ALICANTE. Más allá de las grandes cifras en importes globales, inversiones y refuerzo de la prestación de servicios municipales (como el de la limpieza viaria o los contratos de mantenimiento de la vía pública), la propuesta de presupuestos municipales aprobada este miércoles por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), para 2026 cuenta también con su preceptiva letra pequeña que el departamento de Intervención municipal se encarga de poner de relieve en su informe de fiscalización. Y lo cierto es que sus conclusiones recogen todo un aviso a navegantes especialmente indicado para conductores.
En ese dictamen (que concluye con un pronunciamiento favorable tras constatar el carácter equilibrado de las cuentas), se subraya que las previsiones recogidas en el capítulo de ingresos por la recaudación de tasas contemplan un incremento del 114,26% por el servicio de estacionamiento regulado en la vía pública (la conocida como contrata de la zona azul o de la ORA), así como otro aumento del 15% en lo que concierne al servicio de auto-grúa. Es decir, por los arrastres de vehículos al depósito municipal. Por el primer concepto se prevé ingresar una suma global de 4.791.832,16 euros. Y por el segundo (los arrastres), otros 2.093.580,06 euros.
Esos crecimientos respecto a las cifras calculadas para 2025 quedarían justificados, según el informe, en la entrada en vigor del próximo contrato sobre ambas prestaciones, en el que, de acuerdo con la información adelantada hasta ahora, se prevé la creación de 3.000 nuevas plazas de estacionamiento controlado en los barrios del entorno de Centro Tradicional, con la particularidad de que 2.500 de ellas quedarían identificadas como zona naranja de estacionamiento gratuito para residentes, lo que conllevaría, en sentido contrario, que los no residentes sí queden sujetos al pago por tiempo de ocupación de la plaza. De ahí que se contemple una recaudación expansiva.
Sea como fuere, el informe de Intervención reprocha que se tengan en cuenta esas previsiones al alza a tenor del estado de tramitación de ese contrato, todavía pendiente de licitar. Así, considera que la motivación apuntada en la memoria justificativa de esa previsión de ingresos incluiría "razonamientos insuficientemente sólidos", en la medida en que el contrato actual que regula ambos servicios de manera conjunta "se extinguió el día 1 de enero de 2025 y en el día de la fecha no se ha sometido a fiscalización el nuevo contrato". De hecho, el equipo de gobierno aprobó a principios de noviembre la concesión de una prórroga en la prestación de esa contrata, en manos de Pavapark y Vectalia, que permanecerá en vigor hasta que pueda contarse con un nuevo adjudicatario. En principio, la convocatoria de la nueva licitación estaría completando ahora su recorrido administrativo con la solicitud de los últimos informes previos por parte de organismos consultivos.
Al margen de ello, el informe de Intervención también llama la atención sobre otra previsión de incrementos al alza relacionada con la conducción. En concreto, alude a la estimación de un aumento del 39,34% en los ingresos motivados por la imposición de multas por infracciones de la ordenanza de circulación, por las que se espera recaudar hasta 8,5 millones. Se trata de un cálculo que, según el dictamen, "no parece suficientemente justificado en el expediente", a pesar de que se aporta un informe específico en el que se apunta que en el ejercicio de 2024, se tramitaron unas 73.247 denuncias, "de las cuales, de haber sido cobradas en su totalidad y por el importe íntegro, ascendería a la cantidad de 7.741.512 euros". Así, según ese informe, se consideraría ajustada la previsión de ingresos en multas de tráfico para el año 2026, con unos ingresos estimados de 8.500.000,00 euros..
Gastos insuficientes
Pero no solo eso. El análisis de Intervención -que tuvo acceso a la documentación de la propuesta presupuestaria el 19 de noviembre- también recrimina que se incluyan previsiones que podrían resultar insuficientes para atender determinados gastos, a partir de la experiencia histórica acumulada en los últimos años. En esta línea, alude, por ejemplo, a la partida reservada para hacer frente al pago de consumos energéticos derivados del alumbrado público, del funcionamiento de los colegios y del resto de dependencias municipales, que se cuantifican en 8.891.949,98. A juicio de Intervención, esa consignación no sería la adecuada si se compara con las cantidades presupuestadas en los años 2023 y 2024, de 12,2 y 12,7 millones, respectivamente. Así, señala que esas previsiones sobre consumo de luz, "según los históricos obrantes en esta Intervención estarían por debajo de las necesidades reales del servicio".
Ese escenario se replicaría en lo que concierne a la consignación de gasto para la prestación del servicio de transporte público en autobús, para la que se refleja una partida global de 24.432.870,45 euros. A juicio de Intervención, se trata de "estimaciones que según los históricos" resultarían "insuficientes para la correcta prestación del servicio si se comparan con los 25,5 y 30,3 millones de euros reconocidos en 2023 y 2024 respectivamente".
