ALICANTE. La polémica suscitada en torno a las vivienda de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 deja todavía una pregunta esencial en el aire: ¿cuál será el futuro de los pisos en los que se constate que se compraron de forma fraudulenta? Esa situación se produciría en el supuesto de que las comprobaciones todavía en curso por parte de la Conselleria de Vivienda demostrasen que los adquirientes -socios cooperativistas de Residencial Les Naus- no cumplían los requisitos para poder acceder a una VPP. Es decir, no tener otra vivienda en propiedad y disponer de unos ingresos anuales inferiores a 54.600 euros (6,5 veces el IPREM en 14 pagas, según el último decreto regulador de diciembre de 2024) en el cómputo del conjunto de miembros que conformen la unidad familiar conviviente.

Hasta ahora, no se ha acreditado ningún incumplimiento, más allá del que se intuye respecto al funcionario autonómico que supervisó los contratos de las 140 viviendas, ya sancionado sin empleo y sueldo por haber validado el visado correspondiente a su mujer (arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante) sin haber baremado sus propios ingresos (los de él) cuando sí computaban a pesar de que los dos se encontrasen en régimen de separación de bienes. La revisión del resto de los expedientes han permitido detectar esa misma omisión de información respecto a los datos de los cónyuges en otra decena de casos, como informó este diario. De ahí que Vivienda haya instado a los compradores a aportar esa documentación adicional en un plazo de diez días que se extiende hasta principios de la próxima semana.

Todo parece indicar que será a partir de entonces cuando pueda concretarse si hubo otros socios cooperativistas que compraron alguna de las VPP sin tener derecho a ello. Y será en ese momento cuando la administración deberá tomar decisiones en un escenario que todavía se aventura incierto respecto a las opciones disponibles y sus consecuencias. La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, sí dejó claro este jueves que su departamento instaría expedientes de declaración de lesividad en los supuestos en los que se detectase incumplimientos. Se trata de un mecanismo regulado por ley que debe aplicarse de forma automática cuando se aprecia que una decisión previa dictada por la propia administración en favor de cualquier interesado resulta perjudicial para el interés público. 

Con ese trámite, se conseguiría anular los visados positivos de los contratos de compra conferidos de forma indebida: un objetivo para lo que podría resultar necesario acudir a la jurisdicción contenciosa. Ahora bien, ¿qué consecuencias tendría esa anulación? Fuentes del departamento autonómico consultadas indicaron que el piso en cuestión seguiría conservando la clasificación como VPP, ya que la decisión errónea no atañe a las características de la vivienda, sino a la situación real de su comprador en fraude. Pero la retirada del visado no conllevaría que ese adquiriente pudiese quedarse sin la propiedad de la vivienda. En este sentido, Camarero también ha incidido en varias de sus comparecencias sobre la polémica en que la Generalitat no puede revocar una adjudicación de vivienda que no ha acordado, puesto que no se trata de VPP de promoción pública, sino que su compra la concertó la promotora que las construyó. En este caso, una cooperativa que las asigna -como establece la normativa- entre sus propios socios de forma prioritaria.

Respaldo judicial

Así, todo parece indicar que la posible retirada de los pisos comprados en fraude acabará dependiendo de la existencia de una resolución judicial que lo ampare. Y para conseguirla habría que acudir a la vía civil. Es decir, el planteamiento que ya ha defendido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), para instar la declaración de nulidad de la compraventa del inmueble adquirido de forma irregular. De hecho, la compra en fraude, o en la que concurra un supuesto de falsedad documental, es uno de los supuestos contemplados para que pueda instarse una demanda civil en la que se solicite esa nulidad. Ahora bien, en ese escenario, también habría que concretar si la conselleria o el ayuntamiento tendrían legitimidad para instar esos procedimientos.

A todo ese proceso habría que añadir todavía un condicionante más: la investigación judicial ya en curso con el fin de desentrañar si en la gestión de esas viviendas pudo haberse cometido algún tipo de delito. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, Plaza número 5, ha abierto diligencias a partir de la denuncia registrada por Manos Limpias, y ha instado a la Fiscalía a que le dé traslado de las actuaciones que hubiese podido emprender, tras recibir otras cuatro denuncias previas: las de Sumar, PSOE, PP y la misma Conselleria de Vivienda. Ese trámite todavía no se ha producido, a la espera de instrucciones definitivas por parte de la Fiscalía Especial Anticorrupción en Madrid, sobre la procedencia, o no, de que la misma Fiscalía registre su propia denuncia, en la que se pondría el foco en el proceder del funcionario autonómico sancionado, como ya ha informado este diario. Así, la magistrada titular de la Plaza número 5 no ha acordado ninguna otra diligencia adicional encaminada a tratar de esclarecer los hechos.

Sea como fuere, las indagaciones judiciales obligarán a aplazar cualquier otra decisión que pueda conllevar la aplicación de una posible sanción puesto que la jurisdicción penal es la que dispone de prelación, como también informó Alicante Plaza. De este modo, todo parece apuntar que, en caso de fraude, no habrá posible castigo hasta que se cierre ese proceso de indagaciones y se determine si pudo existir delito. Y esa conclusión podría demorarse como mínimo varios meses.