Una operaria del servicio de limpieza en pleno baldeo, durante la etapa de la anterior concesionaria.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante y UTE Alicante zanjan sus diferencias en la prestación del servicio de limpieza viaria y en el de recogida, tratamiento y eliminación de residuos en los que respecta a la presentación de informes sobre los balances contables de la contrata precedente: la que operó entre 2013 y principios de 2023.
El actual equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y los responsables de dicha alianza empresarial (compuesta por FCC, Cespa, Inusa y Grupo Cívica), han alcanzado un acuerdo extrajudicial con el que se pone fin al litigio jurídico y económico relacionado con la falta de elaboración de las auditorías anuales a las que, por contrato, quedaba sujeta la prestación.
En virtud de ese pacto, al que se pretende dar validez en la próxima reunión de la Junta de Gobierno, se trata de llegar a un equilibrio por el que el Ayuntamiento queda exento de devolver 60.554,88 euros detraídos a UTE Alicante por la falta de elaboración (o la elaboración incompleta) de esas auditorías en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, y, al tiempo, renuncia a la reclamación de otros 126.718,86 euros con los que se había penalizado a la concesionaria por idéntico motivo en cuanto a las auditorías correspondientes a 2016 y a 2018.
Esa última cantidad todavía es objeto de disputa en el contencioso instado por UTE Alicante frente al Ayuntamiento, tras interpretar que no se había producido el incumplimiento contractual con el que se fundamentaba la imposición de la sanción municipal. Y, en principio, todo apuntaba a que la resolución de ese proceso podría ser favorable a la UTE, en la medida en que ya había logrado una primera sentencia estimatoria por la que se conminaba al Ayuntamiento a reintegrar los 60.554,88 euros iniciales retenidos en 2019 en base al mismo incumplimiento.
Con ello, las dos partes darían por resuelta la disputa en un momento en el que dos de las tres prestaciones incluidas en el contrato adjudicado en 2013 no continúan a cargo de UTE Alicante. En la actualidad, el servicio de limpieza viaria y el de recogida de residuos son competencia de una nueva alianza de compañías bajo la denominación de UTE Netial, que, eso sí, guarda algunas similitudes en su composición con la de la adjudicataria precedente. De hecho, la nueva concesionaria está formada por FCC y PreZero, que absorbió la división medioambiental de Cespa. El relevo entre ambas UTE se produjo de forma oficial el pasado septiembre -aunque la adjudicación a UTE Netial se produjo en noviembre de 2022- después de que se completase el proceso de traspaso y la adquisición del nuevo material que resultaba necesario para su funcionamiento.
Entre tanto, UTE Alicante sigue asumiendo el servicio de tratamiento y eliminación de residuos como gestora de la planta de Fontcalent, a la espera de que se complete la tramitación del nuevo proyecto de gestión de las instalaciones y de que se licite un nuevo contrato para seleccionar a un nuevo operador especializado.
En todo caso, el litigio sobre las auditorías no es el único fleco pendiente de resolución respecto a la contrata de limpieza y de retirada de residuos precedente. El Ayuntamiento todavía debe dar solución a la propuesta de construcción del subparque logístico previsto en el Distrito de Playas con el fin de evitar el desplazamiento de vehículos y maquinaria desde la sede central del servicio, en el Pla de la Vallonga, por la que se llegó a abonar de forma prorrateada -a través de las certificaciones mensuales- la cantidad de 800.000 euros sin que se haya llegado a disponer de él ante el bloqueo de su licencia, solicitada por UTE Alicante en 2014. Fuentes consultadas precisaron que se estaría tratando de encontrar una solución al respecto, con la complejidad que entraña abordar un compromiso contraído en una contrata extinguida.
En paralelo, el equipo de gobierno también apura las negociaciones con el fin de zanjar otra controversia relacionada con otra contrata: la correspondiente al servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes. A priori, se prevé que también pueda concertarse un acuerdo extrajudicial en forma de compensación económica sin que resulte necesario que se ejecute la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que conmina al Ayuntamiento a retrotraer el proceso de licitación convocado en 2018 para valorar a todas las ofertas presentadas, incluida a Geamur, a la que excluyó después de que los técnicos interpretasen que su propuesta incurría en una baja anormalmente desproporcionada no justificada.
