En política, las palabras importan. Y algunas se utilizan, precisamente, para no decir nada. Tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que declara válidos los convenios urbanísticos de Serra Gelada, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha pedido “prudencia”. La prudencia suena bien. Es una palabra cómoda. Pero también puede convertirse en una coartada. Porque conviene hacerse una pregunta sencilla, pero incomoda: ¿es prudente una gestión que ya ha costado más de 50 millones de euros solo en intereses?

Mientras se invoca la prudencia, el tiempo sigue pasando. Y con él, los intereses. Hoy la deuda derivada del conflicto de Serra Gelada supera los 340 millones de euros, con intereses diarios cercanos a los 47.500 euros. Cada jornada que pasa sin una solución efectiva cuesta lo que muchos barrios no ven en inversiones en años. Esto no es alarmismo. Son cifras judiciales. Son hechos. Hay, además, una matización que conviene no olvidar y que suele quedar fuera del relato oficial.

El actual alcalde no es un actor ajeno a aquellos convenios. Cuando se firmaron y aprobaron, era concejal del Ayuntamiento de Benidorm y votó a favor de ellos. Y no una vez. Varias veces. Por tanto, no estamos hablando de decisiones heredadas sin más, ni de acuerdos impuestos por terceros. Estamos hablando de convenios respaldados políticamente por quien hoy pide prudencia frente a sus consecuencias. La reciente sentencia del TSJCV resulta especialmente incómoda porque derriba uno de los últimos argumentos utilizados para justificar la inacción: que los convenios eran inválidos o carecían de efectos jurídicos.

El tribunal ha sido claro: los convenios son legales, válidos y eficaces. La prudencia, en gestión pública, debería significar anticiparse, negociar, minimizar daños y proteger el dinero de todos. Lo que no es prudente es llegar tarde y pedir calma cuando el daño ya es estructural. Benidorm no necesita palabras tranquilizadoras. Necesita explicaciones claras, decisiones valientes y responsabilidades asumidas. Porque 50 millones de euros en intereses no son prudencia. Son el precio de mirar hacia otro lado. Y ese precio, hoy, lo estamos pagando todos. Prudente podria ser bajarse el sueldo que cobra de erario público, que hoy en día supera con creces los 100.000€.

Por lo tanto, lecciones de prudencia, en este caso………las justas.

Vicente Pérez Llorens es empresario y ex concejal de l'Alfàs del Pi.