ALICANTE. El futuro del servicio de estacionamiento controlado de Alicante (más conocido como ORA o zona azul) comienza a despejarse. Al menos, en lo que concierne a la propuesta de creación de nuevas plazas que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha elevado a la consideración de la Junta de Contratación con el fin de poder recabar su aval para la convocatoria del concurso que permitirá renovar su concesión. En ese planteamiento se incluye la creación de cerca de 3.000 plazas de estacionamiento reguladas adicionales a las 1.873 existentes en la actualidad. Eso sí, al menos 2.500 de ellas quedarán clasificadas como zona naranja, de uso prioritario para los residentes, con la particularidad de que, con el nuevo contrato, su uso será íntegramente gratuito, como ha venido informando este diario.
Así lo ha anticipado este martes el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de las decisiones alcanzadas en la reunión de la Junta Local, al precisar que esa es la opción escogida entre los distintos escenarios contemplados en el estudio de viabilidad que se sometió a información pública para la presentación de alegaciones en octubre de 2024. Además, Villar ha insistido en que, con la entrada en vigor de ese nuevo contrato, el propósito es facilitar el aparcamiento de los residentes en calles situadas en sus barrios o en los barrios colindantes. Y, al tiempo, ha concretado que tampoco se implantará esas nuevas plazas en todos los barrios identificados en ese mismo estudio de viabilidad.
En concreto, ha apuntado que esos 3.000 nuevos espacios de aparcamiento por tiempo controlado se distribuirán en los barrios de Benalúa, Alipark, Princesa Mercedes y otros situados en el perímetro del Centro Tradicional en los que ya existen plazas reguladas. Así, ha descartado que se vaya a extender ese sistema de estacionamiento regulado a barrios como San Blas Alto y Bajo, Campoamor, Altozano, Carolinas Bajas, Hospital, El Pla o Playa de San Juan. En esos ámbitos, según Villar, no se va a generar ninguna nueva plaza, por lo que ha considerado que las reacciones contrarias suscitadas entre el movimiento vecinal habría sido resultado de una información errónea que podría habérseles trasladado por parte de determinados grupos políticos. De igual modo, ha defendido que la ampliación de la zona azul estaría contemplada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) desde el año 2013 para remarcar que "desde entonces, hemos gobernado nosotros y otros partidos y siempre ha estado ahí; lo que hacemos ahora es trabajarlo, como es nuestra obligación".
En cualquier caso, ha añadido que el equipo de gobierno no contempla la posibilidad de convocar la consulta ciudadana vinculante planteada por los representantes de esa suerte de plataforma vecinal contraria a la ampliación de la ORA. El vicealcalde ha señalado que, en principio, no es una posibilidad que esté sobre la mesa -al margen de expresar sus dudas de que pueda llegar a celebrarse una consulta de ese tipo desde el punto de vista legal-, aunque sí ha sostenido que se llevará a cabo un proceso participativo, sin entrar a valorar la fase previa ya desarrollada con la exposición al público del estudio de viabilidad del nuevo contrato, en el que se incluye la construcción de un nuevo depósito de vehículos en la partida de Rabasa, como también viene informando este diario.
Cinco días y parkings disuasorios
Pero no solo eso. Villar también ha anticipado detalles sobre el régimen de funcionamiento del sistema de estacionamiento regulado en cuanto entre en vigor el nuevo contrato de explotación (todavía pendiente de licitar, a la espera del aval ya citado de la Junta de Contratación). Al respecto, ha indicado que todas las plazas de estacionamiento delimitadas como zona naranja (las actuales y las 2.500 adicionales que se prevé habilitar ahora) serán gratuitas para los residentes, mientras que el resto de usuarios deberán abonar un precio inferior al establecido por aparcar en plazas de zona azul. Además, ha señalado que los residentes podrán disponer del uso de una de esas plazas de estacionamiento en zona naranja al menos durante un tiempo mínimo de cinco días, sin necesidad de mover el vehículo.
Y, por último, ha confirmado que los departamentos de Movilidad y de Urbanismo trabajan de forma coordinada en la búsqueda de emplazamientos para habilitar aparcamientos disuasorios el perímetro urbano, en puntos que estén conectados con el transporte público, para evitar el desplazamiento de vehículos hasta el Centro Tradicional, como avanzó este diario. En principio, según Villar, se estaría barajando la disponibilidad de hasta seis parcelas distintas, lo que no implicaría que vayan a ejecutarse ese número de aparcamientos en concreto. Hasta ahora, ya se cuenta con dos espacios de aparcamiento distintos con esa finalidad en el barrio de San Gabriel y un tercer espacio en el entorno de la parcela de Playa de San Juan en la que se instala el Circo del Sol.
La oposición ve falta de transparencia
Las manifestaciones de Villar sobre el futuro funcionamiento del sistema ha propiciado las críticas posteriores de representantes de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. Así, en primer término, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha acusado al gobierno del PP "de generar un auténtico lío con el plan para ampliar la zona azul y zona naranja en determinados barrios de la ciudad". "Lo que tienen que hacer es aclarar cuántas plazas azules quieren, cuántas plazas naranjas y dónde van exactamente, en qué calles y en qué barrios".
Barceló ha insistido en que en el proyecto de viabilidad de ampliación de estas plazas, que salió a exposición pública, "se exponían dos escenarios: crear 4.950 plazas o crear 7.808 plazas. No obstante, no se aclaró si esas nuevas plazas serían azules o naranjas", ha apuntado. "El grupo socialista exigió que se aclarara esta información, pero no dijeron nada. Ahora quieren variar las cifras, pero si es así, el proyecto de viabilidad tendrá problemas, porque no responde a la viabilidad económica que se planteó con base en el número de plazas inicial", ha apuntado. "El problema del gobierno de Barcala es que es opaco, no es transparente, y ahora ha generado un lío con la ciudadanía por su falta de información", ha concluido.
De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha coincidido con el argumento de la falta de transparencia para señalar que "nos trata el gobierno de Barcala como si fuéramos tontos. El Partido Popular gobierna como si fuera suya la ciudad, con manipulaciones, con mentiras y con falta de información. Hace más de cuatro meses colgaron en la página web municipal un estudio por el cual se iba a ampliar la zona azul y la zona naranja, en una primera fase a 5.000 plazas y una segunda fase a 8.000. Ellos dijeron en ese estudio en qué barrios, y ahora nos acusa a la oposición y a los vecinos de generar alarma y de soltar bulos. No, son ellos los que dan poca información, la información que cuelgan y luego no detallan", ha argumentado.
"Nos falta aclaración de cuántas plazas y en qué barrios se va a incrementar. Lo queremos saber ya, porque esto afecta a todos los vecinos que estamos repagando con impuestos y ahora vamos a tener que pagar, aún más, por privatizar los espacios públicos sin concretar y sin medidas compensatorias. ¿Dónde están los parkings públicos, dónde está la mejora del transporte público, dónde están los carriles bici? Así no podemos transformar la movilidad, siempre en beneficio de las empresas en vez de los ciudadanos. Por concluir, a día de hoy solo tenemos mensajes contradictorios. No sabemos ni cuántas plazas ni en qué barrio ni de qué tipo, azul o naranja, ni cómo piensan compensar el pago para contrutir el depósito único de vehículos en Rabasa por 15 millones", ha apostillado.
