ALICANTE. La crisis desatada en torno a las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en una parcela municipal del distrito de Playa de San Juan subastada por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 queda finalmente bajo el escrutinio de tres instancias distintas con el propio ayuntamiento, la Conselleria de Vivienda y la cooperativa que las construyó bajo el foco de atención, con el fin de que pueda determinarse si pudo existir delito o presunto fraude en la adjudicación del suelo, en la compra de las viviendas, en la comprobación de los requisitos de los adquirientes, o en el uso final que se les haya podido dar a esos 140 pisos.
La primera de esas instancias que revisará los hechos es el mismo Ayuntamiento de Alicante, a través de la comisión de fiscalización promovida por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem que acabaron respaldando también Vox y el mismo equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). En segundo, término las Cortes, por medio de la comisión de investigación aprobada este jueves a partir de la propuesta registrada por Vox: la única que sumó el apoyo del PP (al margen de recabar también los votos de Compromís), mientras que las promovidas por PSPV y por la coalición valencianista quedaron desechadas por populares y voxistas. Y en tercer lugar, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante Plaza número 5, a partir de la denuncia registrada por Manos Limpias, con el asesoramiento jurídico de los letrados José María Bueno, Yulia Ivanistova y María del Carmen Caballero.
Por el momento, la única de esas tres instancias que ha puesto en marcha trabajos para tratar de investigar y esclarecer lo sucedido es la judicial, al margen de que el departamento autonómico de Vivienda también haya promovido sus propias comprobaciones respecto a los requisitos de los compradores de los pisos y sobre los residentes empadronados en ellos, en una labor coordinada con el Ayuntamiento, que también ha elaborado al menos dos informes en los que se habría descartado la participación de cargos públicos o funcionarios vinculados con la adquisición de pisos en la toma de decisiones sobre ellos.
Sea como fuere, es la titular del juzgado que asume las diligencias quien dictó este miércoles una primera providencia para profundizar en los hechos en la que insta al Ayuntamiento, a la Conselleria de Vivienda y a la cooperativa Residencial Les Naus a aportar toda la documentación relacionada con la gestión de esas viviendas, a partir de la solicitud de información formulada por la Fiscalía Anticorrupción en su propia denuncia.
Entre esa documentación figura la solicitud de los estatutos de la cooperativa y el registro de socios, así como la relación de solicitudes de ingreso en la cooperativa con indicación de la fecha de solicitud de adhesión y copia de los contratos de las viviendas, entre otros puntos. Lo cierto es que se trata de una documentación que la cooperativa ya tenía preparada con la intención de aportarla al procedimiento con la voluntad de que pudiese aportarse la máxima claridad posible, según apuntaron sus responsables, a consulta de Alicante Plaza. En esta línea, sus representantes defendieron que el registro de socios constata su orden de inscripción cronológica sin que se hubiese producido modificaciones en el orden de los cooperativistas con el propósito de beneficiar a alguien de ellos en concreto.
Las mismas fuentes reiteraron que gran parte de los inscritos de partida procedían de la lista de solicitantes de vivienda de otra promoción previa -en este caso, de vivienda libre- también desarrollada en régimen de cooperativa en el distrito de Playa de San Juan. Se trata de Residencial Viride. Así, apuntaron que, cuando se constituyó la cooperativa, en agosto de 2018, con la intención de optar a la subasta del solar municipal, se elaboró un primer anteproyecto en el que se preveía la construcción de 134 pisos y se abrió una primera lista de inscripciones en las que se demandaba una reserva de 2.000 euros a cada interesado. "Cuando el ayuntamiento paralizó la subasta por los recursos presentados, esa cantidad se devolvió, con el compromiso de que se mantendría el orden de inscripción en el caso de que consiguiésemos que se retomase, a través del contencioso que presentamos", añadieron.
Así, en 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) falló a favor de la cooperativa y se conminó al Ayuntamiento de Alicante a retomar el proceso con las mismas condiciones (incluida la cláusula del desempate, en la que se primaba al licitador que hubiese presentado la primera propuesta), se volvió a contactar con los solicitantes para comprobar si seguían interesados "y la mayoría decidió continuar, y otra pequeña parte dijo que no porque habían cambiado sus condiciones o por el motivo que fuese".
"Aquí no se ha inscrito a nadie por ser del PP o estar relacionado con el ayuntamiento, como se está intentando trasladar", insistieron. "Es cierto que no hicimos publicidad, pero es que ya la hicimos con Viride y teníamos lista de espera; además, en 2018 ya se conocía a través de los medios de comunicación que se iba a convocar la subasta y que nos presentábamos al concurso", añadieron. "Y remitimos un escrito en conselleria para anunciar que íbamos a participar en esa licitación para que lo comunicasen a los demandantes del registro autonómico", recalcaron.
Perfil de los compradores
Hasta el momento, como ha venido informando este diario, y se ha ido conociendo en las últimas semanas, entre los socios de la cooperativa que compraron los 140 pisos figuran la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la jefa de Contratación; dos arquitectos municipales (sobre los que se sigue instruyendo un expediente informativo); otros nueve funcionarios municipales no vinculados a las áreas de Patrimonio, Urbanismo o Contratación; la madre de los hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez; los hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal; el administrador único de la cooperativa, el presidente, la vicepresidenta y la secretaria.
Además, también figuran las hijas de una farmacéutica; la hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales; una funcionaria del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant (a la que este diario no había identificado deliberadamente hasta ahora -como tampoco se ha hecho con ningún otra persona que no asumiese un cargo público que pudiese estar vinculado con el proceso municipal- aunque ha acabado trascendiendo que se trata de su tesorera, que había ocupado plaza como interventora de la Generalitat hasta hace unos años); y otras personas relacionadas con el sector inmobiliario o con una floristería, por ejemplo.
Por ahora, al margen del previsible caso de la arquitecta municipal pareja del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los contratos, no se ha determinado que alguno de esos compradores incumpla los requisitos económicos fijados como límite en el decreto regulador de acceso a una VPP aprobado por el actual Consell del PP en 2024: no disponer de otra vivienda en propiedad y no disponer de ingresos que superen en 6,5 veces el IPREM en 14 pagas (el equivalente a 54.600 euros como línea general, ya que ese margen se amplía en determinados supuestos) para el conjunto de los miembros de la misma unidad familiar conviviente.
Fuentes de la cooperativa apuntaron a este diario en manifestaciones previas que el conjunto de los socios aportaron una declaración responsable en la que aseguraban que cumplían esas condiciones y que así lo validó después la Conselleria de Vivienda. Y representantes de la comunidad de propietarios también defendieron el esfuerzo económico que habían asumido gran parte de ellos para poder asumir la compra de las viviendas, con la suscripción de hipotecas, al margen de cuál fuese su profesión.
Sea como fuere, la Conselleria de Vivienda continúa realizando comprobaciones respecto al cumplimiento de esas condiciones para el conjunto de los 140 socios de la cooperativa, después de detectar omisiones de información en al menos una decena de casos. Además, también ultima el cruce de datos entre los empadronados en las viviendas y los datos del Registro de la Propiedad para determinar si se ha producido alguna venta en fraude, sin la autorización previa de la administración que resulta imprescindible. En paralelo, en coordinación con el Ayuntamiento, también se han girado visitas para precisar la identidad de los ocupantes de las viviendas para verificar si se ha podido producir algún alquiler irregular.
