El portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, con varios cargos del partidoALICANTE (EP). La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia presentada por el grupo Compromís en la Diputación de Alicante contra la adjudicación de contratos para Fitur y otras ferias turísticas en la etapa de Joaquín Ripoll como presidente de la institución provincial. Así lo han anunciado este lunes los diputados de la coalición en la Diputación, que detectaron un presunto fraude de 3,2 millones de euros en adjudicaciones de stands y campañas promocionales en el transcurso de la comisión de investigación desarrollada en la institución para fiscalizar las tres últimas legislaturas.
Como ha venido contando Alicante Plaza, Compromís denuncia que el Patronato de Turismo de la Costa Blanca troceó contratos para poder adjudicarlos directamente, y de esta forma beneficiar supuestamente siempre a las mismas empresas, que ya están siendo investigadas por los mismos hechos en Orihuela. La investigación se ha centrado en dos empresas contratadas por el patronato de Costa Blanca. Exporigging y Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL, mercantiles en el País Vasco e involucradas en la actualidad en una causa en los juzgados de Orihuela junto a la expresidenta del PP de la ciudad y actual concejala, Pepa Ferrando.
La documentación estudiada durante cuatro meses corresponde al periodo comprendido entre 2004 y 2009 son más de 70 facturas. Compromís, además de llevar la documentación a la Fiscalía, busca relaciones con las mismas empresas en los ayuntamientos de Benidom y Torrevieja.
El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, se ha mostrado satisfecho este lunes de que Fiscalía Anticorrupción haya visto "necesario" la apertura de "diligencias penales y el inicio de una investigación al Patronato de Turismo de la Costa Blanca".
"Se investiga la totalidad de las facturas que se han puesto a disposición del fiscal y una de las grandes incógnitas es si una parte habrá prescrito o no", ha insistido Fullana en una comparecencia de prensa, en la que ha mostrado sus dudas sobre si "todo lo ocurrido antes de 2007 podrá estar dentro del caso o habrá prescrito".
Sin embargo, ha apostado por que se sustancie una continuidad delictiva, de manera que no prescriba nada y "se sume a la causa", y ha advertido sobre la responsabilidad política derivada de la Diputación por "haber parado desde todo 2016 la información que solicitó Compromís".
En ese sentido, ha puesto de manifiesto que la coalición intentó en febrero de 2016 el inicio de la Comisión de Investigación "pero el PP y el exdiputado de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, lo tiraron atrás". Ahora, Fullana ha advertido de la "ineludible" responsabilidad política.
Para ello, ha anunciado que la coalición se personará en la causa para que "se devuelva" el dinero y ha entendido que se trama de la "trama PP Costa Blanca".
Finalmente, ha afirmado que el presidente de la Diputación, Cesar Sánchez, "no puede seguir cubriendo" a Eduardo Dolón -vicepresidente de la Diputación y exalcalde de Torrevieja- porque, según ha dicho, tenía las facturas denunciadas, "quiso cerrar la Comisión de Investigación por la vía rápida e hizo un informe en contra la actividad de Compromís".
"Pero además, y es más grave, es que él mismo --Eduardo Dolón--, validó en Junta de Gobierno --en Torrevieja--, facturas a estas empresas y que tenían los reparos de Intervención. Eduardo Dolón oculta que había trabajado con estas empresas". Así, se ha quejado que sea "el máximo responsable turístico de la provincia es cuestionable".
A los 3,2 millones de euros denunciados por Compromís, y a los 1,2 millones denunciados por el Ayuntamiento de Torrevieja, este lunes también se ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Benidorm habría contratado con esas empresas entre 2005 y 2010 por hasta 1,6 millones de euros. Así, la coalición ha elevado hasta "los 6 millones de euros en facturas en Benidorm, la Diputación y en Torrevieja. Y el denominador común son el turismo y el PP", ha señalado Fullana.
Así, desde Benidorm, el edil de Compromís Josep Bigorra ha advertido que esas empresas facturaron entre 2005 y 2010 hasta 1,6 millones de euros.
"Una trama que ha ido facturando a la misma empresas de stands en diferentes ferias, aunque no sabemos todavía cuál ha sido el proceso de contratación porque el equipo de Gobierno local del PP está dilatando en el tiempo esta información", ha desgranado.
Por ello, ha alertado sobre el peligro de que "prescriban los delitos y haya diferentes años que ya no se puedan contemplar". Estamos en el grueso de esos 1,6 millones, pero hay montantes de 2005 y 2006, que no sabemos si podríamos cogerlos por esa dilación", ha agregado.
Así, ha dado un plazo de una semana antes de acudir a los tribunales para exigir el acceso a la información. "Hay un interés en Benidorm porque Sebastián Fernández, que era el diputado de Turismo en esos años y que firmó muchas de las facturas de llevó Compromís a fiscalía, es el actual asesor del alcalde, Toni Pérez, para turismo", ha comentado.
Finalmente, desde las Corts Valencianes, la portavoz Mireia Mollà, ha añadido que hay constancia de que esas empresas "contrataron" con la Generalitat, aunque ha manifestado "no ser capaz de decir ahora el alcance". Ha lamentado que el PP juegue a "dilatar" los procedimientos, pero ha afirmado que queda demostrado que "se gestionaban los recursos públicos sin control y con un aroma muy vinculado a la corrupción".
"Costa Blanca no creo que haya sido un organismo que haya pasado de puntillas sobre una dinámica que no es de manzanas podridas sino de un cesto absolutamente podrido", ha seguido.
