El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y sus dos asesores, De Gea y Díez, a su llegada al Palacio de Justicia, para prestar declaración. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Sin más dilación. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante que instruye las diligencias sobre un supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio acuerda una segunda fase de pruebas, tras la ronda de testificales celebrada el pasado 6 de octubre. De hecho, la providencia por la que les da curso a esas nuevas diligencias se expidió en esa misma jornada, después de que prestasen declaración el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y sus dos asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, en calidad de investigados por un delito de prevaricación administrativa.
En primer lugar, a través de ese escrito al que tuvo acceso Alicante Plaza, la instructora solicita copia del expediente seguido para la organización de la Gala de entrega de Premios al Comercio correspondiente al 2015. Como avanzó este diario, se trata de una documentación con la que se trataría de comparar ese procedimiento con el seguido para la celebración de la gala de 2016: es decir, la que se investiga en el marco de las diligencias sobre el presunto troceo de encargos denunciado por el PP y Ciudadanos.
En esa misma providencia, la jueza solicita copia de los decretos de nombramiento de Pedro de Gea como asesor delegado de la Concejalía de Comercio, y copia del decreto de nombramiento del técnico administrador del Mercado de Babel, Bruno Rememarques. Y no solo eso. Como también avanzó este diario, la jueza acuerda la toma de declaración de técnicos municipales y de proveedores de los servicios contratados en las 25 facturas bajo sospecha, por un importe de menos de 18.000 euros (salvo una), pero por una suma global de más de 189.000.
En total, deberán comparecer en el juzgado veinte personas, todas ellas en calidad de testigos. En primer lugar, se trata de siete funcionarios municipales adscritos a la Concejalía de Comercio, que deberán prestar declaración el próximo 23 de octubre. En segundo término, la citación incluye a los legales representantes de las trece empresas que resultaron beneficiarias de alguno de los 25 encargos objeto de la investigación. Esos trece testigos deberán declarar en dos fechas distintas: el 26 de octubre y el 6 de noviembre.
La providencia incluye a los responsables de Medial Medios y Distribución, Publicidad Alicantina (Publiasa), Radio Popular SA Cope, Estudio Creación Gente SL, y a un agente comercial de la Sociedad Española de Radiodifusión. También a los de Makroprint Impresión Digital, Arte Quatre Victor, Editorial Prensa Alicantina, Jeker Rico Damian Kevin, Evantual SL, Gráficas Juárez, Uniprex y Exterior Media Spain (estos dos últimos lo harán a través de videoconferencia).
En el mismo escrito, la jueza da por recibidas las diligencias de investigación penal 70/17 seguidas por la Fiscalía Provincial de Alicante y las incorpora a las diligencias judiciales. El paso supone la asunción de la documentación analizada hasta la fecha por el ministerio público, en la que se incluye el informe explicativo sobre los 25 contratos de la Concejalía de Comercio firmado por el asesor del departamento, Pedro de Gea, aportado después de que el PP presentase su primera denuncia en Fiscalía.
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante, por su parte, ha asegurado que la "celeridad" con la que está instruyendo en el juzgado el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio indica que se trata de hechos "bastante graves".
El PP se ha referido así, a través de un comunicado, a las nuevas diligencias dictadas por el juzgado. Su portavoz, Luis Barcala, ha opinado que "la celeridad con la que se está instruyendo" el caso es una circunstancia que "siempre" ha solicitado su grupo para que "se aclarasen los hechos cuanto antes". "Lo peor de todo es que cuando ya nadie duda de que se han fraccionado contratos, se tambalea la excusa del alcalde, Gabriel Echávarri, de que sólo se trata de una irregularidad administrativa por la que ni el primer edil está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad política ni tampoco la exige a los asesores que dependen de él y han intervenido en estos hechos".
Barcala ha incidido en que las nuevas diligencias "ponen de manifiesto que cuando el alcalde, Gabriel Echávarri, actualmente investigado por la justicia, trataba de minimizar los hechos porque decía que no había pasado nada; se ve que algo sí ha pasado y bastante grave, porque de otro modo un juzgado no acuerda tantas diligencias".
El portavoz del PP ha destacado que ahora "van a pasar por el juzgado la practica totalidad de los funcionarios de Comercio, los del área de Alcaldía, y además se ha solicitado documentación no solo referida a estos hechos sino también a años anteriores para ver cómo se tramitaban antes los contratos y saber por qué se han tramitado así en esta última edición". En definitiva, "se pretende aclarar por qué se han fraccionado estas facturas por importe de casi 200.000 euros".
Por último, Barcala ha afirmado: "Es muy importante que se sepa que aquí se va a instruir desde el principio hasta el final para esclarecer los hechos, que era lo que nosotros pretendíamos desde el inicio, por lo que en absoluto nadie piense que esto era un mero trámite para archivar porque no va a ser así".
