Cartel de Ecisa y Urbas en el perímetro del parque de La Torreta de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La promotora cotizada Urbas, dueña de la constructora alicantina Ecisa desde 2021, sigue buscando alternativas a la situación de estrangulamiento que vive la empresa, y que se ha agravado con el alza de los materiales. Como ha venido contando este diario, Ecisa ha perdido ya varias obras importantes al rescindir los contratos la Administración por incumplimiento (pese a que en paralelo se seguía adjudicando obras millonarias que debe acometer en breve), y los impagos empiezan a acumularse.
Así, según ha podido confirmar este diario, Urbas sondea recurrir a una solución que ya ha empleado en otras ocasiones: la capitalización de deuda. O lo que es lo mismo, convertir los créditos contra Ecisa en acciones de la compañía. Según distintas fuentes consultadas, la promotora cotizada ha trasladado de manera informal a varios de sus acreedores la propuesta de aplicar una quita del 50% a la deuda reconocida y entregar acciones por valor de la cantidad resultante.
Hipotéticamente, una factura impagada de 100.000 euros podría convertirse así, si el acreedor acepta, en 50.000 euros de capital de la constructora alicantina. La oferta está llegando a los acreedores de la empresa desde hace unas semanas, como ha podido constatar Alicante Plaza, aunque de momento no parece estar encontrando mucho eco. De llevarse finalmente a cabo, todo apunta a que Ecisa tendría que convocar una ampliación de capital para dar entrada a los nuevos socios (en estos momentos, el 100% de su capital está en manos de Urbas).
Mientras, la empresa sigue en una situación de parálisis total. Tras dejar paradas varias obras adjudicadas durante 2022, el Consell le rescindió a finales de año el contrato de 2,2 millones para la rehabilitación del barrio Miguel Hernández, que en marzo volvió a salir a licitación con doce empresas interesadas. Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante acaba de culminar el expediente para rescindir el contrato de la reforma de la plaza de San Blas, por 2,9 millones, tras quedar parada la obra a finales de 2022 tras haber realizado apenas unos trabajos preliminares. Y aguarda un dictamen del Consell Jurídic Consultiu para quitarle también la obra del parque del PAU-2, por otros 1,8 millones.
El último caso que ha trascendido, esta misma semana, es el de la reforma de la estación de tren en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna. Un contrato de más de 6 millones de euros que Renfe ya ha comenzado los trámites para rescindir y adjudicar a una nueva empresa, tal como ha publicado Levante-EMV. En este caso las obras estaban bastante más avanzadas, pero también llevan meses sin avances.
En sus alegaciones a los citados expedientes de rescisión, Ecisa ha alegado que los retrasos obedecían a problemas de abastecimiento por el incremento de costes de los materiales, y a dificultades arrastradas desde el impacto de la pandemia del covid-19. No obstante, el Ayuntamiento de Alicante rechazó esta explicación al constatar sus técnicos que la empresa había abandonado las obras y dejado sin pagar facturas de proveedores, al tiempo que varios trabajadores vinculados a la obra habían dejado su puesto en la empresa para incorporarse a otras compañías.
