ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), se resiste a dejar pasar la oportunidad de conseguir financiación europea a través de los llamados Fondos Edil de apoyo a la regeneración urbana y vuelve a dar otro paso para pelear su concesión mediante el registro de un recurso especial ante el Ministerio de Hacienda: el brazo estatal encargado de canalizar su reparto. Ese recurso llega después de que el gabinete que coordina la vicepresidenta primera María Jesús Montero rechazase, el pasado 19 de diciembre, el conjunto de las alegaciones formuladas por los ayuntamientos y otras administraciones que quedaron descartados de la asignación de recursos en la resolución inicial, dictada a principios de octubre.

Esa respuesta, que confirma la denegación de fondos para los proyectos planteados por Alicante, no aporta información adicional sobre los motivos de esa exclusión, ni contesta de forma específica a las objeciones formuladas por el ayuntamiento. Se trata, en realidad, de una resolución global que no entra a analizar los pormenores de cada alegación. De ahí que el equipo de gobierno haya abogado por insistir con una nueva reclamación administrativa -equivalente al recurso de reposición- en la que, básicamente, vuelve a exponer los mismos argumentos que ya incorporaron en el trámite de alegaciones.

El nuevo recurso quedó registrado el pasado 27 de enero, según fuentes consultadas. Y, a grandes rasgos, en él se insiste en la tesis de que el ministerio cambió a mitad del juego los criterios de baremación previstos en la convocatoria. En concreto, la reclamación incide en que en esas bases se había previsto que la suma global asignada a cada ámbito territorial se repartiría de forma proporcional entre las peticiones que superasen los 50 puntos en la fase de evaluación de proyectos. Y esa condición, según mantiene el equipo de gobierno, no se llegó a tener en cuenta, al introducir otra exigencia adicional que se considera discrecional: que se garantizara que todos los planes seleccionados dispusiesen de una planificación anual del gasto programado para el 70% de la ayuda solicitada.

Además, la nueva reclamación municipal también apunta que la resolución sobre el reparto de los fondos se limita a asignar una puntuación numérica a cada una de las propuestas presentadas sin detallar ni especificar cuál es el fundamento de esa baremación. Una circunstancia que, según el equipo de gobierno, impide conocer los motivos por los que se concede una determinada cantidad de puntos en lugar de otra. Es decir, que se generaría una situación de indefensión al no existir una motivación o justificación de los puntos concedidos en cada caso.

Está por ver cuál puede ser la respuesta de Hacienda a ese nuevo recurso, aunque fuentes municipales consultadas indicaron que todo parece indicar que la reclamación será desestimada. En todo caso, las mismas fuentes señalaron que se agotarán todas las vías posibles para revertir la resolución del ministerio y que se acudirá a la vía contencioso-administrativa con la interposición del correspondiente recurso para que sean los tribunales los que analicen la posible discrecionalidad y arbitrariedad que según el equipo de gobierno habría imperado en la resolución denegatoria de las ayudas comunitarias. De hecho, ese recurso especial presentado ahora constituye el paso previo e imprescindible para que el ayuntamiento pueda interponer, después, ese próximo contencioso. Todo, además, a la espera de que la Comisión Europea también se pronuncie sobre la queja elevada por el ayuntamiento respecto a la resolución de Hacienda, el pasado noviembre.

Diez proyectos

Alicante presentó a esta convocatoria de fondos europeos proyectos de mejora de la ciudad por 20 millones de euros, de los que esperaba obtener 12, al estar distribuida la financiación al 60% de fondos europeos y 40% municipales. En la lista de iniciativas presentadas figuraban la adecuación del Colegio López Soria como Centro de Proximidad; la reforma de la nave del antiguo secadero de Las Cigarreras como espacio para el programa Aterriza; la ampliación del Centro de Empleo y Formación para el Empleo ‘El Tossalet’; el nuevo Pabellón de Tómbola; la mejora del Centro Municipal Integrado de la plaza de Argel; la renovación integral del Parque Lo Morant, la de la plaza de Orán y la del Dolçainer Lluis Avellà, así como mejora de las plazas de la Constitución y de El Palamó, además del impulso de proyectos del programa Smart City.

En suma, se pretendía poner el foco en actuaciones encuadradas en los barrios de la Zona Norte, según fuentes municipales. No obstante, todos ellos han quedado ahora bloqueados a la espera de que se dilucide si podrán acabar contando con financiación europea, a pesar de que el equipo de gobierno había anticipado su intención de darles impulso de forma progresiva a través de los presupuestos municipales. Por lo pronto, en el caso de la construcción del pabellón de Tómbola se ha producido, incluso, la resolución del contrato a petición de la empresa que había resultado adjudicataria de su construcción, antes de que se produjese la solicitud de fondos europeos para cofinanciar sus obras.