BENIDORM, (EFE). El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, del PP, ha asegurado que acatará la decisión de la Justicia si en última instancia decide que el ayuntamiento indemnice 350 millones de euros a los propietarios del suelo no urbanizado del parque natural de Serra Gelada y ha añadido que esa multa no será ni la "ruina" ni provocará la intervención de la corporación por parte del Estado.

Las declaraciones de Pérez se producen un día después de que se conociera que el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo con el que el ayuntamiento de Benidorm quería evitar el pago de 350 millones de euros a los propietarios del suelo en el APR-7 de Serra Gelada, una cantidad que equivale a más del doble del presupuesto anual de la ciudad y que podría comprometer gravemente la estabilidad financiera del municipio.

De esta manera, el consistorio vuelve al punto de partida y se aboca a una sentencia firme que le obliga a pagar una indemnización de más de 350 millones de euros a las empresas Murcia Puchades Expansión, SL y Urbana Villajoyosa 2000, SL, por unos terrenos situados en el Parque Natural de Serra Gelada, cuya edificabilidad fue anulada tras la declaración de protección ambiental.

Tras presentar las acciones del Patronato Costa Blanca en la inminente edición de la feria turística FITUR de Madrid en su calidad de presidente de la Diputación Provincial, Pérez ha señalado que los técnicos económicos y jurídicos municipales estudian cómo actuar y que en función de sus informes se tomará un camino u otro ante una situación que es "un revés brutal que habrá que gestionar".

"Vamos a hacer todo lo que podamos para atender ese compromiso y resolverlo de la mejor manera para las partes" y, ha hecho hincapié el alcalde, tratando de que "en la manera de lo posible (se haga) sin tocar los tipos impositivos y creciendo en los servicios municipales" a beneficio de los vecinos y visitantes. 

El PSOE exige su dimisión

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha exigido la dimisión del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, asumiendo así responsabilidades políticas por la situación de “quiebra técnica” a la que "ha llevado al Ayuntamiento por sus erráticas y caprichosas decisiones", dicen en un comunicado este miércoles. Tras el último pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que rechazó el recurso de amparo presentado por el Consistorio, Benidorm está abocado al pago de más de 350 millones de euros, desde el PSOE ha señalado al alcalde como el “principal artífice” de este desastre financiero.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha manifestado que el origen de esta crisis se remonta a 2003, cuando el hoy alcalde votó a favor de firmar los convenios urbanísticos que originaron unos derechos a los propietarios que “ahora nos toca pagar en forma de sentencia millonaria”. “Mientras el PSOE se mantuvo en contra de aprobar estos acuerdos por su peligrosidad para el interés general, el señor Pérez fue uno de sus valedores”.  Asimismo, Escoda ha criticado la “famosa hoja de ruta del alcalde y su cambio de postura".  “Toni Pérez votó a favor de este convenio en 2003 estando en el gobierno, y volvió a votar a favor de renovar los convenios en 2010 ya con un alcalde socialista en la ciudad, posponiendo así el pago de la compensación a los propietarios de los terrenos. Fue en 2013 cuando el grupo popular y su portavoz Toni Pérez cambiaron de postura rechazando renovar por segunda vez los convenios. Un posicionamiento que reafirmó al llegar a la Alcaldía en 2015, cuando no solo se negó a novar los convenios sino que decidió anularlos”, ha explicado.

La dirigente socialista ha remarcado que Toni Pérez "fue protagonista cuando se originó el problema en 2003 y ha sido el máximo responsable de la mayor condena a un Ayuntamiento de España". “No calibró las consecuencias de sus acciones, actuó por impulsos, con altivez y prepotencia. Una actitud que al final va a afectar, y mucho, a todos los ciudadanos”, ha indicado.

Desde el grupo socialista han instado al equipo de gobierno del PP a abandonar el discurso de la “serenidad” y "reconocer la extrema gravedad del escenario actual". Según los cálculos del PSOE, la sentencia de Serra Gelada supone una carga de aproximadamente 5.000 euros por cada habitante de Benidorm. A esta cifra se le suma  los intereses de demora que suben a "un ritmo de 47.500 euros diarios hasta que no se haga efectiva la compensación en su totalidad". “Hablar de prudencia es un insulto a los ciudadanos cuando se ponen en peligro inversiones estratégicas, nos enfrentamos a recortes en servicios y a una posible subida histórica de impuestos para tapar el agujero que han originado por su lamentable gestión”, ha denunciado Escoda.

La portavoz ha insistido en que ni el alcalde ni su equipo "están capacitados para sacar a la ciudad de esta encrucijada, recordando el precedente de 2009 cuando entró a gobernar el PSOE tras la moción de censura".  “Nos encontramos un Ayuntamiento con 140 millones de deuda por las políticas de obras faraónicas, sobrecostes y despilfarro del PP. Ahora, han triplicado aquel desastre”.

