ALICANTE. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, se ha vuelto a referir este jueves a la polémica desencadenada a cuenta de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 para defender la gestión de su departamento tanto en la redacción del nuevo decreto regulador de acceso a las VPP, aprobado en diciembre de 2024, y recalcar que el proceso de construcción de los pisos objeto de la controversia arrancó en 2018 bajo el mandato del Consell del Botànic y con las reglas acordadas por ese mismo gobierno, compuesto por PSPV, Compromís y Unides Podem. Al tiempo, ha incidido en que se sigue revisando el conjunto de los expedientes relacionados con las 140 viviendas de dicha promoción con el objetivo de determinar si pueden haberse registrado anomalías adicionales a las detectadas en el caso del funcionario ya expedientado por, presuntamente, haber beneficiado a su mujer al visar el contrato de compra de su piso de manera indebida. Y, como tercer eje central, ha sostenido que se sigue trabajando en el estudio de nuevas medidas de control para evitar cualquier tipo de fraude y mejorar la publicidad y la transparencia en las VPP de iniciativa privada.

Tras participar en una visita a una promoción de VPP en la ciudad de València, y de acusar a la ministra Diana Morant de no ejercer como tal para centrarse en su condición de secretaria general del PSPV -en respuesta a las críticas vertidas en Alicante también este mismo jueves-, Camarero ha defendido el funcionamiento del Plan Vive que "lo que pretende es suplir la falta de oferta" de suelo para ponerlo en el mercado, al margen de que también se desarrollen políticas de fomento de la rehabilitación, tras recordar que el Consell del Botànic no construyó ninguna vivienda social durante sus años de mandato. "Vamos a continuar poniendo de nuestra parte para que la política de vivienda continúe y no sea manchado por nada, poniendo todos los mecanismos para controlar esas viviendas", ha apuntado. 

Así, la vicepresidenta primera ha recriminado a Morant su "desconocimiento" por lo que ha pasado en la Comunitat para precisar que la tramitación de las viviendas de Residencial Les Naus se inició en 2018 y que es la cooperativa quien las adjudica entre sus socios, primero en ese mismo 2018, y después en 2021. "Por tanto, con las reglas del Botànic", ha subrayado. Además, ha apuntado que "la calificación provisional" de las viviendas como de VPP "se da en septiembre de 2023 con las reglas y con el decreto del Botànic" y ha incidido en que se han contado bulos y ha habido "mucha manipulación cuando también habría que preguntar y dejar en aire si no habrá algún funcionario o persona próxima al PSPV o a Compromís que también haya comprado algunas de esas viviendas". Es más, ha señalado que "quizá" esos dos partidos "puedan llevarse alguna sorpresa en las próximas horas".

De nuevo, ha reiterado que las adjudicaciones las concede la cooperativa y ha negado que se hiciese un decreto a la medida de los compradores. "Se ha dicho que para ser adjudicatarios tenían que tener 66.000 euros y es mentira, son 54.000 euros, y quiero decir que el cambio del decreto de junio de 2023 lo hizo el Botànic, en el que se pasó de 4,5 veces el IPREM a 6,5 veces en doce pagas", ha explicado. "Es decir, hizo una subida de 14.000 euros" en el límite máximo de renta para acceder a una VPP, según ha recalcado, frente a la subida de 7.000 que tuvo lugar con el decreto del PP, ya en 2024. Al respecto, ha apuntado que esa subida se produjo a petición del Consejo Valenciano de la Juventud "para que los jóvenes pudieran acceder a las viviendas, que no son viviendas sociales, que no pertenecen al parque social, sino que son viviendas más asequibles para que personas con una determinada renta puedan acceder a las mismas".

De igual modo, ha apuntado que "la subida del módulo del precio de la vivienda de protección pública también la realiza el Botànic, pasando de 1.800 el metro a 2.200 euros, cuando nosotros lo pasamos de 2.200 a 2.400", ha apuntado. "Las condiciones económicas las establece el Botànic, la adjudicación se da en tiempos del Botànic y el problema que nos hemos encontrado es que teníamos un funcionario en la territorial de Alicante, puesto en tiempos del Botànic, que sin duda ha cometido una irregularidad porque ha dado el visado a su esposa en unas condiciones en las que no las tenía que dar", ha enfatizado.

Supervisión del decreto y medidas adicionales

Respecto al resto de las 140 viviendas, ha apuntado que, en los casos en los que se ha visto que faltaba documentación, se ha reclamado. "Cuando hemos investigado respecto a posibles irregularidades hemos actuado de forma inmediata", sin cubrir a "funcionarios", tras recordar que se le había expedientado y se había presentado una denuncia contra él. En todo caso, ha señalado que la revisión de los expedientes en los que se había detectado omisiones siguen en curso tras la reclamación de información adicional y que se preveía dar traslado a la Fiscalía de cuantas irregularidades se detectasen.

Además, ha cuestionado a Morant -en réplica a sus críticas previas- sobre qué controles se habían adoptado durante la etapa del Botànic, para contraponerlos a los incorporados en el decreto actual, aprobado en 2024. Entre ellos, ha aludido a la exigencia de que el visado para una VPP sea electrónico, en colaboración con la Agencia Tributaria y con el Registro para poder comprobar los ingresos y las propiedades de los solicitantes, "algo que con el Botànic no existía". Además, ha aludido a que también se exige la publicidad de las promociones desde la calificación provisional, que es cuando las viviendas se comienzan a comercializar, y no desde la definitiva, como sucedía con el Botànic. De igual modo, ha señalado que se ha establecido que los notarios no pueden registrar las escrituras de compra de esas viviendas si no tienen el visado, "cosa que no se exigía". Y, como ya había informado este diario, también se ha reducido el plazo para la solicitud del visado respecto a los tiempos del Botànic, que ha quedado reducido a diez días para que el tiempo sea el mínimo para que "las condiciones sean las reales del momento en el que se va a efectuar la compra".  

No obstante, también ha añadido el resto de los controles que se prevén implementar a partir de ahora, como los ya conocidos respecto a la incorporación de una comisión de evaluación, un órgano colegiado para revisar los visados, de forma que no depende de una única persona, y la exigencia publicación de las VPP en la web de la conselleria, al margen de la creación de un nuevo registro de demandantes específico para cada nueva promoción con el fin de ganar publicidad y transparencia. "Ampliamos los requisitos y mejoramos el control", ha incidido.

En este sentido, ha reiterado que "no vamos a permitir que ninguna mala acción de un funcionario quede bajo sospecha; queremos que se llegue hasta el final y si alguien ha hecho algo mal, que lo pague", ha insistido, tras recalcar que fue la conselleria quien interpuso una denuncia en Fiscalía 24 horas después de conocerse las supuestas irregularidades, después de incidir en que el funcionario expedientado fue promovido por el Botànic. De igual modo, ha recalcado que, cuando se cierre el proceso de revisión de todos los visados, se precisará si ha habido alguna anomalía al margen de la ya detectada respecto a la esposa de dicho funcionario y "a partir de ahí vamos a alegar lesividad para revocar ese visado". "A partir de ahí será la justicia quien deberá determinar si quien ha adjudicado y vendido esas viviendas las tiene que devolver o no", ha apuntado.