos pudo haber beneficiado a su propia esposa -otra arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Alicante- al visar su contrato de compra en ese mismo residencial, omitiendo sus propios datos económicos (los de él), a pesar de que formaba parte de la misma unidad familiar y, por tanto, sus ingresos también computaban.
Omisión de información
El hallazgo de esa anomalía llevó al departamento autonómico a abrir un expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo, y a trasladar una denuncia ante la Fiscalía para que se precisara si había incurrido en algún tipo de delito. Y no solo eso. En esa segunda supervisión de los contratos también se pudo constatar que en varios del resto de los expedientes tramitados por el mismo técnico también se había omitido información sobre el nivel de renta o sobre las propiedades de las que pudiesen disponer los cónyuges de los socios cooperativistas, según concretó la propia vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en una comparecencia ante los medios en Alicante este miércoles.
Camarero precisó entonces que se estaba requiriendo de oficio documentación complementaria a los compradores afectados por ese mismo modus operandi, en los que se alegaba el régimen de separación de bienes como motivo para no aportar datos de las correspondientes parejas. Ese proceso sigue en marcha, sin que el departamento autonómico haya concretado cuántos expedientes se encontrarían en esa situación hasta que no se analice esa nueva información reclamada ahora y se concrete si los compradores cumplían o no los requisitos para optar a una VPP. De este modo, según la vicepresidenta, se trataba de no generar alarma de forma indebida proporcionando cifras no definitivas.
En todo caso, todavía no se ha determinado qué medidas concretas se podría aplicar en los casos en los que se constate incumplimientos o presuntos fraudes. Camarero contempló la posibilidad de que se impusiesen sanciones, pero apuntó que, en todo caso, sería la justicia la que precisase los pasos a seguir respecto a esos supuestos, después de que se hubiese puesto en manos de la Fiscalía el episodio concreto del funcionario sancionado. Así, señaló que esa denuncia se ampliaría en cuanto se dispusiese de más casos similares.
Y, por último, adelantó las medidas que se pretende implementar para reforzar el control de los visados a partir de ahora, entre las que citó la creación de una mesa técnica como órgano colegiado encargado de revisar el cumplimiento de los requisitos, de modo que la decisión no dependiese de una única persona, así como la exigencia de creación de un registro de demandantes específico para cada promoción de VPP con el fin de dar publicidad a la oferta y favorecer una mayor transparencia.
