Los operarios, en el montaje de una de las tribunas de fiestas. Foto: JUAN CARLOS SOLER ALICANTE. Los pagos al margen de contrato que se siguen produciendo en el Ayuntamiento de Alicante desde hace más de dos años por el montaje de infraestructuras para actos festivos y culturales se acercan a su fin, a expensas de un último trámite formal que permitirá desbloquear la adjudicación del servicio. Según pudo confirmar Alicante Plaza, el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha ratificado las valoraciones de los técnicos municipales sobre las ofertas que concurrieron al concurso, lo que despeja el camino para su resolución frente al recurso presentado por uno de los licitadores, la empresa Alavés Montajes, el pasado agosto.
La compañía con sede en San Vicente, una de las más reconocidas en el sector que ha sido seleccionada para la confección de los expositores de la Generalitat en las dos últimas ediciones de Fitur, consideró que la baremación técnica de las propuestas presentadas no fue correcta y que su plica debía haber sido la mejor valorada. En realidad, su propuesta fue la segunda clasificada con una puntuación final de 73,40 puntos, frente a la presentada por la UTE Sit Down MM S.L., APQ Stage Ibérica S.L. y Fiestas Infantiles Pequeñín S.L., con 74,60 puntos. Las dos ofertas empataron a puntos en los criterios que dependen de un juicio de valor, por lo que la diferencia inferior a un punto a favor de la UTE se produjo en los criterios objetivos automáticos, como el precio de la propuesta. Según los informes técnicos, la oferta de la UTE era la que resultaba más ventajosa desde el punto de vista de sus costes económicos para el Ayuntamiento.
Con ese resultado, la Junta de Gobierno acordó la adjudicación provisional del servicio a la UTE el pasado mes de julio. El contrato se concedía por dos años de duración, con posibilidad de una única prórroga por otros dos, y un precio de 1.165.000 euros. Sin embargo, Alavés albergó dudas sobre las valoraciones, solicitó copia de la oferta presentada por el resto de los licitadores para poder contrastar las puntuaciones obtenidas e impugnó el resultado del concurso ante el tribunal adscrito a Hacienda al no haber tenido acceso a su contenido íntegro (por motivos de confidencialidad, según resolvió el Ayuntamiento), lo que paralizó la eficacia del acuerdo de adjudicación.
Ese organismo ha refrendado ahora las valoraciones técnicas que se emitieron en el concurso, pero -antes de permitir que el proceso de contratación continúe- ha requerido un último informe en el que se justifiquen los argumentos de confidencialidad que se facilitaron para entregar a Alavés sólo parte de la información de las ofertas de sus competidores. Según las fuentes consultadas, ese informe estaría ahora en fase de elaboración por parte de los servicios jurídicos municipales.
Lo cierto es que la prestación del servicio se ha visto salpicado por la controversia desde el año 2009, cuando el equipo de Gobierno -que entonces conformaba el PP- adjudicó el contrato a Isjoma: una empresa que también concurrió en esta nueva licitación a cargo del ya extinto tripartito (en alianza con Novofest) y que quedó en tercera posición. Alavés participó en aquel concurso e, igualmente, no resultó seleccionada. En ese momento, presentó una denuncia en Fiscalía al considerar que se habían producido irregularidades en la valoración de las plicas, ya que su oferta suponía un ahorro para las arcas municipales de cerca de un millón respecto a la de Isjoma. La Fiscalía asumió la denuncia y halló indicios de que el pliego de condiciones pudo haber sido redactado en realidad por personal de la empresa adjudicataria. La denuncia llegó al Juzgado de Instrucción número 8 que abrió diligencias para esclarecer si dos exconcejales del PP -Andrés Llorens y Juan Zaragoza- y los técnicos municipales que intervinieron en la adjudicación incurrieron en delito. La causa sigue abierta ocho años después.
