BENIDORM.- El Ayuntamiento de Benidorm ya no tiene escapatoria: deberá pagar los 283 millones, más los intereses, hasta posiblemente alcanzar los 350 millones, del suelo de Serra Gelada, que se incluyó en el parque natural, y que era propiedad de varias mercantiles de la familia Murcia Puchades. La última bala era el recurso de amparo al Constitucional, y ha sido rechazada, como ha trascendido este martes. El TSJ ya había consolidado la responsanbilidad patrimonial del consistorio en la protección de ese suelo, con otra sentencia, que Alicante Plaza publicó el domingo y que iba en paralelo. Es decir, no hay vuelta atrás, una vez que, además, la primera sentencia del TSJ también adquirió firmeza. Así que al consistorio benidormí no le queda otra que buscar alternativas para satisfacer la indeminización que fija el fallo judicial. Estas son las opciones que tiene sobre la mesa:

1) La negociación con la familia Murcia Puchades: dinero y suelo urbano

La primera vía debería ser sentarse a negociar con los representantes de Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, que son los propietarios del suelo y los que recurrieron la decisión del consistorio de revisar los convenios que, en un principio, fueron declarados nulos y, por lo tanto, descartaban la indemnización. Esos convenios consideraban el suelo de Serra Gelada, aunque era urbanizable, no habían sido suelo urbano consolidado ni los propietarios habían patrimonializado aprovechamientos. En la causa se estudiaba la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. 

Por tanto, una primera oferta podría ir encaminada en ofertar suelo municipal que tenga la condición de urbano o urbanizable, en sectores urbanísticos en desarrollo como pueda ser el Ensanche Levante, o el Murtal, si se desbloquea su desarrollo. Y eso habría que sumar la cantidad de dinero que se satisfaga a la parte contraria, contando con los recursos que pueda extraer el consistorio a través de sus propios fondos, o con una operación financiera.

2) Acudir al Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Ordenación para obtener liquidez 

En caso de que exista negociación, con propuesta de suelo más una cantidad, el Ayuntamiento de Benidorm también tiene la posibilidad de acudir a Fondo de Ordenación que oferta el Ministerio de Hacienda para el pago de sentencias judiciales, cuyas condiciones está reguladas en el Real Decreto‑ley 17/2014. Se trata de una alternativa que podría afectar a la vibilidad diaria del consistorio, como ya advirtió el pasado agosto la Intervención del ayuntamiento. Para ello, la corporacion local debe cumplir una serie de condiciones, como estar en riesgo financiero grave; incumplimientos reiterados de estabilidad, deuda o regla de gasto, o necesidad de refinanciar obligaciones que no pueden atenderse.

Ahora bien, acudir al Ministerio de Hacienda tiene un riesgo: la corporación local puede quedar bajo el control del propio ministerio, lo que obligaría, como también advirtió la Intervención de Benidorm, a prescindir de algunos servicios considerados como no esenciales, como el pago de subvenciones de Fiestas o Cultura o a suprimir algunas inversiones. Como contrapartida, el ministerio también puede obligar a la subida de tasas e impuestos del ayuntamiento para generar más ingresos. 

Para ver la dimensión del pago, cabe recordar que satisfacer la sentencia equivaldría a más de dos presupuestos municipales y medio. El presupuesto anual es de 124 millones; es decir, pagar esa cantidad de una sola vez significaría dejar al ayuntamiento sin actividad durante dos años y medio. En ese informe, la Intervención municipal sugiere que el ayuntamiento debería priorizar los servicios esenciales o gastos corrientes (limpieza, iluminación, recolección de residuos, etc.), que ascienden a unos 50 millones. 

En otros aspectos, como en Personal o pago de la deuda municipal (estimada en 57 millones), la Intervención señala que los gastos también están ajustados. El gasto en Personal asciende a 41 millones; la deuda con los bancos debe ser pagada, especialmente después de la modificación de la Constitución en 2011, que obliga a todas las instituciones públicas a saldar sus deudas. Por lo tanto, la única cantidad que se podría sacrificar son las ayudas directas o los gastos de ciertos concejales. En resumen, la Intervención considera "imposible pagar la deuda de la sentencia", de lo contrario, el ayuntamiento estaría en quiebra técnica y no podría cumplir con los servicios obligatorios por ley.

3) Calendario de pagos anuales

La alternativa intermedia puede ser la calendarización del pago en varias anualidades vía el presupuesto municipal, contemplando, además, la negociación e, incluyendo, la cesión de suelo como compensación. De esta manera, consistorio podría fijar una cantidad que podría oscilar entre 15 y 20 millones anuales que podría pagar en 10 años y satisfacer la parte económica, además del suelo. 

Si los Murcia Puchades exigen que toda la indemnización sea en dinero, las opciones quedan muy reducidas para el Ayuntamiento de Benidorm.