ALICANTE. Alegaciones ante el Ministerio de Hacienda, denuncia ante la Comisión Europea, posible recurso contencioso-administrativo... y también queja ante el Tribunal de Cuentas Europeo y ante el Defensor del Pueblo. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), está dispuesto a usar todos los recursos a su alcance en su batalla por la concesión de fondos europeos, después de que el Ministerio de Hacienda excluyese la solicitud municipal en su resolución sobre la distribución de financiación de programa Edil. Cuando menos, así se apunta en la queja formulada ante la Dirección General del programa Feder de la Unión Europea, el pasado 23 de octubre, en la que se insta a promover una revisión de la decisión adoptada por el ministerio.

En esta línea, en ese escrito, rubricado por el propio alcalde, Luis Barcala, se detalla el proceso seguido hasta ahora para revindicar una corrección en la asignación de esos fondos comunitarios tras precisar que ya se han registrado alegaciones ante el Ministerio de Hacienda en las que se solicita información sobre "la puntuación detallada de la propuesta presentada por Alicante (que cumplía con los requisitos técnicos de la convocatoria)"; "la organización de una reunión técnica con las personas responsables de la convocatoria; y la revisión de los criterios territoriales aplicados en la distribución de fondos". Y ello, con el argumento de que "la asignación provisional había sido discriminatoria, no cumpliendo con los principios de transparencia y equidad, lo que impidió al municipio de Alicante acceder a la financiación", según sostiene el escrito. De hecho, para ejemplificar esa inequidad, el escrito municipal apunta que "Galicia, con una población inferior a 3 millones, ha recibido un total de 173.800.903 euros, mientras que la Comunidad Valenciana, con más de 5 millones de habitantes, ha recibido solo 94.576.178 euros de ayuda, a pesar de ser ambas regiones consideradas en transición".

Acto seguido, la queja registrada apunta que se considera que "ha existido una discriminación territorial en la asignación provisional de fondos, debido a la aplicación de un criterio territorial subjetivo". En segundo lugar, añade que "la asignación propuesta de fondos vulnera el principio de buena gestión financiera, que exige que los recursos presupuestarios se utilicen de manera económica, eficiente y eficaz", por lo que "solicitamos que se revise la distribución de los fondos para garantizar que se ajuste a criterios objetivos y transparentes". Así, incide en la posición apuntada hasta ahora por la que se mantiene que "el proceso de asignación debería haberse basado en la concentración temática y en las necesidades reales de la Comunidad Valenciana, respetando los principios de igualdad y justicia territorial".

Información sobre los criterios

Por ello, requiere que se facilite el detalle "los criterios de baremación de los proyectos" que deberían haber regido la convocatoria "los cuales hasta ahora son desconocidos", según se añade, ya que "esta comunicación aclararía la situación y permitiría comprender cómo se aplicaron esos criterios antes de proceder a la revisión de la asignación de fondos", ante la posibilidad, según se apunta, de que el Ministerio de Hacienda no los hubiera traspuesto de forma correcta en su aplicación. Al tiempo, con carácter subsidiario, el escrito solicita "una revisión de los criterios aplicados en la evaluación de los proyectos, con especial atención al criterio territorial". "En este sentido, solicitamos que se revise la asignación de los fondos y se adopten medidas correctivas para asegurar que la distribución de los fondos sea equitativa, transparente y esté basada en criterios objetivos. Además, pedimos que se implemente un sistema de seguimiento y evaluación más riguroso, ya que la falta de información y datos podría llevar a la Comisión a adoptar medidas preventivas, como interrupciones o suspensiones de pagos, así como correcciones financieras en el futuro", recalca.

Y, por último, el escrito reclama también una "reconsideración de la asignación de fondos a la Comunidad Valenciana, basada en su población y necesidades reales, con el fin de asegurar una distribución más equitativa de los recursos". Esa petición se fundamentaría, según la queja formulada, en el hecho de que la denegación de los fondos solicitados para la ejecución de una decena de proyectos valorados en 20 millones afectaría "negativamente a la cohesión social, la transición ecológica y el desarrollo sostenible" tanto en el caso de Alicante como en el del resto de municipios de la Comunitat, "agravando la desigualdad territorial respecto a otras regiones que han recibido una asignación más favorable".

Así, esa comunicación girada por el equipo de gobierno señala que "la gravedad de la situación administrativa es tal, que esperamos una actuación y respuesta inmediata". Y añade que el ayuntamiento se reserva "el derecho de solicitar al Tribunal de Cuentas Europeo que emita un informe al respecto o de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo en caso de que haya indicios de mala administración".