ALICANTE. La crisis originada en torno a las 140 viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 ha desencadenado un goteo de actuaciones, de emisión de informes y de toma de decisiones con el fin de tratar de esclarecer si pudo haberse cometido alguna irregularidad en la compra de esos pisos construidos por la cooperativa Residencial Les Naus, después de que trascendiese la identidad de algunos de los adquirientes: entre ellos, la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, dos hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna, que ha regresado a su puesto como jefa del área de Contratación, y dos arquitectos municipales.
Esa circunstancia ha motivado el registro de hasta cinco denuncias en Fiscalía o ante los juzgados por parte de Sumar, del grupo municipal del PSOE, del equipo de gobierno del PP, de la Conselleria de Vivienda y de Manos Limpias que, por el momento, ya han motivado que la Fiscalía haya abierto diligencias preliminares de investigación para dilucidar si puede existir indicio de la comisión de algún tipo de delito, en una actuación que queda bajo la responsabilidad de los fiscales adscritos a Anticorrupción, Pablo Romero y Francisco José Marco. Todo, a la espera de que el juzgado al que se turne la denuncia presentada por Manos Limpias pueda incoar diligencias previas de forma directa.
En todo caso, hasta el momento no se ha determinado de forma concluyente si los compradores de esas 140 viviendas inscritos como socios de la cooperativa que las construyó cumplían o no los requisitos para acceder a una VPP. Es decir, no disponer de otra vivienda en propiedad y que el conjunto de miembros de la unidad familiar conviviente en el piso a adquirir no cuenten con ingresos que superen en 6,5 veces el IPREM en 14 pagas, lo que equivale a 54.600 euros, según el último parámetro acordado por el actual Consell en el decreto regulador aprobado en 2024 (el límite anterior, que figuraba en el decreto de 2023 aprobado por el Botànic, era de 46.800, superior al de 2021, de 32.400). Ese sería el indicador de referencia para el conjunto de los compradores, según indicaron representantes de Fraorgi -la entidad gestora de la cooperativa- a consulta de Alicante Plaza.
Ingresos previos
La cuestión que quedaría por dilucidar es la renta de qué año concreto computaba para resolver si los compradores cumplían o no con esas condiciones económicas. Por lo pronto, los representantes de Fraorgi consultados indicaron que los contratos se presentaron ante la Conselleria de Vivienda para su visado "entre finales de 2024 y principios de 2025", lo que implicaría que se analizó los últimos dato económicos oficiales disponibles hasta ese momento. Es decir, las declaraciones de la Renta presentadas en 2023 y 2024 en las que se recogen los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal previo. Esto es, 2022 y 2023, respectivamente.
¿Qué implicaciones tendría esa circunstancia? Que la situación económica actual de los adquirientes de las viviendas en el momento en el que se produjo la firma de las escrituras, a finales de 2025, no tuvo por qué ser la misma de hace entre dos y tres años, en función de cada caso, toda vez que en ese momento pudo haber compradores que se encontraban de baja por maternidad o incluso en situación de desempleo, con ingresos inferiores a los actuales, según apuntaron representantes de la comunidad de propietarios de Residencial Les Naus, al referirse a algunos casos concretos.
En lo que respecta al caso concreto de la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, que presentó su dimisión días después de que trascendiese que era una de las socias cooperativistas que compró una de las 140 viviendas, se desconoce cuál fue el momento concreto en el que su contrato de compra se presentó para su visado ante la Conselleria de Vivienda. Lo que sí se conoce es que tomó posesión del acta de concejal a finales de junio de 2023 y que, a partir de ahí, comenzó a percibir unas remuneraciones de 67.637,26 euros anuales como el resto de ediles del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) con competencias delegadas, según el acuerdo aprobado en pleno el 7 de julio de 2023.
Expedientes en revisión
Sea como fuere, fuentes de la Conselleria de Vivienda indicaron que se sigue revisando los expedientes de los visados del conjunto de los contratos para realizar las comprobaciones oportunas. Y, en especial, los casos en los que se había detectado omisiones de información similares a las detectadas en el caso de la mujer del funcionario del departamento autonómico ya expedientado por, presuntamente, haberla beneficiado al no haber valorado sus propios ingresos económicos (los de él) como miembro de la misma unidad familiar, independientemente de que se encontrasen en régimen de separación de bienes. Las mismas fuentes indicaron que no se había concluido esa labor de análisis toda vez que se había requerido información adicional y los afectados disponían de un plazo de diez días para aportarla.
En cualquier caso, los representantes de Fraorgi incidieron en que ese requerimiento de información había llegado a la propia cooperativa y que, en realidad, esa situación afectaba a un número limitado de casos, que podría acotarse en torno a una decena respecto a los 140 socios cooperativistas que compraron viviendas en la promoción.
