ALICANTE. El colectivo Manos Limpias también irrumpe en la crisis por la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. Lo hace con el registro de una nueva denuncia con la que pretende que se depuren posibles responsabilidades penales en la venta del suelo y en el reparto de los 140 pisos de la promoción entre los socios cooperativistas de Residencial Les Naus. 

En este caso, el escrito quedó registrado en la tarde de este jueves ante el juzgado de guardia del Palacio de Justicia de Benalúa, sin que haya trascendido todavía si se ha producido su reparto. Esa nueva denuncia se convierte, así, en la quinta presentada en relación a los mismos hechos, tras las promovidas por la plataforma Sumar, por el grupo municipal del PSOE, por la Conselleria de Vivienda y por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). Eso sí, con la diferencia de que esas denuncias se presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que ya ha abierto diligencias de investigación preliminar, tras acumular los escritos y dejarlos en manos de los fiscales adscritos a Anticorrupción, Pablo Romero y Francisco José Marco.

La denuncia de Manos Limpias se dirige, además, contra diez personas concretas. En primer término, figuran la exconcejala de Urbanismo, la exdirectora general de Organización Interna, el arquitecto municipal que también obtuvo un piso como socio cooperativista y una segunda arquitecta municipal, esposa del técnico de la Conselleria de Vivienda que visó todos los contratos. A ellos se suma otro funcionario municipal sin identidad definida al que Manos Limpias le atribuye el puesto de jefe del servicio de viviendas, el notario que firmó los contratos de escritura de compra de los pisos, y cuatro representantes de la cooperativa Residencial Les Naus: el administrador, el presidente, la secretaria y la vicepresidenta.

La organización les considera responsables de cuatro delitos: falsedad en documento público mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios. Esos ilícitos se habrían cometido en la adjudicación o compra de esas viviendas "a miembros concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, así como a directivos de la referida cooperativa y adjudicatarios diversos de los diferentes pisos", según detalla el escrito.

En él, se incide en supuestas anomalías como que "no se hizo publicidad de esas viviendas con la justificación de que ya había listas de espera", que la Generalitat Valenciana "amplió el límite de los ingresos totales de la unidad familiar para acceder a la vivienda" y que "las viviendas adquiridas en varios casos, y una vez escrituradas, han sido puestas a la venta por el doble de su adquisición, interviniendo una agencia inmobiliaria, donde en un vídeo manifiesta que una cantidad aproximada de 175.000 euros debe darse en B", precisa. Por último, Manos Limpias también considera anómalo el hecho de que varios hermanos de distintas familias obtuviesen viviendas en la misma promoción.