ALICANTE. La crisis de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 tendrá repercusión sobre las futuras actuaciones similares en las que pueda intervenir el propio ayuntamiento. Y la primera de ellas ya es conocida: la subasta impulsada por el Patronato de Vivienda este mes de enero sobre otro solar municipal situado en la calle Ceuta, del barrio de San Blas, que también queda destinado a la construcción de VPP.
El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ya había anticipado su intención de incorporar todos los mecanismos de control adicional que pueda implementar la Conselleria de Vivienda para las promociones que se desarrollen en el marco del Plan Vive. Pero, además, se abre a modificar las condiciones específicas que puedan depender del ayuntamiento en lo que respecta a las bases para la concesión de las viviendas a construir. Así lo defendió este martes el alcalde, Luis Barcala, en la comparecencia ofrecida para actualizar las decisiones emprendidas a colación de la controversia sobre las VPP de Residencial Les Naus, entre las que citó el cotejo de los empadronados en sus 140 pisos y las comprobaciones a cargo de la Policía Local respecto al uso efectivo por parte de sus compradores con el fin de evitar ventas o alquileres en fraude.
En esta línea, el primer edil señaló que, en lo sucesivo, se prevé implementar "los mecanismos de control" que resulten oportunos para que "no vuelva a producirse un escándalo" como el de las VPP de Residencial Les Naus. No llegó a precisar qué tipo de medidas concretas podrían incorporarse, aunque sí apuntó que se convocaría al menos una próxima reunión de la Junta del Patronato de Vivienda para abordarlas con el conjunto de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem). Eso sí, Barcala no llegó a pronunciarse sobre la posibilidad de suspender la subasta ya en curso con el fin de introducir esas nuevas medidas de supervisión. Señaló que las condiciones actuales las habían planteado los técnicos municipales, respecto a los que defendió su trabajo, aunque manifestó que se incorporarían mecanismos para garantizar que las viviendas lleguen a sus destinatarios -solicitantes de vivienda que cumplan unos determinados límites de renta- sin posibilidad de un posible fraude.
"Estamos revisando ese pliego; estamos viendo los mecanismos que puedan reforzar un trabajo que hacen los técnicos, en el que no intervenimos los políticos, y en el que los técnicos hacen un baremo, en basa a él se catalogan a las personas, y lo que estamos valorando es el refuerzo de ese sistema e introducir otras fórmulas como establecer condiciones generales mínimas de acceso a esas viviendas y luego incluso un proceso de sorteo público", indicó. "Hay varios sistemas; no voy a cuestionar el trabajo de los técnicos, por eso vamos a exponer toda la baremación que se ha hecho para que todos podamos saber los trabajos y los baremos que se han seguido y que los técnicos lo expliquen; transparencia máxima", apuntó.
¿Controles adicionales sobre las viviendas que venda la promotora?
Esas posibles modificaciones o cambios se aplicarían, además, al conjunto de promociones de vivienda que dependan del ayuntamiento, entre las que citó los procesos de selección de las adjudicaciones de las viviendas de alquiler para jóvenes del edificio municipal de El Portón, al margen de los nuevos pliegos para la calle Ceuta. "Necesariamente, las cosas que son lógicas y constructivas, este equipo de gobierno las recoge y las aplica", recalcó. No obstante, no llegó a concretar si esas medidas adicionales -como la baremación o el sorteo- para garantizar que las futuras viviendas de la calle Ceuta no queden en manos de personas que no cumplan los requisitos se extenderán hasta las condiciones de venta que deberá seguir la promotora adjudicataria de la compra de ese solar, que es, en último término, la que se encargará de su comercialización, tras ceder un porcentaje de pisos construidos al Ayuntamiento como fórmula de contraprestación económica.
De acuerdo con la información trasladada hasta ahora por el propio equipo de gobierno, se estima que la promotora deberá entregar al Ayuntamiento un mínimo de 3 de los 30 pisos que podrían tener cabida en ese edificio. Y serán esos 3 los que pasarán a formar parte del parque municipal de vivienda, de forma que su adjudicación sí dependerá del Ayuntamiento, a través del Patronato de Vivienda. El resto, quedarán a cargo de la promotora que construya las viviendas, que deberá venderlas con los criterios de límite de renta establecidos para el acceso a la vivienda pública. Es decir, los términos previstos en el último decreto regulador, aprobado en diciembre de 2024. Se trata, en consecuencia, del mismo procedimiento que se sigue respecto a las viviendas de VPP del Plan Vive. Y el mismo que se siguió en el caso de la cooperativa Residencial Les Naus antes de que se pusiese en marcha dicho plan, tras las elecciones autonómicas de 2023.
