¿A quién no le gustaría vivir en una especie de resort con piscina, pistas de pádel, en pisos en torno a los 90 o 100 metros cuadrados, garaje y trastero incluidos, en una de las escasas áreas que quedan por urbanizar en Playa San Juan de Alicante? Pues a casi todo el mundo que no encuentra modo de encontrar una vivienda digna. Si los pisos se han vendido en torno a los 200.000 euros en vez de a 350.000, que es como está el precio del mercado libre en Playa San Juan, miel sobre hojuelas. Una bicoca.

Me estoy refiriendo a la urbanización promovida por una cooperativa, Les Naus, que se creó en 2018 por “gente bien” que atisbaron oportunidad de negocio al poco de saberse que el Ayuntamiento de Alicante iba a subastar una generosa parcela en La Condomina, Playa San Juan, para vivienda protegida: es decir, para las personas y familias con mayor riesgo de exclusión social. Para eso están las VPP y las VPO, para que la working class o la clase media venida a menos pueda vivir con decoro. El proceso de subasta, por debajo del precio de mercado libre, fue farragoso ya que había más interesados aunque al final se aplicó el criterio de adjudicación al primero que se presentó. Hubo presiones de todo tipo por parte de Les Naus, presiones de alta intensidad hasta que al final se salió con la suya....una 'urba' para gente pija.

Lo detallaba ayer Raúl Navarro con pelos y señales: hijos de notarios, gestores fiscales, médicos, sagas familiares en general, y personas con enchufe en altos cargos de la Generalitat. Además de dos hijos y un sobrino de la ya exdirectora general municipal de Organización Interna, María Pérez-Hickman, una funcionaria de carrera que vuelve a su plaza de jefa de Contratación, la misma área que se encargó de adjudicar la parcela de La Condomina. Eso lo desveló el Información el jueves, incluyendo al arquitecto municipal de Urbanismo y, al poco, la propia concejala del ramo Rocío Gómez que acaba de dimitir... y a partir de ahí todo deriva en terremoto.

Las direcciones generales están contempladas en la Ley de Grandes Ciudades como super-cargos de apoyo al alcalde: son de forma velada como una especie de concejales. Argumenta la edil de Urbanismo que se apuntó a esta especie de pelotazo en 2018, cinco años antes de ser concejala (número tres de la lista). Puede ser un argumento eximente pero no lo quita hierro al asunto: estaba, junto a su marido, en la pomada del resort.

El alcalde Luis Barcala ha mostrado su indignación y su predisposición de que se investigará hasta el último recoveco aunque seguro que conoce a muchos de los privilegiados, algunas incluso de su pandilla. Hay que quedarse en cualquier caso con el beneficio de la duda. Tampoco le quita hierro al asunto el hecho de que sean viviendas protegidas (VPP) en vez de viviendas de protección oficial (VPO) ya que las condiciones son las mismas. Habrá que matizar por tanto este territorio para evitar el truco del almendruco como ha ocurrido con Les Naus. De momento Sumar ya ha anunciado que lo va a denunciar ante La Fiscalía.

Es muy posible que no haya responsabilidades judiciales. Si yo soy el hijo de un prestigioso notario que gana un pastizal y mi papá me da el dinero para la compra mientras estudio un pos-grado tengo ingresos mínimos en expectativa de un destino similar o mayor que el de mi papi. Esa es parte de la artimaña empleada. Todo indica que la señora Pérez-Hickman tiene más morro que un oso hormiguero. Y eso no es bonito, ni ético, ni estético. Ahí reside el delito moral cometido y que tanto ha indignado a Barcala: también al presidente de la Generalitat Juan Francisco Pérez Llorca aun con declaraciones un tanto contradictorias. Hay que fiscalizar o cambiar la legislación de VPP.

La regularización de 500.000 inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar) con el respaldo de Podemos no es una excepción, puesto que ha habido siete tandas. En una de ellas, con José María Aznar en el poder, bastaba un ticket de metro para demostrar la residencia en España. Ya ven.

Incorporar a medio millón de personas al mercado laboral reglado es una noticia óptima en vez de consentir que cientos y cientos de miles de personas deambulen por las calles o asuman trabajos en negro como ocurre en las tareas del cuidado de ancianos, en los servicios como la hostelería, o en la agricultura: trabajos que los españoles rechazan. No hablemos ya de inmigrantes con algún tipo de cualificación: albañiles, carpinteros, ebanistas, fontaneros, herreros o podadores de olivos...oficios que escasean muchísimo. A veces es tan complicado como buscar una aguja en un pajar. Si disponen de papeles pueden disponer de contratos legales y contribuir de este modo a las arcas de la Seguridad Social. Dejarían de ser unos parásitos como vociferan algunos.

Al argumento práctico expuesto se añade el de la solidaridad para con las personas que llegan con lo puesto, en busca de una vida mejor: gentes que huyen de países pobrísimos fruto de unas elites corruptas consentidas por los países ricos. El mundo es de todos y el sol amanece para todos por igual. Me escuece que me llamen “buenista” por pensar así: “buenista” como sinónimo de gilipollas. Fartec estic. Eso sí: las personas migradas deben respetar a rajatabla la democracia y sus derivados: igualdad de oportunidades para las mujeres, derechos de las minorías sexuales, cero ablaciones, machismo cero, bodas concertadas con niñas casi pre-adolescentes. Estas cosas se aprenden con el tiempo. Quiero pensar.