ALICANTE. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, vuelve a posicionarse respecto a la crisis de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en un solar municipal de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2021 para considerar que los hechos conocidos hasta el momento respecto a los compradores de los 140 pisos edificados por la cooperativa Residencial Les Naus constituiría el regreso de la corrupción que ha atribuido al Partido Popular (PP). La máxima responsable de los socialistas valencianos no solo se ha referido al hecho de que cerca de once de esos adquirientes -inscritos como socios de la cooperativa- tuviesen algún tipo de vinculación directa o indirecta con el Ayuntamiento de Alicante, entre los que ha citado a la ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gomez, sino que también ha aludido a que las supuestas anomalías habrían sido posibles gracias al cambio del decreto regulador de acceso a la vivienda pública aprobado por el Consell presidido por Carlos Mazón en diciembre de 2024.
Según ha incidido, con esas nuevas normas se elevó el nivel de renta hasta 6,5 veces el IPREM (el equivalente a 54.600 euros anuales en ingresos por el conjunto de miembros que formasen parte de la misma unidad familiar conviviente) y se suprimió la obligación de inscripción en el registro público de demandantes de vivienda que sí se exigía con el decreto precedente, de 2023, aprobado por el Consell del Botànic (en el que también se produjo un incremento del nivel de renta respecto a las condiciones previas, de 2021, al elevar ese umbral desde los 32.400 a los 46.800 euros). Con ese cambio, según ha sostenido Morant, se habría propiciado que personas que cobrasen "hasta 3.000 euros al mes" pudiesen acceder a las viviendas de protección pública que debían destinarse a la clase trabajadora.
En esta línea, ha anticipado que el grupo socialista en Les Corts prevé registrar una iniciativa legislativa para que se revierta ese decreto y se regrese a la regulación previa (la de 2023), para lo que ha retado a Vox a "retratarse" y apoyar esa modificación, después de acusar a dicha formación de haber contribuido con sus votos a que prosperase el nuevo decreto planteado por el PP con esas nuevas condiciones. Al tiempo, también ha avanzado que el PSPV-PSOE se personaría en las diligencias abiertas por la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante para esclarecer las presuntas anomalías, tras admitir la denuncia registrada por Manos Limpias.
Por partes. En primer término, Morant ha considerado que el caso de las VPP de Alicante se ha convertido en el "escándalo de la vivienda del PP en la Comunitat". "Lo que está pasando con esta promoción es la consecuencia y el resultado de una serie de decisiones que se han tomado y que apuntan, precisamente, a que esos cambios normativos se han planteado precisamente para terminar en esta corrupción que estamos viendo", ha asegurado. "Se trata de una promoción en suelo público, de todos los alicantinos, que lo que pretendía era facilitar el acceso a la vivienda" al poner en venta pisos con precios inferiores a los del mercado, aunque, sin embargo, no se habría cumplido ese fin, para que pudiesen quedar al alcance de "las familias de clase trabajadora y a los jóvenes".
Compradores vinculados al Ayuntamiento
Morant ha incidido en que "han ido cambiando las normas" y que, en último término, "lo que tenemos es que más de once viviendas, que han sido adjudicadas a una concejal de Urbanismo" entre otras personas vinculadas al ayuntamiento, como "la hermana de la secretaria de otra concejal", o a los dos hijos y a un sobrino de una exdirectora general o a un arquitecto municipal. Además, también se ha referido al funcionario de la Conselleria de Vivienda encargado de validar los contratos tras comprobar si los adquirientes cumplían las condiciones de acceso a una vivienda protegida, "que a su vez era el esposo de una funcionaria del ayuntamiento". "Estas cosas no son casualidades; esta gente, en un proceso limpio y con una administración limpia nunca habría sido adjudicataria de vivienda de protección pública", ha recalcado. Es más, ha asegurado que, en otra condiciones, esos compradores no habrían sido demandantes de vivienda pública, "cuando en la ciudad de Alicante hay 5.400 personas demandantes de una VPP". "Desde que empezó la construcción hasta que terminó con la adjudicación ha habido un cambio normativo a nivel de conselleria que ha posibilitado y ha convertido en legal lo que a todas luces es una ilegalidad", ha defendido, tras insistir en el incremento del nivel de renta máximo. Con ello, según ha abundado, se habría posibilitado que personas que cobrasen "3.000 euros al mes" pudiesen acceder a una VPP. "Esto es lo que según el PP es la clase trabajadora y la clase media de nuestra Comunidad; pero no, no lo es", ha señalado.
A su vez, al margen de apuntar a la supuesta responsabilidad del alcalde de Alicante, Luis Barcala, al que ha instado a dimitir, ha sostenido que "estas personas deberán devolver esa vivienda, que es lo que vamos a exigir los socialistas". "Qué fácil es apuntarse a la política, estar dos años y medio de concejal y acabar llevándote tres pisitos", ha dicho. "Vamos a pedir al Ayuntamiento y a la conselleria que incoe un expediente de devolución de estas adjudicaciones", ha dicho, sin llegar a precisar si existía un procedimiento regulado para que se produjese la anulación de esas compraventas. Al respecto, ha señalado que, sin no existe, "que se lo inventen".
