"Posverdad: Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales" (RAE).

Posverdad es un eufemismo de mentira. El día que Pedro Sánchez acudía al Congreso a votar el decreto ómnibus y recibía de nuevo al lendakari Pradales para traspasarle más competencias al País Vasco y rebajar aún más el Cupo, nuestro presidente tuvo tiempo de grabar un vídeo para Instagram en el que tomaba por imbéciles a los españoles, especialmente a los jubilados, a quienes pretendía acojonar como ya hizo el año pasado.

En lugar de pararse en el Congreso ante los periodistas y arriesgarse a tener que responder a preguntas sobre los accidentes ferroviarios, Sánchez prefirió el método plasma, últimamente muy en boga en la política, que permite propagar falsedades sin riesgo de que alguien te las cuestione en directo.

Para el canal de redes sociales vale, pero las televisiones, especialmente las públicas que tienen más medios para llegar a todas partes, deberían poner coto a esta práctica de sustituir las declaraciones ante la prensa por mensajes de vídeo unidireccionales. Empobrecen sus informativos.

Decir que "el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados" y que "tu abuelo, tu abuela, quizá tu padre o tu madre, podrían perder más de 500 euros al año" por la no convalidación del decreto ómnibus es una mentira tan gorda como la del año pasado por estas fechas, a la que ya dediqué una columna. Le dedicaré una tercera si el año que viene vuelve a intentarlo.

Los periodistas peregrinamos de mesa redonda en mesa redonda para reflexionar sesudamente sobre los bulos en las redes y la tarea inabarcable de desmentirlos. Una batalla perdida. Pero no es ese nuestro verdadero reto.

El verdadero desafío es desmentir o matizar los bulos de los políticos, que son los más peligrosos porque se supone que son gente responsable, muchos de ellos jaleados por medios de comunicación que no se toman en serio su trabajo. Combatir la posverdad fabricada por el poder, cada vez con más frecuencia.

Decir que las pensiones de los jubilados corren peligro es una falsedad, como lo es afirmar que una víctima del accidente ferroviario de Adamuz vale para el Gobierno "el triple" que una de la Dana, bulo alimentado durante varios días por Pérez Llorca y el Consell, obviando que la diferencia de la indemnización adelantada tiene una explicación.

Ya escribí sobre el fenómeno de las medias verdades y las frases descontextualizadas en una de las columnas que dediqué a Gan Pampols, al que se vilipendió por, supuestamente, echar la culpa a los muertos de haber fallecido en la Dana. Un bulo que también alimentaron familiares de las víctimas con su lógica indignación, quizá por ignorancia de las verdaderas palabras del entonces vicepresidente segundo. 

Bulos difundidos a la manera de Donald Trump en su red Truth Social, sin miedo a los desmentidos porque cuando los verificadores hacen su trabajo, cada vez con mayor celeridad, la actualidad ha pasado de pantalla y estamos en otra polémica con bulos diferentes.

Es obligado insistir en que, igual que el año pasado, la subida de las pensiones no está en peligro porque todos los partidos están de acuerdo en subirlas. No se ha convalidado el decreto ómnibus por las batallitas políticas, pero se convalidará uno nuevo más pronto que tarde.

Tampoco parecen peligrar las exenciones fiscales a los damnificados de la Dana que recibieron ayudas de la Generalitat. Después de que el Gobierno se resistiera a aprobarlas durante más de un año, esas exenciones estaban en el decreto ómnibus rechazado por el Congreso y sería muy miserable dejarlas fuera del nuevo decreto.

Lo que no está tan claro es lo de las entregas a cuenta a las CCAA. La actualización de las transferencias mensuales que hace el Estado a las comunidades también estaba en el decreto. El año pasado, Montero las dejó fuera del segundo decreto y la Comunitat Valenciana recibió cada mes, hasta junio, 165 millones de euros menos de lo que le correspondía. Le echó la culpa al PP por votar contra el primer decreto ómnibus, pero la culpa era de ella por no incluirlo en el segundo decreto.

Este año serán casi 250 millones menos al mes, hasta que a la vicepresidenta primera le dé la gana.

PS: El 10 de febrero se debatirá en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una reforma constitucional para que Formentera cuente con un senador propio. La reforma por el derecho civil valenciano, solicitada por Les Corts en 2020, no se debatirá no porque Francina Armengol nos tenga manía, sino porque la Cámara autonómica no ha designado a los diputados que tendrían que defenderla. Alguien del PP valenciano y del PSPV-PSOE debería decirle a JR Chirivella la verdad: que eso sus partidos nunca lo van a apoyar.