ALICANTE. Las diligencias preliminares incoadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 derivaron finalmente en el registro de una denuncia propia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante Plaza número 5 con el fin de marcar los pasos a seguir en el proceso de instrucción judicial.

Esa denuncia avalada por la Fiscalía Especial Anticorrupción de Madrid quedó registrada el pasado día 16  -aunque entonces no se había confirmado que el traslado de las actuaciones se acompañase del registro de denuncia- y se dirige contra cinco personas en concreto. Se trata, en primer lugar, de la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, que presentó su dimisión un día después de que trascendiese que ella era una de las socias cooperativistas que compró una de las viviendas de la urbanización, tras haberse inscrito en la cooperativa en 2018.

Gómez -que figuró como número 3 en la candidatura con la que el Partido Popular (PP) concurrió en las municipales de 2023- justificó su renuncia al acta de concejal con el fin de facilitar que el expediente de investigación anunciado por el alcalde, Luis Barcala, pudiese "seguir su curso sin interferencias de ningún tipo", después de haber aportado toda la documentación que le había sido requerida, según se concretó entonces, a través de un comunicado. Una semana más tarde, el informe de averiguación de hechos encargado por el alcalde concluyó que no había tenido ninguna participación en el expediente de la subasta del solar, ni en el de la concesión de la licencia. Semanas más tarde también se conoció que su suegro y su excuñada también eran propietarias de viviendas en Les Naus.

En segundo término, la denuncia de Anticorrupción apunta a una primera funcionaria municipal: la jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman, que ya ocupaba ese puesto en el momento en el que se produjo la subasta del solar en el que se levantó la promoción. Pérez-Hickman también presentó su renuncia al cargo de directora general de Organización Interna para el que había sido seleccionada por el actual equipo de gobierno en mayo de 2024. Su decisión se precipitó horas antes que la de Gómez, puesto que también había trascendido que dos hijos suyos y un sobrino figuraban igualmente entre los compradores de pisos de Les Naus. Sea como fuere, el mismo informe de averiguación de hechos encargado por el alcalde también descartaba que ella hubiese tenido capacidad decisoria alguna en la resolución de la subasta del solar, a pesar de que ejerciese como secretaria de la Mesa de Contratación entonces.

En tercer lugar, Anticorrupción señala al arquitecto municipal Francisco Nieto, igualmente, socio cooperativista de Residencial Les Naus. El informe de averiguación de hechos descartaba que hubiese tenido influencia en ningún acuerdo relacionado con la promoción, aunque sí apuntaba que participó en las reuniones de seguimiento del contrato de la subasta y que estuvo a punto de ser nombrado director de ese contrato. 

La Fiscalía solicita que se encargue a la UDEF un informe sobre la regularidad de las adquisiciones de los pisos en el que se valore la capacidad económica de los cooperativistas 

En cuarto lugar, la denuncia incluye al administrador único de Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus, Francisco Ordiñana. Se trata, igualmente, de otro de los socios de la cooperativa que adquirió uno de los pisos de la promoción, como también lo hicieron otros de sus máximos responsables, que no se incluyen en la denuncia.

Y, por último, Anticorrupción dirige su escrito frente al funcionario del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Roberto Palencia, que visó los contratos de los 140 pisos de la promoción. Dicho funcionario fue suspendido de empleo y sueldo por la propia conselleria al constatar -en una segunda supervisión de los expedientes- que había validado el contrato de su propia esposa (que, además, trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante) sin computar sus propios ingresos económicos (los de él) en el límite de renta que marca el decreto que regula el acceso a una VPP (54.600 euros, que pueden extenderse hasta los 66.000 en función de distintos parámetros, como tener hijos o mayores a cargo). Esa información quedó omitida en el expediente de visado del contrato de su esposa, a pesar de que él formaba parte de la misma unidad familiar de convivencia.

Desde el principio, Anticorrupción había puesto el foco principalmente en el comportamiento de dicho técnico, a partir de la denuncia presentada contra él por la propia Conselleria de Vivienda, al considerar que del proceder respecto al visado del contrato de su mujer se desprendían, como mínimo, indicios de prevaricación. Todo, a la espera de concluyese el proceso de revisión del conjunto de los visados, todavía en curso por parte del departamento autonómico, y de que pudiesen detectarse supuestas anomalías adicionales en otros casos que la misma conselleria anticipó que también pondría en conocimiento de la justicia.

Cinco delitos

No obstante, en las indagaciones preliminares abordadas por Anticorrupción no solo se habría apreciado indicios del delito de prevaricación. Su denuncia contempla también la posible comisión de otros cuatro delitos: información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios, según se habría podido observar a partir de los hechos manifestados en las cuatro denuncias previas registradas ante la propia Fiscalía. Es decir, las presentadas por Sumar, por el grupo municipal del PSOE, por el equipo de gobierno de Alicante y por la Conselleria de Vivienda.

Anticorrupción no dispuso de tiempo material para poder recabar documentación e información adicional para ampliar sus indagaciones, ya que la denuncia posterior registrada por Manos Limpias en los juzgados propició la apertura de diligencias y aceleró el proceso con la incoación de las diligencias judiciales que asume la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. De ahí que, en su propia denuncia, Anticorrupción exponga una larga lista de información relacionada con la gestión de los pisos de la controversia para que sea el juzgado quien la solicite. Un trámite que se produjo este mismo miércoles, a través del dictado de una primera providencia en relación a los hechos investigados.

En concreto, Anticorrupción solicitaba que se requiriese al Ayuntamiento de Alicante copia de la documentación relacionada con el procedimiento de subasta del solar municipal adjudicado a Residencial Les Naus el 22 de marzo de 2022, así como copia de todos los informes elaborados para verificar la regularidad de la adjudicación y a la comprobación de los requisitos de los adquirientes de los pisos. En especial, los elaborados por el Servicio de Gestión de Patrimonio, que fueron los que, en primer término, alertaron de la posible existencia de incompatibilidad o de conflicto de interés, a la vista de la identidad de los compradores y de sus vínculos con el ayuntamiento. Fuentes municipales consultadas por este diario precisaron que el requerimiento judicial de información había quedado registrado en el Ayuntamiento este miércoles y que se prepararía la entrega de toda la información solicitada. 

Además, Anticorrupción también plantea que se solicite a la Conselleria de Vivienda copia de cuantos informes se hayan elaborado respecto a la verificación de las condiciones de los compradores de las viviendas, sobre la totalidad del papel desempeñado por el funcionario autonómico que visó los contratos, y el detalle de cuantas personas hubiesen participado en la revisión de esos expedientes. A ello añade que se aporte copia de todos los expedientes de las 140 viviendas para que puedan ser analizados por la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a la que ya se ha solicitado la emisión de un informe.

Y por último, Anticorrupción también pide a la instructora que inste a la cooperativa Residencial Les Naus a facilitar copia de sus estatutos, de la relación de integrantes de su consejo rector, de la relación de solicitudes de ingreso en la cooperativa, del libro registro de socios, de los contratos de adhesión a la cooperativa y adjudicación de vivienda, de la relación de viviendas entregadas y de la fecha de escritura de adjudicación, así como la documentación e información sobre el proceso seguido para la selección de los adjudicatarios de las viviendas y lista de espera que a tal efecto se hubiera podido confeccionar. 

Al margen de esa documentación, Anticorrupción plantea que se solicite a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional para que elabore un informe sobre la regularidad en las adquisiciones de las viviendas del Residencial Les Naus en el que se incluya un análisis de la capacidad económica de los adquirentes, el precio real de compra de las 140 viviendas y el destino de los fondos recibidos por la promotora, entre otros puntos.