ALICANTE. La Comisión Europea (CE) recoge la denuncia elevada por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), respecto a la resolución adoptada por el Ministerio de Hacienda en el reparto de las ayudas comunitarias del programa Edil (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) que excluyó los proyectos presentados por el ayuntamiento, y abre el correspondiente expediente de indagación para analizar los argumentos expuestos frente a esa denegación.

Así se pone de manifiesto en una resolución del poder ejecutivo de la UE, fechada el pasado 20 de noviembre, en las que se admite a trámite la queja oficial registrada por Alicante respecto a la desestimación de su propuesta con la que se aspiraba a lograr cofinanciación para impulsar una decena de actuaciones por valor de 20 millones. En esa respuesta, se apunta que se analizarán las alegaciones formuladas por el ayuntamiento, tras validar la corrección de sus fundamentos, lo que conllevará la revisión de los criterios utilizados por el ministerio para resolver la concesión de esas ayudas.

Por último, la CE emplaza la emisión de un pronunciamiento respecto a la posición municipal en el plazo de dos meses, lo que no conlleva que vayan a estimarse las pretensiones de la denuncia, ni que vaya a cancelarse la asignación de fondos a otros municipios que sí habrían sido beneficiarios de su concesión. Entre ellos, otros ayuntamientos de la provincia de Alicante, gobernados tanto por el PSOE como por el PP, que sí han logrado ayudas para la ejecución de sus propuestas, en función de la asignación provisional acordada por el ministerio a principios de octubre. 

Lo cierto es que Hacienda no ha llegado a resolver todavía respecto a las objeciones formuladas por el conjunto de ayuntamientos -entre ellos, el de Alicante- que se acogieron a la ampliación del plazo para la presentación de alegaciones hasta el pasado 24 de octubre. De este modo, todavía no se ha emitido una resolución definitiva sobre el reparto de esas ayudas, lo que abriría la puerta a que pudiesen acordarse posibles modificaciones. Hasta el momento, al menos en el caso de Alicante, el ministerio se habría ajustado a informar sobre las puntuaciones asignadas a su solicitud que habrían motivado la denegación de fondos.

Esa información fue la que llevó al equipo de gobierno a presentar un segundo paquete de alegaciones, y a elevar una denuncia a la CE, al interpretar que el proceso de asignación había sido discriminatorio, que no cumplía con los principios de transparencia y equidad, que no se atenía a criterios de población y que tampoco había valorado la eficacia en la gestión de fondos europeos en convocatorias previas, entre otros argumentos. Además, tanto en esas alegaciones como en la queja registrada en Bruselas, exigía que se diesen a conocer las pautas que se habían aplicado para baremar las solicitudes.

Entre tanto, la posición del Ayuntamiento de Alicante, junto a la de otros municipios igualmente excluidos en el reparto, ya habría encontrado acomodo en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Tanto es así que su secretario general, Luis Martínez Sicluna, se hizo eco de las quejas manifestadas en última reunión de la comisión de fondos europeos de la federación, celebrada el pasado 29 de octubre, para remitir una comunicación a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, en la que insta a responder a varios de los planteamientos formulados en ese foro respecto al procedimiento seguido para la asignación de las ayudas. Esa solicitud, según argumenta el escrito, se plantea con el propósito de atender "el interés general de las entidades locales" y contribuir a "reforzar la transparencia y objetividad del procedimiento".

En esa comunicación, se demanda, en primer lugar, "la remisión de la información técnica solicitada por las entidades locales que no han resultado beneficiarias en la resolución provisional y que han presentado alegaciones, con el fin de permitir un adecuado conocimiento de la valoración realizada". En segundo término, se solicita "la revisión de la resolución provisional, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras, y en particular el relativo al prorrateo aplicable a los planes que superan los 50 puntos". En tercer lugar, se reclama "la reconsideración, en su caso, de los criterios territoriales aplicados, a fin de garantizar una distribución equitativa, proporcionada y objetiva de los fondos". Y en cuarto y último término, se pide que se aplique "la valoración adecuada de la experiencia previa en la gestión de fondos europeos como indicador de solvencia técnica, en los casos en los que no se haya tenido en cuenta".

Diez proyectos pendientes de fondos

Está por ver qué respuesta puede tener esa petición de la FEMP, con la que se trata de ejercer presión para que el ministerio pueda modular la asignación de fondos entre los ayuntamientos que cumplían las bases del proceso. Por el momento, los diez proyectos para los que el ayuntamiento había solicitado financiación quedan aparcados. Se trata de diez actuaciones que comprenden, en su mayor parte, el desarrollo de distintas infraestructuras concentradas en los barrios de la Zona Norte, como la adecuación del Colegio López Soria como Centro de Proximidad; la reforma de la nave del antiguo secadero de Las Cigarreras como espacio para el programa Aterriza; la ampliación del Centro de Empleo y Formación para el Empleo ‘El Tossalet’; el nuevo Pabellón de Tómbola (cuyo retraso de más de un año y medio ha propiciado que la empresa adjudicataria renunciase a su ejecución); la mejora del Centro Municipal Integrado de la Plaza de Argel; la renovación integral del Parque Lo Morant, de la Plaza de Orán y la del Dolçainer Lluis Avellà; así como mejora de las plazas de la Constitución y de El Palamó, además del impulso de proyectos del programa Smart City.

Tanto el alcalde, Luis Barcala, como el resto de representantes del equipo de gobierno con competencias sobre la gestión de esos proyectos han mantenido la voluntad de ejecutarlos con fondos propios, tras su consignación presupuestaria en los próximos ejercicios, sin renunciar a impulsarlos. En cualquier caso, también se pretende insistir en la reivindicación de las ayudas incluso mediante el inicio de acciones legales, mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de Hacienda.