ALICANTE (EP/EFE/AP). El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha insistido este viernes en que la Generalitat revisará "todos" los 140 expedientes de viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada de la promoción Les Naus en Playa de San Juan, fruto de la polémica en las últimas semanas por la compra de algunos de estos pisos a cargos del Ayuntamiento de Alicante. Además, ha descartado valorar la posibilidad de que los propietarios que hubiesen adquirido las viviendas de forma irregular puedan llegar a perderlas, o que el alcalde de Alicante, Luis Barcala deba dimitir.

"Se van a revisar todos los expedientes, los 140, con la certeza de que hemos reforzado la seguridad. A partir de ahora no existirá ningún funcionario promovido por PSOE y Compromís o por otro partido que decida en solitario los visados de las viviendas, ya que por encima de ese funcionario habrá un comité que velará por que los visados sean correctos y por que todo el mundo cumpla. Y llegaremos hasta donde la legislación nos permita", ha sostenido.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, que gobierna el PP en solitario al igual que el ejecutivo del Ayuntamiento de Alicante. La polémica surgió al conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo en Alicante, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los beneficiarios de estas VPP. Posteriormente, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria al trascender que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.

En este contexto, Barrachina ha explicado que la Generalitat desconoce por el momento el número exacto de viviendas de esta promoción adjudicadas irregularmente, pero ha garantizado que "la supervisión y la vigilancia será sobre los 140 expedientes". Según ha defendido, el Consell trasladó la información a Fiscalía "desde el primer día" y será "especialmente beligerante" para evitar este tipo de situaciones que "nos abochornan a todos".

Preguntado por si se deberían devolver las VPP adquiridas irregularmente, o por si debería dimitir Barcala, ha negado que el Consell haya hablado de ambas posibilidades y ha reiterado que llegarán "al máximo" de lo que permita la normativa. Cuestionado por qué cree que dimitió la concejala de Urbanismo, ha emplazado a preguntar a ella los motivos y ha remarcado que "por lo que se ha comprobado, su acceso a la vivienda se produjo antes de que fuera concejala", con lo que según él "no estaba incumpliendo nada". "Es su decisión, imagino que para no estar en el centro de ninguna polémica", ha abundado.

Reglas del juego del Botànic

Además, el portavoz ha indicado de nuevo -como ya defendió la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, este jueves- que esta promoción fue iniciada por una cooperativa privada en 2018, durante el anterior gobierno del Botànic, "con reglas del juego aprobadas por socialistas y nacionalistas y con un único caso detectado a día de hoy por no haberse inhibido: un funcionario promovido por socialistas y nacionalistas", que fue suspendido de empleo y sueldo tras tener conocimiento que es cónyuge de una de las solicitantes de VPP.

"Lo que sí ha cambiado es la forma de actuar: ahora se ha enviado a Fiscalía, cosa que no sucedía en los casos que afectaron a PSOE y Compromís", ha recalcado, y ha aprovechado para criticar que las valencianas Rebeca Torró y Pilar Bernabé [secretarias de Organización e Igualdad del PSOE] "no han encontrado el camino de Fiscalía" para denunciar los casos de acoso en las filas socialistas. Y ha enfatizado: "Nosotros sabemos dónde está la Fiscalía y en la Fiscalía desde el primer día obran todos los datos".

Por otro lado, el también conseller de Agricultura ha criticado que el Botànic construyera "cero viviendas públicas" frente a "las 4.4000 en distintas fases de ejecución" del anterior Consell. "Quienes ahora se preocupan por la vivienda pública podrían haber mostrado algún deseo al margen de la vicepresidencia exclusiva", ha añadido en alusión a la Vicepresidencia segunda durante la primera legislatura del Botànic.

Morant señala a Camarero

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, también se ha vuelto a referir este viernes a la polémica sobre las VPP de Alicante para insistir en que el cambio de normativa que habría permitido esas presuntas irregularidades en la compra de los pisos "fue impulsado por Susana Camarero", quien ahora, a su juicio, "está nerviosa". Morant ha hecho estas declaraciones en Castellón de la Plana, donde ha clausurado las jornadas interparlamentarias del PSPV-PSOE de la provincia, y al ser preguntada sobre las declaraciones de este jueves de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, que señaló que PSPV y Compromís "podrían llevarse una sorpresa" en el caso de estas adjudicaciones.

Camarero "está nerviosa, yo también lo estaría si me hubiese dedicado a hacer nada en mi competencia y para lo poco que se está haciendo lo que vemos es que hay un reparto y una adjudicación entre ellos", ha apostillado. La secretaria general del PSPV-PSOE ha advertido de que los socialistas estarán "muy vigilantes” ante cualquier irregularidad en la adjudicación de este tipo de inmuebles en la Comunitat Valenciana. "Vamos a denunciar el caso de esta promoción en Alicante, pero también lo vamos a hacer en todo el territorio, también aquí en Castellón", ha afirmado Morant, quien ha explicado que el origen del problema está en "un cambio normativo, por decreto directamente del Consell, que ha cambiado las condiciones de adjudicación y de acceso a estas viviendas y ha permitido, en el caso de Alicante, todo un sistema de reparto y adjudicación absolutamente irregular, corrompiendo el sistema", aunque, en sentido estricto, las viviendas las distribuyó entre sus propios socios compardores la cooperativa Residencial Les Naus que las promovió, al tratarse de VPP de iniciativa privada.

La dirigente socialista ha cuestionado que "se pueda acceder a una vivienda de protección pública sin haberla solicitado previamente" o "cobrando 3.000 euros al mes, cuando la vivienda de protección pública está diseñada precisamente para favorecer el acceso de la clase media y trabajadora". En este sentido, ha lamentado que se esté construyendo vivienda protegida "sin mecanismos de control" y ha asegurado que el PSPV-PSOE vigilará que "no esté ocurriendo también en Castellón". Por ello, ha exigido tanto al president, Juanfran Pérez Llorca, como a la vicepresidenta Camarero "todas las explicaciones, que den la cara y que comparezcan ante Les Corts Valencianes".

Además, ha exigido "la devolución de esos pisos" y ha reclamado "responsabilidad política", subrayando que "quien ha sido la máxima irresponsable es la propia consellera que impulsó un cambio de normativa". "Que deje de amenazar, que comparezcan en Les Corts y que nos explique detalladamente si ese cambio normativo se hizo expresamente para Les Naus o si se ha hecho para más promociones", ha añadido Morant.