ALICANTE. La crisis desencadenada a cuenta de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 empuja al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a adoptar nuevos controles para evitar posibles controversias en el futuro. En concreto, los populares han anunciado este martes su intención de prohibir "a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos para optar a una vivienda de protección pública", después de que trascendiese que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, había sido una de las compradoras como socia cooperativista de las 140 viviendas de la promoción Residencial Les Naus.

En esta línea, en la misma jornada en la que se ha hecho público que el Ayuntamiento de Elche preveía adoptar un acuerdo en ese mismo sentido, el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha apuntado, a través de un comunicado, que "en los próximos días se dará forma a esta medida, que también queremos extender a otro tipo ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía, para de este modo dejar claro cuál es nuestra postura". "Este equipo de gobierno -ha añadido el vicealcalde- está firmemente comprometido con la transparencia y estamos reforzando los controles para que las ayudas lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha".

El edil ha remarcado que es una medida "ambiciosa, que ningún ejecutivo local había adoptado hasta el momento en el Ayuntamiento de Alicante". "No recordamos que el tripartito de izquierdas adoptara medidas de este calado, aunque también es verdad que no hizo una sola vivienda pública, ni ellos ni el Botánic de Ximo Puig, por lo que se podían ahorrar todas las medidas", ha incidido Villar.

"Los cargos públicos, así como los asesores, reúnan o no los requisitos para acceder a una vivienda protegida, no podrán aspirar a la misma", ha recalcado. "Esperamos que el resto de grupos municipales se sumen a esta iniciativa", ha remarcado Villar.

Tanteo y retracto y nulidad de compra

Al tiempo, Villar también había insistido, en la comparecencia informativa semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local, en que el objetivo del equipo de gobierno es propiciar la recompra de las viviendas de VPP de Residencial Les Naus que puedan salir a la venta, ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, a partir del convenio a suscribir con la Conselleria de Vivienda con el fin de propiciar que esos pisos puedan pasar a formar parte del parque municipal de vivienda. Con ello, según ha incidido, se trataría de evitar que cualquiera pudiese tratar de hacer negocio con esas viviendas, aunque, en realidad, la venta regulada de toda VPP -que debe contar con autorización expresa del departamento autonómico- ya prevé que las transacciones queden sujetas a los mismos precios de adquisición, así como que sus compradores cumplan las mismas condiciones de límite de renta establecidos para el acceso a una VPP.

Por último, también ha recalcado que el propósito del equipo de gobierno es la de promover la nulidad de las compraventas en aquellos casos en los que se acabe demostrando que se ha producido su compra fraudulenta por parte de adquirientes que no cumpliesen los requisitos establecidos en el decreto regulador aprobado por el actual Consell en 2024: no disponer de ninguna otra vivienda en propiedad y no superar una renta equivalente a 6,5 veces el IPREM en 14 pagas (el equivalente a 54.600 euros). En todo caso, Villar ha incidido en que ese pretensión con el fin de evitar que las viviendas de VPP quedasen en propiedad de personas que no cumpliesen esas condiciones "es una cuestión jurídica" que obligaría a emprender acciones en los juzgados.