ALICANTE. La crisis desencadenada a cuenta de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 ha llevado al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a ponerse la venda antes de la herida en lo que respecta al desarrollo de otros procesos en los que se pretenda promover vivienda pública auspiciados de forma directa por el propio Ayuntamiento. Para ello, prevé reforzar los mecanismos de control con el propósito de reducir las posibilidades de que pueda producirse una hipotética manipulación del proceso de adjudicación de los pisos a construir. Ese refuerzo se aplicaría, en primer término, a las condiciones de la subasta de la parcela municipal situada en la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, licitada por el equipo de gobierno para que sea una promotora la que construya las cerca de 32 viviendas que se preveía desarrollar hasta ahora de forma directa, a través del Patronato Municipal de Vivienda.

Así lo ha anticipado este martes la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, al señalar que se pretendía implementar las medidas adicionales ya anunciadas por la Conselleria de Vivienda en lo que respecta a las comprobaciones de las condiciones económicas de los adquirientes de las VPP que se desarrollen en el marco del Plan Vive, con el que el Consell se comprometió a impulsar la construcción de 10.000 viviendas al final de la legislatura autonómica tras movilizar suelo público disponible. 

En concreto, la misma vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, detalló la semana pasada, en una comparecencia ofrecida en Alicante, que se preveía implantar una mesa técnica a modo de órgano colegiado formado por varios técnicos que se encargase de supervisar que los compradores de las VPP cumpliesen los requisitos establecidos para acceder a un piso con esa calificación. Es decir, no disponer de otra vivienda en propiedad y no disponer de ingresos en el cómputo de la unidad familiar que superen en 6,5 veces el IPREM (el equivalente a 54.600 euros).

Con ello, se pretendería que la revisión de esos parámetros no quedase en manos de un único técnico, con el fin de evitar que pudiese producirse un comportamiento presuntamente irregular como el detectado en el funcionario del departamento autonómico, ya expedientado, que pudo haber beneficiado a su mujer al visar el contrato de compra de una de las 140 viviendas de la promoción de la controversia, al figurar como socia de la cooperativa Residencial Les Naus, sin computar sus propios ingresos económicos (los de él) a pesar de ser miembro de la misma unidad familiar, independientemente de que se acreditase que la pareja se acogiese al régimen de separación de bienes.

Además de esa primera medida, Camarero también indicó que se preveía establecer la apertura de un registro de demandante de VPP específico para cada promoción del Plan Vive de forma que se procurase una mayor publicidad y transparencia a la hora de acceder a su compra. Hasta 2024, sí existía la obligación de que cualquier demandante de vivienda de VPP estuviese inscrito en el registro genérico del que disponía la Generalitat desde 2021. No obstante, con la llegada del PP al Consell y la emisión del nuevo decreto regulador, se decidió suprimir esa obligatoriedad al considerar que, en cualquier caso, esa inscripción no garantizaba la posibilidad de acceder a un piso, puesto que los solicitantes debían acudir necesariamente a las promotoras que las construyesen para registrarse como interesados.

Más transparencia

Sea como fuere, la portavoz del equipo de gobierno de Alicante, Cristina Cutanda, ha señalado que, con el objetivo de aportar mayor transparencia a las iniciativas de promoción de vivienda que dependiesen del Ayuntamiento, se preveía incorporar esos nuevos mecanismos de supervisión. Así, ha apuntado que la subasta en curso respecto al solar de la calle Ceuta se mantiene "con total normalidad", a pesar de que el grupo municipal del PSOE había solicitado este lunes que se paralizase el proceso. En todo caso, Cutanda ha asegurado que este era "un buen momento" para reconocer el "magnífico trabajo del Patronato de Vivienda" y la "transparencia" con la que se habría puesto en marcha la enajenación del solar, así como sus "pautas de control", en las que "no existe ningún indicio de que se haya alterado las bases de esta promoción".

Sin embargo, ha apuntado que "vamos a incorporar todos los mecanismos de control que prepara la Generalitat" tanto en esa subasta pública como en "cuantas iniciativas de vivienda promueva este ayuntamiento". "Justo lo contrario de lo que hizo el Botànic" que, según ha criticado, "no hizo ni una sola vivienda" en sus ocho años de gobierno. Así, ha contrapuesto esa situación con la actuación de su partido. "El PP está impulsando vivienda protegida, y se está llevando adelante distintos proyectos", ha dicho, por lo que ha insistido en que lo que quiere el PSOE es "evitar que las viviendas puedan construirse, a pesar de que son muy necesarias". "La izquierda quiere desacreditar la construcción de VPP que ellos fueron incapaces de desarrollar", ha apostillado.

La subasta en curso

¿Qué condiciones se establecen en la subasta en curso respecto al solar municipal de la calle Ceuta? De acuerdo con la información difundida hasta ahora, se trata de un concurso por la enajenación de una parcela de 1.082 metros cuadrados para llevar a cabo mediante la colaboración público-privada, la promoción y construcción de cerca de 30 viviendas de protección pública por parte del adjudicatario, que parte con un presupuesto base de 457.549 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. A cambio de la parcela, el promotor deberá entregar al Ayuntamiento viviendas construidas que pasarán formar parte del parque municipal de vivienda, en sintonía con el mecanismo con el que se desarrolla el Plan Vive.

El plazo para la presentación de ofertas quedó abierto el 8 de enero y se cerará el próximo 9 de abril a las 14:00 horas. Los licitadores deberán establecer en sus ofertas el número de viviendas a construir y sus características, que deberán partir de un mínimo de 38 metros cuadrados útiles. De esta forma, se podrán obtener alrededor de 30 viviendas en función de los metros, de las que un mínimo de tres serán para el Patronato, con al menos 191 metros cuadrados útiles en total, destinadas a alquiler asequible. Se valora entre otros criterios de adjudicación aumentar el número de metros cuadrados útiles mínimos a entregar que podrán corresponder a un mayor número de viviendas para el Patronato de la Vivienda.

Por lo pronto, el anuncio de introducción de nuevos mecanismos de control conocido este martes no ha satisfecho las exigencias del grupo municipal socialista. Su portavoz, Ana Barceló, ha incidido en que, en caso de modificar las condiciones, "lo que debería hacer el ayuntamiento es suspender la subasta y modificar las bases", ha considerado.