BENIDORM, (EFE). La indemnización reconocida judicialmente de 350 millones de euros del ayuntamiento de Benidorm a favor de dos empresas de una conocida familia de la ciudad, cuantía que dobla el presupuesto municipal, se remonta al año 2003. El pago de esa cifra, que la oposición local de izquierdas considera la más alta impuesta a un ayuntamiento en España, se producirá después de que el Tribunal Constitucional (TC) acabe de desestimar el recurso de amparo con el que el Ayuntamiento de Benidorm quería evitar el pago de los referidos 350 millones a los propietarios del suelo en el APR-7 de Serra Gelada.

En una providencia con fecha de 8 de enero de 2026, la Sección Cuarta de la Sala Segunda del TC ha rechazado admitir a trámite el recurso por "no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional" que la ley fija como condición para su admisión. El mismo tribunal notifica que se archivará las actuaciones “sin más trámite” en caso de que el Ministerio Fiscal no haya interpuesto recurso de súplica, para lo cual tiene un plazo legal de tres días.

De esta manera, el consistorio alicantino vuelve al punto de partida y se enfrenta a una sentencia firme que le obliga a pagar una indemnización de más de 350 millones de euros a las empresas Murcia Puchades Expansión, SL y Urbana Villajoyosa 2000, SL, por unos terrenos situados en el Parque Natural de Serra Gelada, cuya edificabilidad fue anulada tras la declaración de protección ambiental.

La resolución judicial, que equivale a más del doble del presupuesto anual de la ciudad, podría comprometer gravemente la estabilidad financiera del municipio.

El origen del conflicto se remonta a 2003, cuando el ayuntamiento benidormense, presidido entonces por el popular Vicente Pérez Devesa, firmó un convenio con los dueños de los terrenos del sector APR-7 para trasladar el aprovechamiento urbanístico de esas parcelas a otras zonas del municipio.

Tras la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada en 2005, las parcelas quedaron afectadas por la declaración de Parque Natural. Pese a ello, los convenios seguían vigentes, con prórrogas firmadas por sucesivas corporaciones en 2010 y 2013.

En 2015, ante el incumplimiento del convenio, los propietarios valoraron los terrenos en 280 millones de euros y solicitaron su compensación en metálico o en especie.

En 2018 interpusieron una reclamación judicial. En primera instancia, el ayuntamiento obtuvo un fallo favorable, pero los propietarios recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que les dio la razón.

El TSJCV consideró que el consistorio había adquirido compromisos válidos, que no se habían cumplido, y fijó la compensación en 283 millones de euros, más intereses. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso del ayuntamiento en 2024, confirmando la sentencia y dejando la indemnización como firme.

El siguiente paso de la corporación local fue recurrir al TC, interponiendo un recurso de amparo, y solicitar la suspensión de la ejecución de sentencia en lo que se resolvía el recurso que, finalmente ha sido inadmitido.

El ayuntamiento benidormense, presidido actualmente por el popular Toni Pérez -también presidente de la Diputación Provincial-, ha sostenido durante estos años que los convenios son nulos de pleno derecho, al considerar que no se llegó a efectuar la cesión de terrenos ni se cumplieron los requisitos urbanísticos previos, y por ello abrió varias causas judiciales paralelas para impugnar la validez de los acuerdos firmados y anular la responsabilidad patrimonial.

En una de ellas, también con sentencia contraria al consistorio, notificada este lunes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV da por ‘válidos’ y ‘eficaces’ los convenios urbanísticos de Serra Gelada y anula el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que había avalado previamente la actuación municipal. En este caso, la resolución no es firme y puede ser recurrida en un plazo de 30 días naturales.