VALÈNCIA. De pérdidas a beneficios en apenas tres meses. El consejo de administración de la empresa pública Vaersa, propiedad de la Generalitat y dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, acordó en su última reunión reformular las cuentas aprobadas en la sesión anterior, celebrada en marzo, para borrar los números rojos y arrojar beneficios. Todo un ejercicio de maquillaje contable que los consejeros realizaron para evitar que las pérdidas del año 2016 causaran "deterioro" sobre la imagen de la empresa.
Así figura en el acta de la reunión del consejo de Vaersa del pasado 3 de mayo, la misma en la que se acordó encargar a la Conselleria de Transparencia iniciar la búsqueda del 'topo' responsable de filtrar a Valencia Plaza información interna de la empresa relacionada con la investigación abierta por la Fiscalía contra la consellera Elena Cebrián, unas pesquisas que acaban de ser archivadas.
En la primera versión de las cuentas aprobadas, la empresa registró unas pérdidas de 74.395 euros. Tras la reformulación acordada en el consejo celebrado el 3 de mayo se transformaron en un resultado positivo por importe de 143.007 euros gracias a la reducción en 202.742 euros de las provisiones.
"Ante el escenario de presentar ante la Junta General de Accionistas de Vaersa un resultado del ejercicio económico 2016 con pérdidas, se ha considerado que ello comporta una serie de inconvenientes que obligan a la reformulación de las cuentas", refleja el acta de esa sesión, que fue leída y aprobada ese mismo día por unanimidad de todos los consejeros presentes.
Entre las razones que se esgrimen para cambiar las cuentas ya aprobadas está el "deterioro considerable" que sufriría la imagen de la empresa si cerrarse 2016 con pérdidas, el primer año completo con los gestores designados por el Govern del Botànic al frente. Además, se justifica que la "génesis" de esos números rojos "no corresponde a la gestión realizada" en 2016, sino a otros ejercicios económicos.
A ello se añadiría la imposibilidad de reponer al personal que cesa en la empresa por haber cerrado el ejercicio con un resultado negativo.
Las cuentas anuales reformuladas fueron firmadas por todos los consejeros presentes tras haber aprobado por unanimidad realizar los ajustes contables necesarios para eliminar las pérdidas. Entre los asistentes a esa reunión estaban la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, en calidad de presidenta del consejo, y los vicepresidentes Francisco Rodríguez Mulero y Julià Álvaro, secretarios autonómicos de Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente.
Quien no acudió ese día fue la directora general de Sector Público y también consejera de Vaersa, Empar Martínez, quien excusó su presencia y delegó el voto en Elena Cebrián. No obstante, a la vista de que el segundo punto del orden del día remitido con anterioridad a los consejeros era la reformulación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio anterior, Martínez advirtió por carta a la presidenta del consejo de administración de Vaersa de las implicaciones que ello podría tener.
Cebrián tomó la palabra para trasladar a los asistentes la "recomendación" que le hizo llegar la responsable de Sector Público en relación con el carácter "excepcional" que tiene una reformulación de cuentas, que ha de estar "plenamente justificada y motivada".
En ese punto, el subdirector de la empresa se comprometió a preparar un informe justificativo para remitírselo tanto a los consejeros como a la firma responsable de auditar las cuentas de Vaersa. Pese a ello, los consejeros presentes dieron luz verde a la reformulación sin esperar a ese informe.
Tras relatar los "inconvenientes" que tendría llevar a la junta unas cuentas con pérdidas, el subdirector de Vaersa, Benjamín Maceda, detalló a los consejeros presentes los ajustes contables que se proponía realizar para pasar a borrar los números rojos.
Por un lado se procedió a reducir la cuenta de provisiones en 202.742 euros porque una partida dotada para el matenimiento y post-clausura de una planta de eliminación de rechazos en Villena se redujo de 1,4 a 1,2 millones de euros tras un informe de la Dirección General de Cambio Climático en el que se consideraba "prudente" modificar esa dotación a la baja.
Por otro, se dio de baja una factura de 14.661 euros contabilizada "erróneamente" como gasto en reparaciones para anotarla como parte del inmovilizado en el balance.