ALICANTE. Las supuestas anomalías registradas en la promoción y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 llegan a sede judicial. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante asumió este martes la denuncia presentada por Manos Limpias en relación a esa promoción y, este miércoles, acordó la apertura de diligencias tras acumular las cinco denuncias registradas en torno a los mismos hechos con el fin de dilucidar si en la enajenación del solar público o en la compra de los pisos por parte de los socios cooperativistas pudo existir algún indicio de delito.
Entre tanto, continúa la labor de comprobación sobre los contratos visados por el Servicio Territorial de Vivienda, después de que se detectase la omisión de información en varios de los expedientes supervisados por el mismo funcionarios ya expedientado por, presuntamente, haber beneficiado a su mujer al validar el contrato de adquisición de uno de los 140 pisos de esa promoción sin valorar sus propios ingresos (los de él) al ser miembro de la misma unidad familiar, pese a que se encontrasen en régimen de separación de bienes. Por el momento, no consta de forma oficial que alguno de los compradores no cumpliesen las condiciones establecidas para acceder a una VPP: no disponer de otra vivienda y no superar el límite de ingresos en 6,5 veces el IPREM (el equivalente a 54.600 euros) entre el conjunto de los miembros que constituyen la unidad familiar conviviente en el mismo domicilio.
Y, en paralelo, siguen las averiguaciones promovidas por el Ayuntamiento de Alicante con el fin de determinar si los casos de los nuevos funcionarios también identificados como compradores de esos pisos tras cruzar los datos con el listado de adquirientes aportados por la cooperativa pudo conllevar la intervención de alguno de ellos en las decisiones relacionadas con la subasta del solar o sobre la concesión de licencia de obra posterior: los dos únicos trámites que dependían del propio ayuntamiento.
En cualquier caso, responsables de Fraorgi -la entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus- apuntaron a consulta de Alicante Plaza que la identidad de esos compradores no era ningún secreto toda vez que habían quedado inscritos en el registro autonómico de demandantes de vivienda pública a instancias de las instrucciones cursadas por la propia cooperativa. Las mismas fuentes indicaron que fue un requisito que se exigió al conjunto de los socios, y que así se hizo constar en el momento en el que los contratos se elevaron al Servicio Territorial de Vivienda para su visado, entre la segunda mitad de 2024 y el primer trimestre de 2025, a pesar de que el decreto de diciembre de 2024 aprobado por el actual Consell del PP que regula el régimen jurídico de las VPP no exigía ya la obligatoriedad de inscripción en ese registro (desde entonces solo están obligados a inscribirse los solicitantes que opten a una vivienda protegida de promoción pública reservadas para personas en situación de vulnerabilidad).
Según fuentes autonómicas, en ese nuevo decreto se suprimió la obligación para las VPP de iniciativa privada después de que se considerase que los datos los introducía el propio demandante, sin aportar documentación justificativa, por lo que no suponía ningún filtro ni control efectivo toda vez que la administración no realizaba comprobaciones hasta el momento del visado de los contratos de compra.
Sea como fuere, los representantes de Fraorgi consultados indicaron que se produjo esa inscripción con el fin de aportar transparencia al proceso, y que no consta que nadie comunicase ninguna objeción respecto a la identidad de los socios cuando se incorporaron a ese registro, a pesar de que figurasen la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, o dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, que ahora ha regresado a su plaza como jefa del área de Contratación: el puesto que ocupaba cuando se produjo la subasta de la parcela municipal.
Es más, responsables de la entidad gestora apuntan que en 2018, cuando se constituyó la cooperativa, también se remitió por registro de entrada a la Conselleria de Vivienda, entonces gestionada por el Consell del Botànic, una comunicación en la que se informaba que dicha cooperativa optaba a la licitación de la subasta sobre la parcela municipal que había convocado el Ayuntamiento de Alicante con el fin de que se notificase esa circunstancia si existía un listado de demandantes de vivienda. "A iniciativa de la cooperativa, ponemos en conocimiento del Servicio Territorial que, si existe una lista de demandantes, que hagan extensible" su participación en el concurso. No obstante, según las mismas fuentes, no hubo ninguna respuesta oficial a esa comunicación, de la que se conserva copia. En todo caso, eso sí, la propia cooperativa también ha reconocido que, después, tampoco dio ninguna publicidad adicional al desarrollo de la promoción tras argumentar que ya tenía cubierta la lista de socios, en parte gracias a las reservas arrastradas de otra promoción previa, en este caso de vivienda libre, también desarrollada en régimen de cooperativa en Playa de San Juan.
Comisión municipal y medidas de control
Sea como fuere, este martes también trascendió que ya se habían formalizado los primeros pasos para que comience a funcionar la comisión de fiscalización municipal aprobada por unanimidad en el pleno extraordinario del pasado jueves con el fin de analizar si pudo existir algún tipo de anomalía o falta de los controles debidos en el expediente relacionado con la subasta del solar municipal. Así, el mismo alcalde, Luis Barcala, apuntó que el PP ya había planteado la designación de sus dos representantes en esa comisión, que no desveló. Por parte del PSOE, figurarán su portavoz, Ana Barceló y la edil Silvia Castell. Por Vox, su portavoz y su portavoz adjunto, Carmen Robledillo y Mario Ortolá (aunque este puede acabar siendo sustituido por Óscar Castillo. Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas. Y por EU Podem, también su portavoz y único edil, Manolo Copé.
Por último, fuentes de la Conselleria de Vivienda apuntaron también este miércoles que se continúa trabajando en la determinación de las nuevas medidas de control que se pretenden implementar en los procedimientos de compra de VPP en el futuro, con vistas a que se aplique en las promociones desarrolladas en el marco del Plan Vive, con el fin de reforzar la supervisión y evitar controversias similares a las registradas en la promoción de Residencial Les Naus. Entre ellas, como ya ha informado este diario, figuran la creación de una mesa técnica a modo de órgano colegiado que se encargue de visar los contratos para evitar que la decisión dependa de un único funcionario. Además, también se prevé recuperar la obligatoriedad de inscripción en un registro de demandantes pero con la particularidad de que será específico para cada una de las promociones que se desarrollen con el fin de procurar mayor transparencia y publicidad.
Al margen de ello, las mismas fuentes resaltaron que en el decreto de 2024 ya se implementaron varias medidas para mejorar el control en el acceso a las VPP. Entre ellas, figura la reducción de los plazos de solicitud de visado de seis meses a 10 días. En concreto, 10 días tras la calificación definitiva en los contratos firmados previamente y 10 días desde el contrato en los firmados tras la calificación definitiva. Además, mientras en decretos anteriores los contratos se podían visar con documentación aportada, con el decreto de 2024 se reforzaron las comprobaciones telemáticas y automáticas, en colaboración con Hacienda y Registro. Para ello, hemos establecido la obligación de solicitarlo vía telemática para aumentar las medidas de control y fiscalización, al facilitar las comprobaciones automáticas con el resto de administraciones como Hacienda, registro o catastro, según las mismas fuentes.
De igual modo, con el decreto de 2024 se establecieron colaboraciones con registradores, notarios, etc. para agilizar tiempos y coordinar la verificación en cada uno de los pasos del procedimiento (por ejemplo, con la necesidad de contar con visado a la hora de firmar escritura), según las mismas fuentes.
