ALICANTE. La renovación del contrato de gestión del servicio de estacionamiento controlado (más conocido como la ORA o la zona azul) continúa generando debate en Alicante. Esta vez, con dos nuevas acciones que derivan del movimiento asociativo y de la iniciativa política. En primer término, las asociaciones de residentes de algunos de los barrios en los que se pretende extender la creación de plazas de aparcamiento por tiempo limitado, según el estudio previo dado a conocer hasta ahora por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), han anunciado este lunes su constitución en una suerte de plataforma para oponerse a que se habilite ese tipo de sistema en sus calles al entender que no resultará una medida positiva para favorecer una movilidad sostenible ni para propiciar la rotación de vehículos, como, según sostiene, se habría pretendido dar a entender.

Al contrario, consideran que esa medida vendría a actuar como un método para ampliar la recaudación municipal, a pesar de que también se haya anticipado que la mayor parte de esas nuevas plazas quedarían reservadas para los residentes como plazas en zona naranja, de uso gratuito. A su juicio, la fórmula de la ampliación de plazas de pago que se pretende llevar a cabo quedaría justificada en la necesidad de financiar la construcción del nuevo depósito de vehículos previsto en el barrio de Rabasa.

En este sentido, portavoces de ese conjunto de entidades (que agrupa a los residentes de zonas como Alipark, Centro Tradicional, San Blas, Oliveretes, Carolinas Bajas, Benalúa, Campoamor o Princesa Mercedes), han considerado que la propuesta de ampliación de plazas es una medida "injusta" y han reclamado que se ponga en marcha una consulta de carácter vinculante para que sean los ciudadanos quienes se pronuncien sobre la oportunidad de la extensión de ese sistema.

En paralelo, el grupo municipal de Compromís ha presentado este lunes una queja ante la Sindicatura de Greuges en la que pone de manifiesto lo que consideran un ejemplo de falta de transparencia por parte del equipo de gobierno, en la medida en que se habría cumplido más de un mes desde que registrasen una solicitud de información sobre el alcance de esa ampliación de plazas de estacionamiento regulado que se pretende abordar con el nuevo contrato sin que todavía se les haya facilitado respuesta.  "No entendemos por qué no se está informando a la ciudanía sobre la propuesta de ampliación que recoge un incremento del servicio, que pasaría de tener 1.873 plazas de estacionamiento hasta las 7.808 estacionamientos sujetos a pago por estacionamiento durante un tiempo limitado", ha sostenido su portavoz municipal, Rafa Mas.

En este sentido, se ha cuestionado "qué esconde el señor Barcala, o el concejal Carlos de Juan. Desde Compromís rechazamos dicha ampliación. Instamos al gobierno municipal a que rechace dicha ampliación y avance en la mejora de la movilidad en nuestra ciudad", ha añadido. Además, ha abogado por reorientar esa decisión de forma que se apueste por "más aparcamiento público en los barrios, más transporte público que conecte todos nuestros barrios, playas, partidas y polígonos, carriles bici y calles verdes peatonales. El gobierno municipal tiene que dejar de gobernar solo para velar por los intereses empresariales y contar con la ciudadanía para garatizar una movilidad universal, accesible, justa y sostenible", ha concluido.

Dos tercios en zona naranja gratuita

Entre tanto, fuentes del departamento municipal de Movilidad consultadas por este diario han insistido en que la licitación del nuevo contrato sigue pendiente de la emisión de informes por parte de la Junta de Contratación de la Comunitat Valenciana y que, por el momento, no se ha cerrado el número de plazas que se pretende generar con la próxima licitación, aunque han descartado que vaya a optarse por el escenario máximo, con 5.935 plazas nuevas para sumar hasta 7.808 plazas, previsto en el estudio de viabilidad previo. 

Además, las mismas fuentes han recalcado que al menos dos tercios (un 66%) del número de plazas de aparcamiento controlado que llegue a habilitarse serán de zona naranja, de forma que los residentes que dispongan de la tarjeta ciudadana acreditativa podrán hacer uso de ellas de forma completamente gratuita. Es más, esa gratuidad se extenderá hasta las plazas delimitadas como zona naranja de las calles de barrios colindantes, según se ha anticipado hasta el momento. Por ahora, la gestión del servicio sigue quedando a cargo de la UTE compuesta por Vectalia y Pavapark, ya sin respaldo de un contrato en vigor tras la extinción de todas las prórrogas posibles, lo que conlleva que los pagos por su prestación se deban tramitar por el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito (el mecanismo habilitado para pagos no presupuestados, como no lo pueden ser los que tienen que ver con servicios operados sin contrato vigente).