ALICANTE. Las diligencias de investigación preliminar desplegadas por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante sobre las presuntas anomalías registradas en las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada de Residencial Les Naus ponen el foco en el comportamiento supuestamente irregular del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los contratos de los compradores de los pisos. En concreto, las averiguaciones iniciales desplegadas a partir del análisis de las cuatro denuncias que se presentaron ante la Fiscalía -las de Sumar, el grupo municipal del PSOE, el equipo de gobierno del PP y la propia conselleria- apuntan como mínimo a la existencia de indicios de un delito de prevaricación respecto al proceder de dicho técnico del Servicio Territorial de Vivienda, según pudo constatar este diario.

Se trata del funcionario ya sancionado por el departamento autonómico con suspensión de empleo y sueldo, después de que se detectase que había validado el contrato de compra de su esposa -que trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante- sobre uno de los 140 pisos de la promoción sin evaluar sus propios ingresos (los de él), a pesar de formar parte de la misma unidad familiar conviviente. Se da la circunstancia, además, de que ese mismo técnico supervisó todos los contratos de las viviendas de la promoción de la polémica, Residencial Les Naus, construida por una cooperativa con la misma denominación sobre un solar municipal subastado por el ayuntamiento entre un proceso que se alargó entre 2018 y 2022. 

La Fiscalía habría apreciado que, de los hechos relatados en el conjunto de las denuncias, la conducta del funcionario sería la que ofrecería mayores signos de ilicitud susceptibles de indagación y, en su caso, de depuración de responsabilidades penales. Y así se habría trasladado a la Fiscalía Especial Anticorrupción en Madrid en un escrito de propuesta de actuaciones en el que se plantea el archivo de sus diligencias preliminares de investigación y la remisión de lo actuado a la titular de la plaza 5 de la Sección del Tribunal de Instancia de Alicante que, este miércoles, abrió diligencias de investigación judicial y pilotará las indagaciones a partir de ahora.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante también habría elevado una segunda propuesta a Madrid por la que, además, del archivo y la remisión de las actuaciones a la magistrada, se plantearía la interposición de otra denuncia por parte de la propia Fiscalía en la que también se pondría el acento en el papel desempeñado por el mismo funcionario, sin perjuicio de que pudiese extenderse la necesidad de depurar otros indicios delictivos por prevaricación y tráfico de influencias a otras personas vinculadas con el desarrollo de las viviendas de VPP.

Por lo pronto, la denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE apuntaba la existencia de posibles indicios de cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal. Además, señalaba a sus supuestos responsables: la exconcejal de Urbanismo, la exdirectora general de Organización Interna, que vuelve a ocupar su puesto como jefa del área de Contratación, el arquitecto municipal que también compró una de las viviendas de la promoción, el administrador único de Fraorgi (la sociedad gestora de la cooperativa) y los miembros que formaban parte de la Junta de Gobierno tanto en 2022, cuando se aprobó la adjudicación de la subasta en favor de la cooperativa, así como los que formaban parte de ese mismo órgano político de toma de decisiones en otra de sus sesiones, celebrada en febrero de 2025, cuando se aprobó una última modificación contractual respecto a ese acuerdo de adjudicación.

Por su parte, como también ha informado este diario, la denuncia de Manos Limpias que ha propiciado la incoación de diligencias de investigación judicial se dirige contra diez personas concretas. En primer término, figuran la exconcejala de Urbanismo, la exdirectora general de Organización Interna, el arquitecto municipal que también obtuvo un piso como socio cooperativista y una segunda arquitecta municipal, esposa del técnico de la Conselleria de Vivienda que visó todos los contratos. A ellos se suma otro funcionario municipal sin identidad definida (al que Manos Limpias le atribuye el puesto de jefe del servicio de viviendas), el notario que firmó los contratos de escritura de compra de los pisos, y cuatro representantes de la cooperativa Residencial Les Naus: el administrador, el presidente, la secretaria y la vicepresidenta. El escrito de Manos Limpias les considera responsables de cuatro delitos: falsedad en documento público mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Documentación por analizar

Por el momento, la magistrada que asume las diligencias no ha tomado todavía ninguna decisión al margen de requerir a la Fiscalía que remitiese todo lo que hubiese actuado hasta el momento. Y ese es el trámite que estaría todavía por cumplirse, a la espera de que los fiscales Anticorrupción de Alicante reciban instrucciones definitivas por parte de la Fiscalía Especial Anticorrupción de Madrid en base a las dos propuestas ya referidas. En todo caso, ni la Fiscalía ni el juzgado han cursado todavía solicitudes de documentación al Ayuntamiento o a la Conselleria de Vivienda relacionadas con los expedientes de la subasta del solar, con la concesión de la licencia de obra de las viviendas o con el proceso de comprobaciones de las condiciones económicas y patrimoniales de los compradores como socios cooperativistas de Residencial Les Naus. En principio, ese será uno de los primeros pasos que podría emprender la magistrada instructora en los próximos días. 

Entre tanto, la Conselleria de Vivienda mantiene el proceso de comprobación de los contratos de compra en los casos en los que se había detectado omisiones de información respecto a los datos económicos y patrimoniales de los cónyuges -la misma situación constatada en el caso de la esposa del funcionario expedientado- con el fin de comprobar si esos casos cumplían las condiciones requeridas para acceder a una VPP. Como avanzó este diario al informar sobre los ingresos anuales que computaron en la compra de las viviendas, esa situación afectaría a cerca de una decena de casos. La cooperativa Residencial Les Naus y algunos de sus socios a título particular ya habrían comenzado a facilitar la documentación requerida, con la previsión de que pudiese completarse a principios de la próxima semana.

La misma vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, reiteró este jueves que su departamento trasladaría a la justicia las posibles anomalías adicionales que pudiesen detectarse en esa nueva evaluación, con el fin de que se depurasen posibles responsabilidades. Además, apuntó que en los casos en los que se detecte incumplimientos "vamos a alegar lesividad para revocar" el visado de los contratos. "A partir de ahí será la justicia quien deberá determinar si quien ha adjudicado y vendido esas viviendas las tiene que devolver o no", apuntó, respecto a la posibilidad de que puedan anularse esas posibles compraventas en fraude, al margen de que también puedan aplicarse sanciones económicas. Por lo pronto, como también ha informado este diario, será la justicia la que marque el camino sobre la imposición de posibles penalidades. 

Por su parte, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, también se pronunció este jueves sobre la posible restitución de las viviendas compradas por personas que no cumpliesen los requisitos para emplazar al actual Consell a habilitar los mecanismos que fuesen necesarios para que se produjese la devolución de los pisos, en el caso de que no existiesen ya fórmulas para propiciarlo. Todo, después de responsabilizar a la actual regulación del PP de la supuesta existencia del fraude.

Como también informó este diario, se da la circunstancia de que en el proceso de revisión de los contratos, el funcionario expedientado tan solo rechazó el expediente de un socio cooperativista entre los 140 sometidos a evaluación, al considerar que no cumplía los requisitos de renta (ingresos de 54.600 euros anuales como máximo). Fuentes consultadas indicaron que, en ese caso, se trataba de un comprador que percibía un bonus ocasional, qué el interpretaba que no debía considerarse como sueldo habitual, y que, por tanto, no superaba el límite económico para poder acceder a una VPP, por lo que decidió elevar su contrato para su visado. No obstante, acabó siendo desestimado y fue sustituido por otro comprador.