ALICANTE. El Partido Popular (PP) de Alicante comienza a resignarse para afrontar el tramo final del mandato con ocho ediles: uno menos de los representantes que obtuvo tras las elecciones municipales de 2019. La renuncia que el todavía edil de Fiestas, Manuel Jiménez, prevé presentar tras la celebración del pleno ordinario de abril, este jueves aboca al partido mayoritario del equipo de gobierno -el bipartito que conforma junto a Ciudadanos (Cs)- a tener que cubrir su vacante sin que exista la certeza de que vaya a celebrarse un pleno extraordinario en el que pueda tomar posesión su sustituto antes de que se constituya la próxima corporación, una vez transcurridas las elecciones del 28 de mayo.
Cuando menos, los plazos resultan más que ajustados, ya que el procedimiento a seguir ante cualquier renuncia de un concejal requiere de la celebración de dos plenos para que su relevo pueda incorporarse a la responsabilidad pública: una primera sesión en la que debe darse cuenta de la dimisión y otra posterior para que el siguiente integrante de la lista de su mismo partido pueda asumir el cargo. Además, antes de que se produzca esa segunda sesión, la Junta Electoral debe haber tramitado el acta asignada a ese nuevo edil, lo que -en condiciones normales- suele requerir un tiempo mínimo de entre una y dos semanas.
Así, está previsto que en el pleno de este jueves se dé cuenta de la renuncia de la exconcejal de Acción Social, Educación y Sanidad, Julia Llopis, quien registró su dimisión el pasado lunes para pasar a integrarse en la candidatura autonómica de Vox por la circunscripción de Alicante. Ese trámite permitirá que el Ayuntamiento solicité formalmente ante la Junta Electoral la tramitación del acta de su sustituta. En este caso, se trata de Cristina García (coordinadora local del PP, además de asesora municipal), quien figuró en el puesto número 10 de la lista del PP de hace cuatro años y vuelve a ocupar la misma posición en la candidatura actual.
En el supuesto de que su acta llegue a tiempo, su toma de posesión podría producirse en el pleno extraordinario previsto para el 2 de mayo, en el que debe celebrarse el sorteo con el que se determinará la elección de los ciudadanos que configurarán las mesas electorales del próximo 28 de mayo. Y se espera que en esa misma sesión se pueda dar cuenta de la renuncia de Jiménez, lo que volverá a abrir los plazos para la incorporación de su sustituto. En este segundo caso, como ya había informado este diario, se trataría del exedil Israel Cortés (que desempeñó las áreas de Limpieza, Infraestructuras, Medio Ambiente y Juventud a finales del pasado mandato) que podría asumir la responsabilidad -de estar dispuesto a hacerlo- en el supuesto de que la Junta Electoral hubiese tramitado su acta en la fecha definitiva en la que se decida convocar un segundo pleno extraordinario con el que se pretende aprobar una modificación de crédito del presupuesto prorrogado de 2022 para dotar de fondos a los proyectos de reurbanización cofinanciados por la Unión Europea (UE).
Por lo pronto, el equipo de gobierno ya ha confirmado su predisposición a impulsar ese ajuste contable y pretende que ese segundo pleno extraordinario se celebre antes del 12 de mayo: la fecha de inicio de la campaña electoral. A partir de entonces, no se podrá desarrollar ninguna otra sesión plenaria hasta que se produzca la constitución de la próxima corporación, el 17 de junio. ¿La consecuencia?: el PP podría afrontar casi un mes con una vacante sin ocupar. Lo cierto es que esa baja entre sus filas no conllevaría ningún perjuicio en la toma de decisiones que requieran del aval del pleno en la medida en que, desde el 12 de mayo hasta el 17 de junio, la corporación actual quedaría en funciones sin que tuviese que medirse en ninguna votación con los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox.
No obstante, lo cierto es que esa baja sí podría suponer cierto perjuicio político a las puertas de las elecciones, además de un lastre en la gestión ordinaria del conjunto de las áreas, ya que las competencias que Jiménez seguirá desempeñando hasta este jueves tendrán que repartirse entre los ediles restantes: siete si se descuenta a Carlos Mazón (que no ostenta ninguna delegación al presidir la Diputación), siempre que se haya producido la incorporación de García.
Ese será el segundo escenario pendiente de resolución: la redistribución de las concejalías manejadas por Jiménez. Fuentes consultadas precisaron que, por el momento, no habría nada decidido al respecto, después de que se decidiese reasignar las áreas liberadas con la renuncia de Llopis a Toño Peral (Acción Social y Familia) y a Mari Carmen de España (Educación y Sanidad). La única certeza que parece inamovible es que las delegaciones de Jiménez quedarán en las filas del PP, en función de lo previsto en el acuerdo de gobierno suscrito con Cs en junio de 2019, pese a que en este último partido no existiría ningún impedimento en abrirse a asumir nuevas competencias si resultase necesario para garantizar el equilibrio en el funcionamiento municipal, según pudo constatar este diario.
En todo caso, sí parecería probable que -a la espera de que pueda producirse, al menos, la incorporación de Cristina García- sea la edil de Hacienda, Comercio y Hostelería, Lidia López, quien pueda asumir las competencias de Ocupación de Vía Pública al tratarse de un área hasta cierto punto afín en la medida en que implica el pago de tasas y, además, queda ligada a la actividad hostelera. También podría resultar lógico que el edil de Medio Ambiente y Transportes (además de Limpieza y Gestión de Residuos y Contratación), Manuel Villar, asumiese la delegación de Partidas Rurales, aunque sería un área -junto a la de Participación Ciudadana- que también podría recaer sobre el mismo Peral, al tratarse del concejal que asume competencias de alcance general, que interconectan a varios departamentos, como las de Presidencia y Coordinación de Proyectos.
No obstante, el reparto de la delegación que podría resultar hasta cierto punto más complejo sería el de las competencias sobre Fiestas en tanto que es una de las áreas que procura una mayor visibilidad en términos de proyección pública, con lo que su asignación supondría todo un premio para el beneficiario. Sobre todo, a solo dos meses de que se celebren las fiestas de Fogueres de 2023, cuando se multiplican los actos previos. Fuentes consultadas apuntaron la posibilidad de que esa responsabilidad vuelva a quedar en manos del actual concejal de Infraestructuras, Tráfico, Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, ya que fue quien asumió esa delegación desde abril de 2018 hasta las municipales de 2019. No obstante, otras fuentes indicaron que se trataría de una opción poco probable, en la medida en que González ya asumiría cuatro áreas complejas que requerirían de la máxima dedicación. En todo caso, siempre existiría la posibilidad de que fuese el alcalde, Luis Barcala, el que se reservase la posibilidad de asumir esa competencia, toda vez que ya se cuenta con su presencia por su función institucional en la mayoría de grandes citas del programa de actos previos a los días centrales de les Fogueres. Con ello, además, ganaría una plataforma para el contacto con el colectivo festero en la antesala de la cita con las urnas.