ALICANTE.- La Diputación de Alicante ha defendido que su "proceder" en las distintas ediciones de los bonos comercio impulsadas desde 2021, cuando el ahora 'expresident' de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón estaba al frente de la institución provincial, ha sido "totalmente transparente y ajustado a la legalidad". Asimismo, se ha desvinculado de "entidades de gestión o intermedias, que pudieron participar en la gestión de la convocatoria de los ayuntamientos que así lo decidieron".

En estos términos se han expresado fuentes de la administración que preside Toni Pérez (PP), después de que la Policía Nacional haya detenido este viernes al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño. "Máximo respeto a las actuaciones desarrolladas y de las que no se tiene más información que lo publicado", han apostillado.

El arresto de Baño se ha producido en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.

Desde la institución provincial han hecho hincapié en que "el papel de la Diputación de Alicante con las distintas ediciones" de estos bonos que se han puesto en marcha desde 2021 "se ha limitado a hacer llegar, mediante las correspondientes convocatorias públicas, el dinero a los ayuntamientos de la provincia de Alicante que han solicitado adherirse a esta convocatoria".

"La gestión posterior era decisión libre y autónoma, única y exclusivamente de cada consistorio beneficiario de las subvenciones", han indicado las mismas fuentes, que han resaltado, además, que "la ayuda que llegaba a los ayuntamientos desde la Diputación, vinculada a la población empadronada, se debía destinar de forma única a financiar" los bonos "en la proporción que también escogía cada ayuntamiento, en ningún caso el coste de la gestión de la convocatoria, que cada ayuntamiento tramitaba como libremente consideraba, asumiendo con ello su cuantía".

Según estas fuentes, "en la justificación de las ayudas, los ayuntamientos debían incluir el importe total de lo concedido en bono consumo, nunca el importe de la gestión, que en ningún caso era subvencionable por la Diputación". "El mecanismo utilizado para la tramitación de estas convocatorias de bono consumo es el mismo que se aplica al resto de convocatorias que impulsa la institución", han concluido.