ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante vuelve a mover ficha con el fin de reforzar el control de la gestión de la vivienda de promoción pública en la ciudad y exige que se paralice "el procedimiento para la venta de un solar municipal ubicado en el barrio de San Blas, en la calle Ceuta, destinado a la construcción de una treintena de viviendas que, como ha ocurrido en Les Naus, serán adjudicadas directamente por el promotor", según apuntan fuentes del partido, a través de un comunicado.

El proyecto, que se remonta a 2023, fue concebido para la construcción de viviendas de alquiler social de forma directa por el Patronato Municipal de Vivienda. Sin embargo, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha redefinido la propuesta con el fin de licitar la parcela para que sea una empresa promotora privada la que los ejecute, en sintonía con el procedimiento que se sigue en el marco del Plan Vive. En esta línea, el PSOE alerta de que "prácticamente todo el lote" de las viviendas que se construyan "quedará en manos del promotor" como supuesto responsable de su adjudicación "y sólo tres viviendas pasarán a formar parte del parque de vivienda municipal".

"Exigimos paralizar este procedimiento y recuperar el objetivo inicial del proyecto: vivienda de alquiler social. Alicante no necesita más pelotazos como el del escándalo de Les Naus, necesita políticas públicas valientes ante la emergencia de la vivienda", ha señalado la portavoz socialista, Ana Barceló. "Nos encontramos con que Barcala anuncia vivienda pública en campaña y después la convierte en promociones privadas, dejando a las familias sin alternativas y facilitando el negocio. Este caso no es aislado. Forma parte de una política de vivienda fallida del PP", ha asegurado.

El PSOE apunta que el importe de la parcela subastada queda valorado en "457.549 euros y será el promotor de la obra quien decida si la treintena de viviendas salen a la venta o se ponen en alquiler. De esta forma, la gestión y adjudicación de las viviendas quedará en manos del promotor, mientras que el Ayuntamiento sólo tendrá control sobre las tres viviendas que serán de titularidad municipal", apuntan las mismas fuentes.

Renuncia a subvención autonómica

Además, el PSOE apunta que "este proyecto fue anunciado a bombo y platillo en la antesala de las elecciones de 2023". "El gobierno de Barcala encargó incluso el proyecto de redacción de la edificación, abonando 51.248 euros con fondos municipales. La Generalitat Valenciana, con Mazón al frente, reservó 1.197.000 euros de subvención autonómica para la construcción. Sin embargo, Barcala, a petición del propio Consell, acabó renunciando a esos fondos. Más tarde, en 2025, Mazón volvió a consignar 598.500 euros, pero esos fondos no se utilizarán en el proyecto que tramita ahora Barcala, puesto que se ha decidido vender la parcela y que sea una empresa la que construya el edificio y gestione la inmensa mayoría de las viviendas", explican las mismas fuentes.

En esta línea, la concejala socialista Silvia Castell ha señalado que el PSOE ya denunció que "el gobierno de Barcala había modificado los estatutos del Patronato Municipal de la Vivienda con un doble objetivo: evitar la fiscalización de los grupos de la oposición y permitir que este organismo municipal actúe como intermediario para facilitar la construcción de vivienda libre en solares de titularidad municipal. De hecho, Barcala inició los trámites para la enajenación de la parcela de la calle Ceuta tan solo un mes después de la aprobación definitiva de los nuevos estatutos del patronato, para evitar que los grupos de oposición intervinieran en el expediente a través de la junta del patronato", apunta el comunicado.

Así, ha considerado que "Barcala vació de competencias a la junta del Patronato de la Vivienda para poder dejar en manos de los promotores privados la gestión del suelo público. Exigimos revertir esos cambios para que el patronato se centre en la construcción de vivienda social y reclamamos que los trámites de contratación no queden en manos exclusivas del concejal de Vivienda, de forma que la oposición pueda ejercer el derecho a la fiscalización para evitar pelotazos como el de Les Naus", ha concluido.