El informe reproduce esa misma conclusión respecto a la dotación calculada para hacer frente a las ayudas sociales de concesión directa, para las que se contempla una suma de 900.000 euros. Una cifra "un 37,4% inferior al presupuesto definitivo del ejercicio 2025, con lo cual la continuidad de este tipo de subvenciones en un nivel asistencial similar al del ejercicio 2025 queda condicionada a la posibilidad y viabilidad de una posterior modificación de crédito. El Centro Gestor del gasto deberá adoptar las medidas oportunas para solucionar las previsibles carencias presupuestarias por este concepto en 2026", añade el informe.
Al tiempo, respecto a otros servicios pendientes de licitación, el dictamen también recrimina el retraso en la convocatoria de un nuevo concurso para concertar la gestión y tratamiento de residuos, al señalar que "el contrato que regula estas prestaciones concluyó el 31 de agosto de 2025 y que al día de la fecha el Ayuntamiento no ha iniciado el expediente para la adjudicación del nuevo". Eso sí, en este caso, el dictamen no señala ningún posible desvío en sus previsiones de gasto, para las que se estiman cantidades de 6,3 y 7,4 millones, respectivamente.
Intervención previene de falta de consignación para las ayudas sociales directas y apunta que el ayuntamiento asume un déficit de 10 millones en la atención social a pesar de los fondos autonómicos del contrato programa
Además, el informe de Intervención incide en la pretensión de concertar un nuevo préstamo bancario por importe de 6.941.278,75, "con la finalidad de complementar la financiación de las inversiones previstas en el presupuesto" para reiterar las consideraciones que viene realizando en los últimos ejercicios en los que también se ha recurrido a esa vía: que el ayuntamiento dispone de recursos suficientes, sin necesidad de tener que recurrir a la contratación de créditos que generen intereses.
De igual modo, apunta a la situación del personal municipal y a la tasa de trabajadores interinos para recomendar su reducción -que ya se habría constatado en el último ejercicio- con el fin de ganar eficacia administrativa y dar cobertura a todas las plazas con personal cualificado. En esta línea, señala que "las plazas de funcionario ocupadas por personal interino o vacantes (en el momento de efectuar el análisis) representaban un 29,18% (14,97 + 14,21) del total (inferior 34,69% registrado en el ejercicio anterior)". "Considerando que la formación del personal de la administración es fundamentalmente interna y que esta, dependiendo de su cualificación, puede oscilar entre uno o tres años, esta distribución de recursos generará ineficiencia en las tareas administrativas. Situación que puede verse agravada en un futuro próximo por la elevada edad media, sobre todo especialmente el personal de mayor nivel, por lo que se recomienda reducir el coeficiente de interinos y vacantes con el total de la plantilla", apunta.
El informe analiza también las previsiones por el cumplimiento de la regla de gasto -un parámetro que solo se conocerá al cierre de la liquidación presupuestaria de 2025- para señalar que, con el planteamiento incorporado en las cuentas, podría volverse a producir otra superación, como la que se constató en 2024 y forzó la aprobación de un Plan Económico Financiero (PEF) el pasado mes de junio. En este sentido, apunta que "de la comparación de los presupuestos consolidados de los ejercicios 2025 y 2026, se desprende que el gasto no financiero, excluido el capítulo 3, crece en 17.900.848,58€ respecto 2025, lo que equivale a un 5,20%, de modo que, sin perjuicio de que en el momento de la elaboración del presupuesto no haya que calcular el cumplimiento del límite de la regla de gasto, habida cuenta que el Ayuntamiento está sometido a plan económico financiero por incumplimiento de la regla del gasto, que le obliga a cumplir en los ejercicios 2025 y 2026, procede advertir que ésta se podría incumplir también en 2026".
Y, por último, como aspecto a enmendar en lo sucesivo, la fiscalización apunta -un año más- a la asunción de competencias impropias que, a juicio de Intervención, estaría asumiendo el Ayuntamiento en materia de atención social, a pesar de la aportación económica canalizada por la Generalitat a través del denominado contrato programa. A juicio de Intervención, "existe ambigüedad y falta de clarificación en relación con las funciones y competencias desarrolladas en el marco del contrato programa por la Concejalía de Acción Social, respecto cuales son propias de la administración autonómica y cuales son competencia de este Ayuntamiento, por lo que se considera conveniente que se realice un análisis jurídico por expertos independientes en relación con la delimitación de competencias y económico respecto a la distribución de cargas reales".
En este sentido, remarca que "la financiación aportada por la Generalitat Valenciana al contrato programa, cubre sólo una parte del gasto total realizado por el Ayuntamiento, existiendo un déficit de financiación de 10.282.017,5 euros (cantidad esta superior en un 58% al déficit del presupuesto del ejercicio 2025) sin contar los gastos indirectos, lo que puede suponer que el Ayuntamiento realice funciones competencia de la Administración Autonómica con cargo al presupuesto municipal", advierte. En todo caso, el informe expresa de forma expresa que esa advertencia "en ningún caso cuestiona la prestación de los servicios a que alude el contrato programa, sino la necesidad de clarificación y transparencia en las cuestiones indicadas".
