ALICANTE. El sistema de estacionamiento controlado de Alicante -conocido como ORA o zona azul- continuará en manos de la alianza empresarial que asume su gestión desde 2013: una UTE formada por Pavapark y Vectalia. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), se ha visto forzado a aprobar ahora la concesión de una nueva prórroga en su prestación -que incluye la retirada, inmovilización y depósito de vehículos (el arrastre por grúa)- para garantizar la continuidad de un sistema que se considera servicio de interés público. Esa situación de prórroga a cargo de la misma concesionaria se extenderá hasta que pueda contarse con un nuevo adjudicatario, en un contexto en el que todavía no se ha aprobado la convocatoria del nuevo concurso, a la espera de que se complete el recorrido administrativo previo, al que la Concejalía de Movilidad estima iniciado desde 2018, cuando se solicitó la adscripción de la parcela del sector de Rabasa en la que se prevé construir el nuevo depósito municipal de vehículos. Así se refleja en la propuesta de acuerdo de la concesión de prórroga aprobado este miércoles, en una Junta de Gobierno de carácter extraordinario.

Lo cierto es que, por el momento, no hay fecha conocida para que pueda producirse el lanzamiento de la nueva licitación, en la que -además de la construcción de ese nuevo depósito- se ha anunciado la creación de nuevas plazas de estacionamiento regulado. En concreto, en torno a 3.000 más distribuidas en el entorno del Centro Tradicional (básicamente, en los barrios de Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes) entre las que primarían las plazas de zona naranja, con cerca de 2.500, que resultarán de uso gratuito para residentes, según ha venido defendiendo el equipo de gobierno hasta ahora. En principio, la previsión que manejaban los populares comprendía que el concurso pudiese convocarse antes de que concluyese 2025. De hecho, en su preparación, ya se había recabado informe favorable de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Hacienda, después de requerir subsanaciones. Con todo, la concesión de la prórroga apuntaría ahora a que la licitación no producirá al menos hasta el primer trimestre de 2026.

En todo caso, el funcionamiento del servicio no sufrirá ninguna alteración, ya que, de hecho, su prestación se ha mantenido en las mismas condiciones contractuales acordadas hasta el momento más allá del pasado 25 de enero (la última fecha límite establecida hasta ahora tras el vencimiento de la duración inicial del contrato) con una suerte de prórroga de facto que ha procurado su continuidad tácita, con la aquiesciencia por escrito de la UTE concesionaria, sin llegar a plasmarse en ningún acuerdo explícito hasta ahora. Esa situación -por aplicación del "principio de continuidad en la prestación de servicio público- es la que ha propiciado que los pagos a la concesionaria se hayan venido autorizando mediante la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito: la fórmula prevista para acordar abonos de prestaciones con contratos vencidos en su duración. En esos pagos avalados mediante ese mecanismo se ha venido incluyendo la última revisión de precios acordada el pasado 10 de junio.

Cobertura previa

El acuerdo de concesión de prórroga aprobada este miércoles convalida todo lo actuado hasta ahora desde el pasado 25 de enero, con lo que se daría cobertura al periodo en el que la prestación se ha mantenido sin resolución explícita. En todo caso, el mismo acuerdo incide en que el retraso en la convocatoria del nuevo concurso no sería atribuible a una supuesta falta de diligencia del departamento de Movilidad, sino a la concurrencia de varios factores registrados en la preparación de esa licitación. "Del análisis expuesto se concluye que la no entrda en vigor del nuevo contrato tras la finalización del anterior no puede atribuirse a la falta de previsión del órgano gestor, sino a circunstancias complejas y ajenas a su voluntad", apunta la resolución. "El procedimiento ha requerido superar múltiples incidencias propias de su tramitación, resueltas con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y minimizar cualquier perjuicio", añade.

Entre esas incidencias, cita el retraso en la adscripción de la parcela de Rabasa en la que se pretende construir el nuevo depósito de vehículos -cuyo coste quedará asumido por el nuevo concesionario-, la complejidad de la resolución de las alegaciones presentadas tras la exposición al público del estudio de viabilidad del anteproyecto sobre la explotación del servicio, o la emisión de informes de otros departamentos municipales, como el de Economía y Hacienda y el de Nuevas Tecnologías. Ese proceso habría propiciado, no obstante, que el expediente para provomer el nuevo concurso quedase registrado en el departamento de Contratación el pasado agosto.