La culpa ‘in vigilando’ es un concepto jurídico que alude a la responsabilidad por los daños causados por personas respecto de las que otras tienen un especial deber de vigilancia. Es decir, la responsabilidad de aquellos que deberían haber controlado al autor de acciones susceptibles de ser punibles.

El profesor Tomás y Valiente afirmaba al respecto que “en democracia no es solo penalmente culpable el autor, sino que también es políticamente responsable quien confió en él, quien pudiendo y debiendo vigilarlo no lo vigiló”. Aquellas palabras del jurista resuenan ante dos casos flagrantes de nuestro panorama político actual: el del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El primero, por su interés no solo por volver a la primera línea política, sino por liderar de nuevo el Partido Popular valenciano. Camps se apoya en su absolución en todos los casos de corrupción en los que se vio inmerso. No es, sin duda, un argumento menor. Tampoco lo es, sin embargo, que su mano derecha en el partido, Ricardo Costa, fuese condenado, al igual que cuatro consejeros de sus gobiernos: Víctor Campos, Rafael Blasco, Milagrosa Martínez y Serafín Castellano.

La Justicia ha sentenciado que Camps no era un corrupto. Pero al mismo tiempo ha constatado sus carencias como gobernante: designó como responsables públicos a personas de dudosa honradez y, según parece, no fue capaz de detectar lo que hacían dentro del gobierno que él mismo dirigía. ¿Qué clase de líder es burlado por sus propios compañeros? Estos hechos lo inhabilitan para estar al frente de nada.

La situación es idéntica en el caso del presidente Sánchez. Tiene en prisión preventiva a dos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, también todopoderoso ministro de Transportes, y Santos Cerdán. Además, sobre quien iba a sucederles como adjunto a ese alto cargo interno, Francisco Salazar, pesan escandalosas denuncias por comportamientos machistas sobre mujeres del partido. El desatino en las designaciones es tan sorprendente como patético.

Esta situación de evidentísima culpa ‘in vigilando’ incapacita a Sánchez para preservar su cargo. La pregunta, de nuevo, es obvia: ¿cómo puede gestionar algo, no digamos ya gobernar todo un país, quien no controla los actos de sus más allegados colaboradores?

Los casos de Camps y Sánchez, consentidos por sus partidos en tanto a uno no lo han descabalgado de sus aspiraciones y al otro no le cuestionan la permanencia en el poder, ahondan la crisis de la democracia. Los ciudadanos, como ha alertado Zygmunt Bauman, ven colapsada su confianza al comprobar que sus políticos son o corruptos o estúpidos e incapaces. A ver qué es peor.

El problema de esta ausencia de responsabilidades, ese nadie sabía nada, es la sensación de impunidad que percibe el pueblo ante la omisión o la negligencia del político, llámese Camps o Sánchez. Decía Weber que, o se vive “para” la política o se vive “de” la política. La sociedad, hastiada de tal despotismo, tiene cada vez más claro qué es lo que tristemente prima en esta dicotomía.

Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor de Historia