El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), preside el pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) conocida el pasado viernes -que abre la puerta a la reclamación del impuesto de plusvalías en las transacciones inmobiliarias que, realmente, no las hubiesen generado- no debería suponer ningún quebradero de cabeza para el equilibrio contable del Ayuntamiento de Alicante. Aunque no existe todavía ningún estudio sobre el impacto que esas posibles reclamaciones podrían conllevar, la Concejalía de Hacienda confía en poder cubrir las hipotéticas devoluciones a las que tuviese que hacer frente con el superávit con el que se ha cerrado el presupuesto municipal de 2017. La edil de Hacienda, Sofía Morales (PSOE), precisó en el pleno de este jueves, en respuesta a una pregunta formulada por el edil no adscrito, Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos), que se cuenta con un colchón de dos millones de euros en la diferencia entre ingresos y gastos que deberían servir para asumir posibles reclamaciones de los ciudadanos sobre el cobro indebido de ese impuesto.
Lo curioso es que, como ella misma tuvo que relatar también durante el desarrollo de la sesión, esos presupuestos siguen pendientes del visto bueno del Ministerio de Hacienda en Madrid (que debe supervisar su tramitación, al haber intervenido al Ayuntamiento de Alicante durante la segunda mitad del pasado mandato) y siguen sin fecha de aprobación conocida. Es más, hasta ahora no existe garantía política alguna -si la hay, no ha trascendido- de que el equipo de Gobierno cuente con los votos necesarios para aprobarlos, ya que PSOE, Guanyar y Compromís se encuentran en situación de minoría desde la expulsión de Nerea Belmonte (ex de Guanyar) y requiere del respaldo o abstención de un concejal de otro grupo político.
Así que, como poco, el tripartito podría verse abocado a buscar otra fórmula para blindar el pago frente a esas hipotéticas reclamaciones, como la tramitación de una modificación de crédito. Es decir, el mismo mecanismo que, como Morales señaló durante el pleno, también ha sido necesario para arrastrar la provisión de 2,5 millones que se había incluido en las cuentas de 2015 y 2016 para dar cumplimiento a la sentencia del TSJ que obliga a trasladar el Bien de Interés Cultural (BIC) de Torre Placia, ahora rodeado por viviendas levantadas durante el mandato del PP en su perímetro de protección, a menos de 50 metros de distancia.
El pleno también dio lugar a la reiteración de los desencuentros entre los tres socios de gobierno. Al margen del reproche dialéctico entre el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), y la edil de Protección Animal, Marisol Moreno (Guanyar), a cuenta de la plataforma para canalizar la participación ciudadana creado a través de la web municipal ('Alicante decide'), resultó significativo que los socialistas se apartasen de Guanyar y Compromís en el debate de una moción presentada por el PP para crear una comisión para la revisión del Reglamento Orgánico de los Distritos y de la Participación Ciudadana. La propuesta acabó prosperando por 15 votos a favor, los de PP, Ciudadanos (C's) y los dos ediles no adscritos, entre reproches a la edil responsable del área, Julia Angulo (Guanyar), sobre la supuesta disolución de los canales de participación y el menosprecio a las asociaciones de vecinos y a las Juntas de Distrito en favor de los denominados "grupos motores". De nada sirvió que Angulo apuntase que se trataba de grupos de trabajo en los que cualquier ciudadano podía formular aportaciones sin necesidad de formar parte de una asociación vecinal. El PSOE dejó solos a sus aliados políticos de Guanyar y Compromís y se decantó por la abstención.
Esa misma posición la reiteraron en otra moción del PP para crear una comisión encargada de decidir la ubicación de nuevos parques caninos, que de nuevo entraron en el debate elevados a la categoría de tema capital de la ciudad. La abstención de los socialistas, junto a la de C's y los dos no adscritos, provocó un empate a 8 votos a favor (los del PP) y en contra (los de Guanyar y Compromís). Hubo una segunda votación y el PSOE sí apoyó a sus socios, de modo que se rechazó la creación de esa comisión.
El PSOE se desmarcó de Guanyar y Compromís frente a las críticas de toda la oposición sobre la gestión de la Participación ciudadana y Belmonte llegó a denunciar acoso y vejaciones en los pasillos del Ayuntamiento
La crispación también emergió en el debate a cuenta de una denuncia pública que la edil no adscrita, Nerea Belmonte, planteó en forma de pregunta. La exedil de Acción Social (destituida por una pérdida de confianza tras la concesión de contratos menores de forma directa a conocidos) desveló, sin aportar detalles concretos ni identificar a los autores, que había sido objeto de ataques, insultos, acoso y vejaciones en los pasillos del Ayuntamiento y cuestionó al alcalde sobre qué pensaba hacer para atajar esos comportamientos. Echávarri condenó esos episodios que dijo no conocer y le conminó a informar de ellos para determinar si se debe abrir una averiguación y, en su caso, elevar los hechos a Fiscalía.
Por último, durante la sesión se volvió a debatir sobre dos temas recurrentes: una pregunta y una declaración institucional sobre el decreto de plurilingüismo, a instancias de PP y de C's, y una declaración institucional para instar a la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación municipal, a iniciativa de C's. Sobre el primer asunto, PP y C's insistieron en sus críticas a las "imposiciones" del decreto y en la falta de medios para cubrir la falta de profesorado con capacitación para impartir valenciano e inglés. La edil de Educación, María José Espuch (Compromís), las rechazó.
Sobre el segundo, C's, Guanyar y Compromís coincidieron en exigir la incorporación de la Diputación a esa línea de financiación para los municipios, el PSOE (que sólo apoyó parte de la propuesta) se abstuvo junto a Belmonte y el PP (que insistió en que se trata de una iniciativa para vacíar políticamente a la Diputación) y Sepulcre votó en contra.