Diálogo y rescate del Ministerio de Hacienda

Para los socialistas, la solución pasa por un cambio radical en la estrategia política. En primer lugar, han exigido que se reconduzcan las relaciones con la familia Puchades desde el respeto y la negociación técnica, “abandonando la chulería y la prepotencia que han caracterizado al PP en este conflicto y que solo nos han llevado a perder en los tribunales”.

Asimismo, los socialistas han instado al alcalde a iniciar de inmediato contactos con el Ministerio de Hacienda por si hay que acudir al Fondo de Ordenación. “Es la única salida viable para evitar la parálisis total de Benidorm. Necesitamos un plan de rescate ante una gestión que nos ha llevado al abismo”, han afirmado.

Falta de transparencia

Por último, el grupo municipal socialista ha solicitado, una vez más, que sean los técnicos municipales quienes expliquen detalladamente la situación y los informes jurídicos a todos los grupos de la corporación en el seno de las Comisiones Informativas y no solo en Junta de Portavoces.

Reclamación "imposible de atender"

Pérez ha recordado que este asunto data de hace dos décadas a raíz de un convenio de aprovechamientos urbanísticos que, con el paso de los años, se ha convertido en una reclamación dineraria "imposible de atender".

Y ha proseguido que tras ponerlo en manos de los técnicos municipales en 2017, éstos indicaron que la reclamación de las empresas "no se correspondía con la naturaleza de los hechos", lo que inició un largo litigio que ha concluido con la sentencia del TSJCV y la desestimación de amparo del TC.

El alcalde ha insistido en que "Benidorm tiene capacidad política" para "abordar una solución que no es menor" y ha lamentado que haya "agoreros de la quiebra y la ruina" que hablen "de lo que cada vecino debe" por esta indemnización ya que "es gente que no ha gestionado nunca nada".

Pérez, que sin citarlo se ha referido a la deuda de 285 millones de otro ayuntamiento, en alusión a Gandía (Valencia), también ha hecho referencia al valor que supone que los terrenos objeto de la reclamación sean parque natural, uno de los más visitados en la Comunitat Valenciana por su calidad ambiental y que, además, aporta un gran valor a Benidorm como destino turístico, por sus "acantilados únicos en el Mediterráneo".

Respuesta al PSOE

La portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, ha salido al paso de la nota de prensa emitida hoy por el grupo socialista en la que han reclamado la dimisión del alcalde y ha señalado que, a la vista de los argumentos esgrimidos por el grupo de la oposición, “entendemos que la señora Cristina Escoda ya habrá presentado su dimisión, porque nunca se opuso a los pasos dados por el Ayuntamiento en el caso de Sierra Helada”.

Caselles ha recalcado que la edil socialista “no solo habrá presentado su dimisión, sino también su renuncia al acta de concejal” y le ha pedido que “dejen de engañar a todo el pueblo de Benidorm” porque “todos y cada uno de los pasos y acuerdos a los que se ha llegado para la presentación de recursos, respuestas o recursos de casación y amparo fueron aprobados por la Junta de Portavoces de la que forma parte la señora Escoda”.

La portavoz popular, asimismo, ha afeado a la socialista que en numerosas ocasiones “no acude a las sesiones de las juntas de portavoces, así que tal vez cuando se han adoptado esos acuerdos, ella no estuvo presente”. No obstante, ha insistido en que “el PSOE en ningún caso se ha opuesto jamás a las directrices marcadas por los servicios jurídicos municipales en este asunto”.

Pese a todo, y a tenor de la postura adoptada por el grupo socialista, la portavoz popular considera que “la señora Escoda vuelve a dejar patente que para ella el interés general está por debajo de su interés particular y también del interés de ciertas personas”. En ese sentido, ha agregado Caselles, conviene recordar que cuando se inició la revisión de oficio de los convenios, el PSOE se abstuvo o votó a favor de la nulidad, dependiendo de quién fuera el suscribiente del convenio”. “Que se lo hagan mirar, porque el PSOE, dependiendo de quién fuera, votaba en un sentido o en otro” ha continuado.

Caselles también ha recordado que el grupo socialista “se abstenía en informes jurídicos, informes técnicos, incluso con del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. Dependiendo quién fuera votaban una cosa u otra” a pesar de que “los informes siempre eran los mismos porque era iniciar una nulidad de pleno derecho”. “Desde luego, si hubiesen estado en contra de cualquiera de las actuaciones que ha seguido el Ayuntamiento, como mínimo habrían votado en contra” ha apostillado la portavoz.

Lourdes Caselles ha asegurado además que los socialistas “en ningún momento y en ninguna junta de portavoces nos dijeron de tomar otro camino procesal, otra defensa distinta a la que nos trasladaban los servicios jurídicos”.

Caselles ha vuelto a recordar, por último, que “en los años 2010 y 2013, ya con la declaración de Parque Natural desde 2005, los que renovaron esos convenios fueron ellos. De hecho, hay escritos del grupo municipal del PP en los que solicitábamos que nos respondiesen a una serie de dudas que ya teníamos respecto a la posible nulidad o no de esos convenios”