ALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, no contempla la posibilidad de renunciar al cargo, como exigen los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento: PSOE, Compromís, Esquerra Unida Podem e incluso Vox, el partido que ha venido prestando apoyo a los populares en las votaciones más complejas a lo largo del mandato, como las relacionadas con los presupuestos municipales o con la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) al que el ayuntamiento quedó abocado tras la superación de la regla de gasto en la liquidación de las cuentas de 2024.

Las cuatro formaciones opositoras argumentaron, después de que Barcala compareciese en el pleno para ofrecer explicaciones sobre la intervención del ayuntamiento en la gestión de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado entre 2018 y 2022, que se había producido una quiebra de confianza en su gestión por la supuesta falta de control en el uso de esa parcela y en la compra de los pisos resultantes que debían destinarse a personas con un límite de renta para favorecer su acceso a la vivienda. De ahí que le instasen a presentar su dimisión, en una exigencia que se pretende reproducir en el próximo pleno tras el registro de una propuesta en la que se plantea su reprobación.

No obstante, el primer edil ha defendido este miércoles -en una comparecencia pública tras participar en la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa- que él no "está en eso" respecto a las peticiones de dimisión cursadas por los grupos opositores, para señalar que su única preocupación es "gestionar" y trabajar "día a día" por la ejecución de los presupuestos aprobados. "Yo estoy en ir cumpliendo, ir poniendo en marcha el presupuesto y los proyectos que son importantes para esta ciudad", ha dicho.

Pese a la insistencia en la pregunta formulada por los medios de comunicación, Barcala ha insistido en que su prioridad es "seguir trabajando día a día por y para Alicante y por los problemas que pueda haber en esta ciudad", ente los que ha citado la polémica concreta sobre las VPP, sobre las que ha subrayado que ya se han arbitrado medidas "contundentes" a lo largo de las dos últimas semanas. Entre ellas, el registro de una denuncia en Fiscalía, al margen de las dimisiones de la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, y de la renuncia al cargo de directora general de Organización Interna por parte de la funcionaria que ha venido ejerciendo como jefa del área de Contratación desde hace más de dos mandatos.

De igual modo, no ha llegado a valorar la posible retirada de apoyo de Vox en el año y medio que resta de mandato para sostener que "esos son especulaciones" y que su prioridad sigue siendo trabajar por los alicantinos y, en relación a los hechos objeto de controversia, propiciar que se esclarezcan posibles responsabilidades administrativas o de tipo penal, después de que ya se hayan registrado hasta cinco denuncias y que una de ellas ya haya sido asumida por el Tribunal de Instancia Plaza número 5.

Nadie "impune"

En este sentido, ha incidido en que su propósito es procurar "que nadie que haya comprado una VPP" sin tener la posibilidad de hacerlo "quede impune", al menos desde el punto de vista administrativo, por lo que ha insistido en que el equipo de gobierno mantendrá su intención de promover que no puedan disponer de esos pisos. "Voy a movilizar todos los mecanismos no solo para que esto no vuelva a suceder en aquellas iniciativas que dependen del Ayuntamiento", sino también para "compensar lo que se ha defraudado en un tema tan sensible como el de la vivienda, caiga quien caiga", ha recalcado.

Todo, después de insistir en ese conjunto de medidas ya adoptadas para tratar de esclarecer los hechos y para evitar que una situación similar pueda llegar a repetirse. Por lo pronto, como viene informando este diario, los informes de averiguación interna elaborados hasta ahora se había descartado que los cargos públicos o funcionarios que habían resultado beneficiarios de esas viviendas, de forma directa o a través de familiares, hubiesen tenido intervención en los expedientes de venta de la parcela o de concesión de licencia. 

Además, ha reiterado que el Ayuntamiento no fue quien adjudicó los 140 pisos, puesto que se repartieron entre los socios inscritos en la cooperativa que los construyó; que tampoco tenía competencias para supervisar si esos compradores cumplían los requisitos económicos para adquirirlas, puesto que esa era una tarea desarrollada por la Conselleria de Vivienda. "Ahora estamos trabajando para que esto que ha generado tanta alarma quede esclarecido y quede corregido", ha añadido.  Así, ha sostenido que lo ocurrido le "preocupa una barbaridad" y le ha "ofendido tremendamente en lo personal y en lo político".

Al tiempo, ha confirmado que ya se estaban dando pasos para constituir la comisión de fiscalización aprobada en el pleno de la semana pasada con la designación de los concejales que formarán parte de ella, sin llegar a concretar cuándo podría celebrarse su primera reunión constitutiva para que pueda iniciar sus trabajos. Eso sí, también ha subrayado que no se trataba de una comisión de investigación -como las que se han promovido en Corts en distintas iniciativas registradas por PSOE, Compromís y Vox- puesto que el Ayuntamiento no puede constituir ese tipo de comisiones.

Además, el primer edil también se ha referido al respaldo de su partido para señalar que, este mismo miércoles, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, lo había manifestado públicamente "en un acto celebrado en Orihuela". Con todo, no ha llegado a referirse a la manifestación de apoyos por parte de ningún representante de la dirección nacional del PP.

Al margen de ello, ha sostenido que se había ampliado el código ético entre sus concejales y cargos de confianza para prohibir que puedan optar a una VPP independientemente de que cumplan los requisitos para ello, como medida adicional a los casos de incompatibilidad que ya regula la legislación. Por último, ha señalado que el expediente abierto a dos funcionarios municipales que compraron vivienda en Residencial Les Naus sigue abierto por lo que no se habría adoptado ninguna decisión sobre posibles medidas disciplinarias.