ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), concluye el expediente de averiguación interna abierto con el fin de determinar si hubo más funcionarios o cargos públicos entre los compradores de las viviendas de protección pública (VPP) construidas en un solar municipal subastado entre los años 2018 y 2022. Lo hace con el hallazgo de un total de diez coincidencias (tras cruzar nombres y DNI con el listado de adquirientes de la Conselleria de Vivienda), entre las que se incluye la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, así como los dos arquitectos municipales de los que ya se tenía constancia prácticamente desde el momento en el que se desencadenó la polémica. 

En consecuencia, el listado incluiría a otros siete trabajadores municipales no contabilizados hasta ahora sobre los que, no obstante, se habría concluido que no habían tenido ninguna intervención directa con los expedientes de venta del solar de Playa de San Juan en el que se levantó la promoción, o con la concesión de la licencia de obra posterior. De este modo, se ha determinado que ninguno de los siete tuvo intervención directa que pudiese haber propiciado un acuerdo, decisión o gestión en su propio beneficio, por lo que no se les abrirá ningún expediente informativo que pueda concluir en una posible medida disciplinaria.

Según fuentes consultadas, entre esos restantes siete funcionarios figurarían personas (entre ellas, un matrimonio, uno de cuyos miembros ya no trabajaría en el ayuntamiento, aunque sí lo hizo hasta 2022) adscritas a áreas como Estadística o Bienestar Social, sin ninguna vinculación con los departamentos de Contratación, Patrimonio o Urbanismo que sí participaron en alguna fase administrativa vinculada con las VPP de iniciativa privada desarrolladas por la cooperativa Residencial Les Naus. De ahí que se haya descartado que pudiesen esos siete empleados públicos tomasen parte en alguna resolución respecto a esa promoción.

Solo adquirientes directos

Ese listado solo incluye los compradores efectivos de pisos en el residencial, por lo que no se incluyen casos de trabajadores que puedan tener algún tipo de vínculo familiar o personal con los adquirientes. Es decir, entre esas 10 coincidencias no se contabiliza, por ejemplo, el caso de la exdirectora general de Organización Interna -ahora de nuevo en su plaza de jefa del área de Contratación, tras renunciar al puesto de confianza al que accedió en 2024-, que se ha visto salpicada por la controversia ante el hecho de que dos hijos suyos y un sobrino fuesen dos de los socios cooperativistas que adquirieron pisos, tras inscribirse en Residencial Les Naus a finales de 2021.

El resultado de ese expediente de averiguación interna se ha comunicado este viernes en el transcurso de un encuentro con los representantes sindicales que conforman la Junta de Personal. En esa reunión, también se ha concretado que siguen en curso los expedientes informativos abiertos respecto a los dos arquitectos, sobre los que no se ha adoptado una decisión definitiva. Se trata, por un lado, de la esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los contratos de los 140 compradores de la promoción y del arquitecto que sí estuvo presente en varias de las reuniones de seguimiento del contrato de compra de la parcela municipal y que estuvo a punto de ser nombrado como director técnico del contrato. Con todo, el dictamen previo emitido por el vicesecretario general determinó que dicho funcionario no adoptó acuerdo ejecutivo alguno relacionado con la promoción de las VPP. Esa misma conclusión se extendía respecto a la exedil de Urbanismo y respecto a la jefa de Contratación.