Alicante rebate a la juez: los centros comerciales aceptaron el abierto total de Maisonnave en 2013

ALICANTE. El modelo comercial de la ciudad de Alicante seguirá discutiéndose en los juzgados en una contienda técnica y legalista que, salvo pacto extrajudicial, podría prolongarse incluso hasta 2019 (fin de mandato actual). El tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís formalizó este lunes el recurso contra la sentencia del 7 de noviembre que reconoce a tres centros comerciales (Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante) el derecho a abrir los 365 días del año como ya lo hace el comercio instalado en el Centro tradicional y Maisonnave prácticamente de forma ininterrumpida desde 2013. 

Fue entonces cuando el Gobierno del PP de Sonia Castedo amplió la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que hasta entonces se limitaba sólo a la fachada marítima, tras aceptar la petición formulada por las asociaciones de comerciantes asentadas en ese ámbito. El tripartito se vale ahora precisamente de aquel acuerdo como pieza argumental central de su recurso para defender la plena vigencia de la exclusión de los tres centros comerciales, renovada con el acuerdo de octubre de 2015, en el que, además, se dejaba fuera a Maisonnave para abarcar sólo el entorno de Canalejas, plaza Calvo Sotelo, Gerona, Rambla, Casco Antiguo y Explanada de España. 

En defensa de su posición, el nuevo equipo de Gobierno recalca que los centros comerciales conocieron, aceptaron y consintieron aquella ZGAT de 2013 de la que no formaban parte, sin presentar recurso alguno hasta mayo de 2015. Entonces, además, lo hicieron sólo contra la denegación de su petición de ampliación para que se les incluyese también a ellos, pero sin llegar a poner en duda su validez.    

Por partes. Según pudo constatar Alicante Plaza, el recurso municipal incide en primer lugar en una cuestión de competencias. El ayuntamiento sostiene que el juzgado debió rechazar la impugnación presentada por los centros comerciales para que se les reconociese el mismo régimen de libertad horaria que a otros operadores (fundamentalmente, El Corte Inglés, asentado en Maisonnave), puesto que esa impugnación erraba en el tiro: debería haberse presentado frente al acuerdo posterior y realmente válido que correspondía adoptar a la Generalitat, a través de la entonces Conselleria de Industria, Turismo y Empleo. Ese acuerdo se hizo efectivo el 25 de enero de 2013. 

Los servicios jurídicos municipales subrayan, así, que el acuerdo municipal fue un mero trámite, sin eficacia, ya que la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales establece que los ayuntamientos se limitan a proponer de forma inicial el ámbito de las ZGAT; que esa propuesta no es vinculante, y que es el Gobierno autonómico quien, en último término, decide sobre ellas (puede aceptar la propuesta municipal sin más o rechazarla y acordar otra; eso sí, obligatoriamente de forma motivada).

En segundo término, el recurso municipal -al que tuvo acceso este diario- esgrime que, según esa misma Ley de Horarios Comerciales, la delimitación de una ZGAT es una obligación discrecional. Es decir, que ciudades como Alicante deben acordar necesariamente una zona ZGAT, pero tienen plena libertad para proponer su ámbito siempre que el espacio territorial escogido cumpla los requisitos marcados en la propia ley (en esencia, que se trate de un lugar de tránsito turístico por la presencia de un bien cultural de interés, por la existencia de una elevada concentración de plazas hoteleras o de segundas residencias, o por la llegada de cruceristas) y siempre que exista una motivación específica. El argumento vendría a reseñar, en definitiva, que la administración no debe acordar forzosamente todas las zonas que cumplan esos requisitos, sino que tiene cierta capacidad de maniobra.

El escrito incide en que la ZGAT propuesta por el PP en el Ayuntamiento y ratificada por el PP en el Consell se acordó precisamente porque su tramitación se acompañó de la debida motivación. En caso contrario, no se habría aprobado

El recurso también trata de rebatir la falta de motivación en los acuerdos municipales, una de las principales líneas en las que se basa la juez para aceptar el recurso de los centros comerciales. Según el recurso, tanto la desestimación de la ampliación de la ZGAT de 2013 solicitada por los tres complejos, como la delimitación de la de 2015 (que excluía también a Maisonnave), estuvieron debidamente motivadas. El escrito incide en que la ZGAT propuesta por el PP en el Ayuntamiento y ratificada por el PP en el Consell se acordó precisamente porque su tramitación se acompañó de la debida motivación. En caso contrario, no se habría aprobado. En aquel momento, se esgrimió que aquella ZGAT (Centro más Maisonnave) era la que habían solicitado los operadores comerciales de la zona y la que generaba consenso, aunque no llegó a votarse en un consejo local de comercio.

Ahora, el recurso insiste en que los centros comerciales eran conocedores de esa motivación, por lo que no podían alegar indefensión. Y, además, remarca que no hacía falta volver a aportar una argumentación adicional ni para denegar la petición de ampliación, ni para justificar la delimitación de la nueva ZGAT acordada en 2015 (todavía más restrictiva, al dejar fuera también a Maisonnave) porque ya estaba contenida en la propia ZGAT de 2013, que no incluía a los tres centros comerciales de forma expresa.

No se vulneró la competencia en 2013

Por último, los servicios jurídicos municipales se remiten también a esa ZGAT de 2013 -tramitada y aprobada por sendas administraciones controladas por el PP- para descartar que los acuerdos municipales (tanto el de 2013 como el de 2015) hayan supuesto una vulneración de la unidad de mercado, como así recoge la sentencia de primera instancia, en referencia al informe de la Secretaría para la Garantía de la Unidad de Mercado aportado por los centros comerciales como elemento de prueba en el proceso. El escrito persiste en que esa ZGAT se ajustó a ley (de hecho, no llegó a generar impugnaciones), lo que "conlleva la consideración de justificadas y proporcionadas de las limitaciones geográficas y temporales establecidas en la misma, por lo que en ningún caso se produce la vulneración de la unidad de mercado que se alega por las actoras y se se asume en la sentencia". Es decir, que si nadie se opuso al ámbito territorial de aquella ZGAT de 2013 por una supuesta desigualdad en las condiciones de competencia, nadie puede objetar ahora que existiese.

Por todo ello, el recurso insta al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) -la instancia judicial competente para resolver en apelación- a revocar la sentencia y a ratificar los acuerdos que en ella se dan por anulados.

En el caso de que el TSJ rechazase este primer recurso del Ayuntamiento, todo apunta a que se acudirá a la siguiente instancia judicial. El alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), ya ha anunciado que su intención es completar todo el recorrido de recursos posible con el propósito de defender la posición municipal: favorecer la apertura en domingos sólo para las zonas en las que los operadores comerciales se comprometan a ampliar plantillas e implantar condiciones de conciliación laboral y familiar de sus empleados, de modo que sólo trabajen un máximo de 11 festivos al año. Con el recurso, según Echávarri, el ayuntamiento mantiene una posición de fuerza para alcanzar un acuerdo en esta línea con los tres centros comerciales en disputa. A cierre de edición no había trascendido que existiese ninguna fecha para reanudar la negociación.