El empresario Enrique Ortiz, a la salida del Ayuntamiento, de archivo. Foto: JUAN CARLOS SOLERALICANTE. Las relaciones entre el Ayuntamiento de Alicante y las empresas del controvertido promotor Enrique Ortiz (procesado en Gürtel y Brugal) quedan reducidas a un único contrato. PSOE, Guanyar y Compromís prevén atajar este martes en Junta de Gobierno los pagos sin cobertura legal (la última prórroga del contrato adjudicado en 2010 concluyó en 2015) que se vienen repitiendo desde hace más de dos años por el servicio de mantenimiento del cementerio municipal. Lo harán al confirmar como nuevo adjudicatario de ese servicio a Ferrovial: la empresa que, según la propuesta de la mesa de contratación, habría presentado la mejor oferta económica. Según las fuentes consultadas, la compañía asumirá su prestación durante los dos próximos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, por un importe global próximo a los 708.000 euros.
Como publicó Alicante Plaza, una de las empresas del polémico constructor, Ortiz e Hijos, viene asumiendo la explotación del servicio al menos desde 2007. En este periodo de diez años, el contrato se ha visto salpicado por diversos episodios de controversia, como la impugnación de los acuerdos de adjudicación. Los dos últimos capítulos de ese relato se desencadenaron a finales del pasado mandato, cuando el equipo de Gobierno del PP trató de impulsar hasta dos concursos distintos, en abril y noviembre de 2014. Ninguno tuvo éxito: el primer se declaró desierto y el segundo, quedó suspendido.
Desde la llegada del tripartito al poder, el polémico constructor sólo ha optado al concurso por la reforma de la Casa de la Festa y su propuesta quedó clasificada en última posición
El actual tripartito barajó la posible municipalización del contrato en cuanto tomó posesión. Sin embargo, a la vista de los informes técnicos que lo desaconsejaban (por dificultades económicas y de ampliación de plantilla) acabó desestimando esa opción y activó por una nueva licitación. En esta ocasión, ninguna de las empresas del imperio societario de Ortiz llegó a presentar propuesta.
Con la adjudicación a Ferrovial, las empresas de Ortiz quedan prácticamente desahuciadas del Ayuntamiento. Tras la renuncia voluntaria a seguir prestando el servicio de limpieza de colegios y edificios municipales, (tuvo que ser adjudicado de urgencia a FCC mientras se dirime su nueva licitación), el promotor ya sólo tendrá una participación de los ingresos por el servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos que percibe UTE Alicante, la alianza empresarial que conformó junto a FCC, Cespa (30%) y Cespa (30%), a través de dos de sus sociedades: Cívica (30%) e Inusa (10%). No es un pellizco menor: el contrato adjudicado en 2013 por un plazo inicial de ocho años supone un desembolso anual de 35,6 millones.
Desde la llegada de PSOE, Guanyar y Compromís al poder, las empresas de Ortiz sólo han concurrido a un único concurso. Se trata del convocado para licitar la reforma de la Casa de la Festa, adjudicado a una UTE liderada por La Generala. La propuesta presentada por Ortiz, a través de otra UTE encabezada por Tizor, fue la última clasificada entre 35 ofertas admitidas.