Morant ha estimado, igualmente, que la compra de esas viviendas habría sido el resultado de "un sistema que ha sido corrompido". "Y no solo vamos a exigir que Barcala aporte documentación y que dimita, sino que también vamos a apuntar al PPCV y al señor Pérez Llorca", tras recordar que la responsabilidad sobre vivienda las asume la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero. "Aquí el ayuntamiento le echa la culpa a la Generalitat y la Generalitat a la Alcaldía, pero quiero recordar que son el mismo partido, el PP", ha enfatizado. "El señor Pérez Llorca ha salido a defender al alcalde en lugar de defender la honorabilidad de las administraciones públicas que, aquí en Alicante, no se ha cumplido", ha apuntado, para añadir que "tenemos al lobo cuidando de las ovejas", en alusión a la situación económica de la que dispondría el jefe del Consell.
En este sentido, ha llegado a asegurar que Pérez Llorca es "multipropietario". "No es ese alcalde campechano que nos están intentando vender, es una persona que tiene más de tres millones de euros de patrimonio; que tiene una piscina con infracción urbanística en la población en la que era alcalde y que lo que hace es seguir bajando impuestos a las rentas más altas, a los empresarios, es decir, a sí mismos", ha proseguido. "Es que hacen las normas para ellos; no la hacen para la ciudadanía, se aprovechan del dinero público, y en este caso, de la vivienda pública", ha continuado, después de subrayar que en la promoción de Residencial Les Naus había sido prácticamente la primera promoción de VPP que se desarrollaba en Alicante en dos décadas.
Críticas a Vox
Después, ha estimado que los criterios de la cooperativa para adjudicar las viviendas eran "arbitrarios" y se ha cuestionado si alguien cree que "es casualidad que conformen esa cooperativa y sean adjudicatarios una concejal, el técnico municipal, el jefe de gabinete de una consellera... es que es un escándalo con el dinero de todos los alicantinos y con la necesidad de vivienda que hay", ha abundado. Esa situación es la que, a su juicio, habría justificado que su partido hubiese promovido la constitución de una comisión de investigación en la que, según ha adelantado, se solicitará que comparezcan Barcala, Pérez Llorca y Mazón. "Es que vamos a pedir que también comparezca Vox", según ha añadido, después de recriminar que esta formación fuese quien sumó sus votos a los del PP para cambiar las normas "precisamente para permitir la perversión". "Vox ha llegado a la Comunidad para facilitar el pelotazo urbanístico que hemos conocido", ha considerado.
"Esto es un escándalo que destapa que el PP ha vuelto a la Comunidad para volver con el pelotazo", ha apuntado, para enlazar la controversia con la nueva Ley del Suelo, sobre la que ha apuntado que el Gobierno de España va a presentar alegaciones "porque se vuelve a permitir la construcción en terrenos no urbanizables, en terrenos protegidos y se baja la cuota de suelo público que se genera cada vez que se genera una urbanización y que se reserva para construir dotaciones públicas". "Hemos vuelto al levante feliz, al de la especulación", ha resumido.
Acto seguido, ha incidido en que, en el caso de las VPP de Alicante, se había conseguido rebajar el precio de la vivienda construida sobre suelo público "para adjudicársela a ellos mismos y lo más vergonzante de todo es que no nos sorprende a nadie", ha opinado. "El PP es el mismo de siempre y nosotros lo vamos a denunciar; ya hay una jueza que ha abierto diligencias", ha proseguido, por lo que ha confirmado que el PSPV se personaría, después de que el grupo municipal del PSOE hubiese presentado ya una denuncia en Fiscalía. "Entendemos que aquí ha habido delito, y si lo ha habido deben resarcir a la administración pública; que devuelvan lo que han conseguido a través de esta actividad delictiva", ha dicho.
"No hace falta que la justicia llegue a una sentencia para que la política actúe, de manera que cabría revisar completamente todo el proceso de adjudicación y con estos indicios hay que incoar expedientes de reversión de estas adjudicaciones", ha dicho, aunque, en propiedad, en el Residencial Les Naus no hubo adjudicación en la que interviniese ninguna administración más allá de la supervisión de los contratos. "Queremos poner a Vox delante del espejo: si quieren mañana vamos a las Cortes y suspendemos ese cambio normativo del año 2024, que lo aprobó con el PP y que ha convertido en legal lo que es absolutamente ilegal", ha apuntado, para, después, deslizar con ironía que, posiblemente, "cada presidente de escalera de la comunidad de propietarios" de Residencial Les Naus "será un alto cargo del PP".
También ha apuntado que, con el nuevo decreto de 2024, se había eliminado la permanencia de la catalogación de las VPP (ha quedado ajustada a un plazo de 30 años) "y ya hemos estado viendo que ha estado vendiendo esas viviendas" con la exigencia de pagos en B. "No podemos decirle a la ciudadanía que esto va a quedar en nada", ha dicho. "Por eso vamos a ir hasta el final y no pedimos solo la responsabilidad política de que uno dimita y ya está", ha recalcado. Por último, ha vuelto a retar a Vox a promover el cambio normativo "si quieren demostrar de que no son cómplices de que vuelva el pelotazo a la Comunitat", votando junto al PSPV o presentando una iniciativa propia en ese sentido, después de señalar que el PSPV ya había votado en contra de ese nuevo decreto.
